El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, ha solicitado formalmente una extensión de 72 horas para poder preparar adecuadamente su defensa ante el juicio político que se ha iniciado en su contra. La solicitud surge como respuesta a la crisis financiera que ha sacudido al país, particularmente tras la intervención del Ueno Bank.
Peña argumenta que el plazo original concedido para presentar sus alegatos es insuficiente y, por ende, vulnera sus garantías constitucionales de debido proceso. Según declaraciones difundidas el viernes 6 de noviembre, el exmandatario recibió la notificación del libelo acusatorio a las 22:15 horas del jueves, acompañado de un voluminoso expediente de aproximadamente 300 fojas. Ante esta situación, consideró inaceptable y arbitrario que se le exigiera presentar su defensa en menos de 12 horas.
"Eso no es debido proceso", sentenció Peña, quien, no obstante, reafirmó su intención de no evadir las acusaciones y de enfrentar el proceso ante el Congreso paraguayo. "Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", manifestó el expresidente.
Junto a sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, Peña espera que el Senado acceda a su petición de ampliar el plazo, permitiéndole así ejercer plenamente su derecho constitucional a la defensa. La situación ha generado gran expectación en Paraguay, donde la crisis bancaria ha puesto en jaque la estabilidad financiera y política.
El Origen de la Crisis: Ueno Bank Bajo la Lupa
El proceso contra Santiago Peña se desencadenó a raíz de la grave crisis financiera del Ueno Bank. El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes el inicio de un procedimiento de resolución para la entidad bancaria, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la ley. Esta medida provocó que millones de clientes vieran bloqueado temporalmente el acceso a sus ahorros, generando una ola de preocupación generalizada, especialmente por los fondos públicos que se encontraban depositados en la institución, incluyendo recursos provenientes de fondos de pensiones.
El escándalo salpicó directamente al mandatario debido a sus antiguos vínculos empresariales con Ueno Holding, el conglomerado que agrupa diversas compañías, entre ellas el banco intervenido. Si bien Peña se desprendió de sus acciones en el grupo en marzo de 2025, su participación previa ha sido un punto central en las acusaciones.
Renuncia Fallida y Juicio Político
Ante la magnitud de la crisis, Santiago Peña presentó su renuncia el jueves. Sin embargo, el Congreso no pudo procesar su dimisión debido a la falta de quórum en la sesión conjunta de ambas cámaras. Esta circunstancia impidió que su renuncia se hiciera efectiva, dejando a Peña formalmente en la Presidencia de Paraguay mientras se desarrollaba el proceso.
Como consecuencia directa de la imposibilidad de concretar su renuncia, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la acusación para someterlo a juicio político. El expediente fue remitido al Senado, que ahora asume la función de tribunal para determinar la responsabilidad del expresidente por presunto mal desempeño de sus funciones.
Acusaciones y Sanciones Pendientes
Entre los señalamientos presentados ante el Senado figuran presuntos conflictos de interés, cooptación del Estado y la implementación de prácticas de "puertas giratorias", que se refieren al tránsito de funcionarios entre el sector público y el privado, a menudo en beneficio propio o de allegados. La acusación también cuestiona las decisiones tomadas en relación con la supervisión del Ueno Bank, la colocación de recursos públicos en dicha institución y la actuación de las autoridades del Banco Central.
Adicionalmente al juicio político, la Fiscalía paraguaya ha anunciado que incorporará a Santiago Peña en las investigaciones penales relacionadas con el caso financiero. El Ministerio Público informó que un grupo de legisladores amplió una denuncia presentada previamente en octubre de 2025 para incluir hechos vinculados a la supervisión y el procedimiento de resolución del banco, así como a los fondos públicos depositados en la institución.
Repercusiones Sociales y Políticas
La crisis bancaria y el consecuente proceso de juicio político han desatado protestas ciudadanas en Asunción y otras localidades del país. Miles de paraguayos han salido a las calles exigiendo respuestas claras sobre el destino de sus ahorros y reclamando la salida del mandatario. La situación pone de manifiesto la profunda desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y la gestión pública.
El caso Ueno Bank y el juicio político a Santiago Peña representan un punto de inflexión en la política paraguaya, exponiendo las debilidades del sistema financiero y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. La "verdad incómoda" que Peña promete revelar podría tener implicaciones significativas para diversos actores políticos y económicos del país, añadiendo una capa de incertidumbre a un panorama ya de por sí volátil.
En el contexto internacional, la crisis paraguaya se suma a una serie de eventos que han puesto de relieve la fragilidad de algunos sistemas bancarios en la región, generando preocupación entre inversores y organismos financieros internacionales. La forma en que Paraguay gestione esta crisis sentará un precedente para la gobernanza y la estabilidad económica en el futuro cercano.