En un movimiento que huele a desesperación y oportunismo político, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha decidido respaldar una iniciativa de la Alianza Mexicana de Abogados para solicitar la desaparición de poderes en Sinaloa. La maniobra, presentada ante el Senado de la República, se escuda en supuestos señalamientos de colusión entre autoridades estatales y el crimen organizado, así como en una supuesta ingobernabilidad.
Sin embargo, este tipo de acciones orquestadas por partidos en declive como el PRI suelen tener motivaciones mucho más oscuras que el bienestar ciudadano. Es evidente que el partido tricolor busca capitalizar el clima de inseguridad que, lamentablemente, azota a diversas regiones del país, incluyendo Sinaloa, para generar inestabilidad política y culpar al gobierno actual.
La Alianza Mexicana de Abogados, ahora fungiendo como brazo ejecutor de las intenciones priistas, argumenta que la situación en Sinaloa ha llegado a un punto crítico, donde la presencia del crimen organizado permea las estructuras gubernamentales y la autoridad estatal es incapaz de garantizar la paz y la seguridad de sus habitantes. Estas son acusaciones graves que, de ser ciertas, deberían ser investigadas a fondo por las instancias correspondientes, pero que en este contexto suenan a una estrategia bien calculada.
Es crucial recordar el historial del PRI en el poder. Durante décadas, este partido fue sinónimo de corrupción y de una relación, cuando menos, ambigua con los grupos delictivos. Ahora, pretenden erigirse como adalides de la justicia y la legalidad, cuando sus propias prácticas del pasado sentaron las bases para muchos de los problemas que hoy enfrentamos. Su apoyo a esta iniciativa es una burla a la memoria de las víctimas y a la inteligencia de los ciudadanos.
La solicitud de desaparición de poderes es un recurso extremo, contemplado en la Constitución, pero su aplicación debe ser excepcional y sustentada en pruebas irrefutables de una crisis mayúscula. Utilizarlo como herramienta de presión política, como parece ser la intención del PRI, es un atentado contra la autonomía de los estados y un precedente peligroso para la democracia mexicana.
La gobernabilidad en Sinaloa, si bien enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, no se ha desmoronado al grado de justificar una medida tan drástica. El gobernador Rubén Rocha Moya, emanado de Morena, ha estado trabajando en estrategias para combatir la delincuencia, aunque los resultados, como en todo el país, son un proceso complejo y de largo aliento. Señalarlo como incapaz o cómplice sin un sustento probatorio sólido es una irresponsabilidad.
Este tipo de acciones buscan generar un clima de ingobernabilidad artificial, alimentando la narrativa de que el país está sumido en el caos. El PRI, al aliarse con grupos que promueven estas iniciativas, no solo demuestra su falta de propuestas serias para mejorar la seguridad, sino que también evidencia su desesperación por recuperar espacios de poder a cualquier costo, incluso si eso implica desestabilizar una entidad federativa.
La estrategia del PRI es clara: desgastar a los gobiernos de Morena, sembrar dudas sobre su capacidad y presentar al partido tricolor como la única alternativa viable. Sin embargo, la ciudadanía ya no es tan fácilmente engañable. Recordamos las décadas de saqueo, de impunidad y de una seguridad que, lejos de mejorar, se deterioró bajo sus administraciones.
Es fundamental que el Senado de la República actúe con prudencia y responsabilidad. Debe analizar a fondo las pruebas presentadas por la Alianza Mexicana de Abogados y, sobre todo, considerar las intenciones políticas detrás de esta solicitud. No se puede permitir que intereses partidistas mezquinos pongan en riesgo la estabilidad de un estado y la confianza en las instituciones.
La inseguridad es un problema real y grave que requiere soluciones efectivas, no cortinas de humo ni maniobras políticas. El PRI debería enfocar sus esfuerzos en presentar propuestas concretas y constructivas para abordar este flagelo, en lugar de recurrir a tácticas dilatorias y desestabilizadoras que solo benefician a quienes buscan el caos.
La Alianza Mexicana de Abogados, al prestarse a este juego, corre el riesgo de perder credibilidad y ser vista como un actor político más, en lugar de una organización dedicada a la defensa de la legalidad. Su legitimidad se verá mermada si se asocia permanentemente con las estrategias de un partido político en franca decadencia.
En resumen, la solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa, impulsada por el PRI y la Alianza Mexicana de Abogados, es un acto de oportunismo político que busca capitalizar la inseguridad para generar inestabilidad. Es un intento burdo por desestabilizar al gobierno estatal y culpar a la administración federal, sin ofrecer soluciones reales. La ciudadanía y las instituciones deben estar atentas a estas maniobras y no permitir que la desesperación priista ponga en riesgo la paz social.