Keiko Fujimori asumió este martes 28 de julio la presidencia de Perú para un mandato de cinco años, enfrentando el monumental desafío de restaurar la estabilidad en un país marcado por una década de incesante crisis política y una creciente ola de criminalidad.
La líder conservadora, de 51 años, prestó juramento ante el Congreso, comprometiéndose a defender la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de poderes. En su discurso inaugural, Fujimori enfatizó su deber de cumplir y hacer cumplir la Constitución, respetar las leyes y velar por la integridad física y moral de todos los peruanos, prestando especial atención a aquellos "históricamente postergados". La ceremonia culminó con la imposición de la banda presidencial, un símbolo de su nuevo rol al frente de la nación.
Fujimori, hija del controvertido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien cumplió una condena de 16 años por corrupción y asesinato, regresa al palacio presidencial más de un cuarto de siglo después. Su ascenso al poder se concretó tras imponerse en un reñido balotaje en junio, en su cuarto intento por alcanzar la máxima magistratura del país. A pesar de la profunda inestabilidad política que ha visto desfilar a ocho presidentes en la última década, Fujimori hereda un país con una economía que, aunque estable y en crecimiento, depende en gran medida de las exportaciones de minerales.
El Fantasma de la Inseguridad
El principal y más apremiante reto para Keiko Fujimori será el combate frontal contra la delincuencia organizada, particularmente las extorsiones que se han extendido de manera alarmante por casi todo el territorio peruano. Las cifras son contundentes: las denuncias por este delito se dispararon de 2.421 en 2019 a 26.734 en 2025, según datos oficiales. Este fenómeno criminal no solo aterroriza a la población, sino que también asfixia la economía de miles de pequeños negocios, amenazados con ataques con explosivos o incendios. El sector del transporte, especialmente los mototaxistas en las zonas más deprimidas, ha sido uno de los más golpeados, con 239 transportistas asesinados en 2025.
La oposición política ha presentado una serie de demandas a la nueva administración, incluyendo la derogación de un conjunto de leyes aprobadas por el parlamento anterior, dominado por el fujimorismo, que, según expertos, han debilitado significativamente la lucha contra el crimen organizado. Estas normativas, entre otras cosas, eliminan la detención preventiva en casos sin flagrancia, impiden procesar a partidos políticos como organizaciones criminales, elevan los requisitos para la confiscación de bienes ilícitos y dificultan la colaboración eficaz y los allanamientos.
El Modelo Bukele y la Sombra del Pasado
En su discurso, Keiko Fujimori prometió enfrentar el crimen con "mano dura", adoptando explícitamente el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Anunció planes para la construcción de una cárcel similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador e incluso la implementación de jueces con rostro cubierto, una medida que recuerda al régimen de su padre. Esta postura de "mano dura" busca proyectar una imagen de autoridad y determinación frente a la creciente inseguridad que azota al país.
Sin embargo, la figura de Fujimori está intrínsecamente ligada a la controvertida herencia de su padre, cuyo gobierno fue señalado por graves violaciones a los derechos humanos. La oposición y los familiares de las víctimas de la represión durante las protestas de 2022 y 2023 han expresado su profundo descontento y desconfianza hacia la nueva presidenta. Se le acusa de haber blindado a la exmandataria Dina Boluarte, sucesora de Pedro Castillo, y de ser la "hija de un dictador".
Las protestas previas a su toma de posesión, donde familiares de los 50 civiles fallecidos a manos de la fuerza pública durante las manifestaciones exigiendo nuevas elecciones lavaron banderas rojiblancas de Perú, simbolizaron el profundo divisionismo y el dolor que aún persisten en la sociedad peruana. "La justicia está lejos de nosotros, hoy lavamos la bandera en memoria de esos mártires", declaró Milagros Samillán, hermana de una de las víctimas, subrayando que Fujimori "no nos representa" y que la bandera peruana sigue manchada de "sangre, injusticia, corrupción e impunidad".
Otros Desafíos y la Reconciliación
Además de la seguridad, Fujimori enfrenta la presión de un sector de la oposición que exige la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien fue condenado a 11 años de prisión por conspiración para una rebelión. Hasta el momento, Fujimori no ha emitido comentarios directos sobre este pedido, aunque a mediados de julio expresó su creencia "profunda en la reconciliación", una declaración que deja abierta la interpretación sobre sus futuras acciones.
La economía peruana, si bien muestra signos de estabilidad y crecimiento impulsados por las exportaciones de minerales, enfrenta el desafío de traducir estos indicadores macroeconómicos en bienestar para la mayoría de la población. La alta informalidad y la persistente desigualdad social son factores que la nueva administración deberá abordar para consolidar la estabilidad y el desarrollo del país.
El legado de inestabilidad política, marcado por ocho presidentes en una década, ha erosionado la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La capacidad de Keiko Fujimori para unificar al país, sanar las heridas sociales y económicas, y enfrentar con éxito la criminalidad, determinará el futuro de Perú en los próximos cinco años. Su enfoque en la "mano dura", inspirado en Bukele, podría generar resultados en términos de seguridad, pero también plantea interrogantes sobre el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos, un equilibrio delicado que deberá gestionar con gran habilidad.
La comunidad internacional observará de cerca las primeras acciones de su gobierno, especialmente en lo referente a las políticas de seguridad y el respeto al estado de derecho. La promesa de un Perú más seguro y estable choca con las advertencias sobre posibles retrocesos en materia de derechos humanos, un dilema que definirá su presidencia.
En el ámbito internacional, Perú busca restablecer relaciones sólidas y productivas. La relación con países vecinos y socios comerciales será crucial para la recuperación económica y la proyección del país en el escenario global. La diplomacia y la cooperación internacional serán herramientas fundamentales para abordar desafíos comunes, como la lucha contra el crimen transnacional y la promoción del desarrollo sostenible.
La gestión de Keiko Fujimori estará bajo un intenso escrutinio, tanto a nivel nacional como internacional. La expectativa es alta, pero también lo son los obstáculos. El éxito de su mandato dependerá de su habilidad para navegar las complejas aguas de la política peruana, responder a las demandas de seguridad de la población y, al mismo tiempo, preservar los principios democráticos y los derechos humanos.