A pesar del escenario internacional de precios elevados del petróleo, exacerbado por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, Petróleos Mexicanos (Pemex) se encuentra en una posición desfavorable que le impide capitalizar estas alzas. La calificadora Moody's Ratings ha señalado que la política energética implementada por el gobierno mexicano limita severamente la capacidad de la empresa para generar flujo de efectivo, manteniéndola como una de las compañías con mayor intervención estatal en la región.
El reporte de Moody's detalla que el incremento en los precios del crudo, si bien podría traducirse en mayores ingresos, se ve mermado por una serie de factores internos. Entre ellos destacan los controles de precios aplicados a los combustibles, los subsidios directos y una carga fiscal considerablemente alta. Además, la estrategia de la administración actual prioriza la refinación de crudo sobre su exportación, un enfoque que, según la calificadora, reduce el potencial de ganancias.
"La intervención de política en México limita el beneficio de los precios del petróleo", sentenció Moody's, explicando que las medidas gubernamentales destinadas a evitar incrementos abruptos en el precio de las gasolinas y a establecer topes para el diésel restringen la capacidad de Pemex para trasladar los costos de refinación al consumidor final. Esta política de contención de precios, si bien busca proteger a la población, genera una asimetría que impide a la paraestatal beneficiarse plenamente de las condiciones del mercado internacional.
Los subsidios y estímulos fiscales vigentes, según las estimaciones de Moody's, representan un costo significativo para Pemex. Se calcula que el diésel recibe un apoyo de aproximadamente 4.6 pesos por litro, mientras que la gasolina se beneficia de unos 3.3 pesos por litro. Estos mecanismos, si bien son una herramienta de política pública, dejan a Pemex vulnerable a las decisiones gubernamentales en lugar de permitirle aprovechar las fluctuaciones del mercado.
Adicionalmente, Pemex enfrenta una elevada carga fiscal a través del llamado Derecho Petrolero para el Bienestar, un gravamen que asciende a cerca del 30 por ciento del valor de mercado de los hidrocarburos extraídos. Esta obligación fiscal, combinada con la necesidad de vender combustibles refinados a precios fijados por el Estado, crea una situación donde la empresa no puede capturar las ganancias potenciales derivadas de un barril de petróleo más caro. La estrategia de soberanía energética, que busca procesar una mayor cantidad de crudo en el Sistema Nacional de Refinación y disminuir las exportaciones, también contribuye a limitar los ingresos de la empresa.
Como consecuencia directa de estas políticas, las exportaciones de crudo de Pemex experimentaron una notable disminución del 28 por ciento durante 2025, cayendo a un promedio de 581 mil barriles diarios. Esta reducción intensifica la dependencia de Pemex en su negocio de refinación, el cual se caracteriza por márgenes de ganancia más estrechos y costos operativos más elevados, exacerbando su vulnerabilidad financiera.
En un análisis comparativo de las petroleras estatales latinoamericanas, Pemex se ubica entre aquellas con la mayor intervención gubernamental. El reporte de Moody's la sitúa con un riesgo crediticio alto y una alta exposición al negocio de refinación (downstream), una combinación que solo comparte con Petroperú. Esta alta intensidad de intervención de políticas públicas es un factor clave que limita su desempeño y resiliencia.
En contraste, Petrobras de Brasil emerge como la petrolera latinoamericana con la mejor evaluación crediticia. Su fortaleza financiera y una menor dependencia del negocio de refinación le permiten navegar mejor las complejidades del mercado, a pesar de que los gobiernos de la región, en general, han recurrido a subsidios y controles de precios para mitigar el impacto del alza del petróleo en los consumidores.
Estas políticas, si bien buscan la estabilidad de precios para la población, a menudo trasladan la volatilidad de los mercados internacionales a los balances de las empresas estatales. Esto debilita la previsibilidad de sus flujos de efectivo y aumenta sus necesidades de capital de trabajo, creando un ciclo de dependencia y fragilidad financiera.
Sin embargo, la situación de Pemex se considera particularmente compleja. La paraestatal no solo enfrenta una elevada intervención gubernamental, sino que también posee una estructura financiera más débil en comparación con otras empresas de la región. Esta combinación de factores ha llevado a Moody's a reiterar su pronóstico de que Pemex generará flujo de efectivo libre negativo al menos hasta el año 2028. Por lo tanto, se anticipa que la empresa continuará requiriendo un apoyo financiero sustancial por parte del Gobierno federal para hacer frente a sus necesidades de refinanciamiento y operación.
La dependencia de Pemex del apoyo gubernamental subraya la fragilidad de su modelo operativo actual. A pesar de los altos precios del petróleo, la empresa no logra generar los recursos suficientes para cubrir sus obligaciones, lo que pone de manifiesto los desafíos estructurales y las limitaciones impuestas por la política energética nacional. La estrategia de autosuficiencia energética, si bien es un objetivo político, parece estar generando costos económicos significativos para la principal empresa petrolera del país.
En este contexto, la crítica de Moody's no solo apunta a la gestión financiera de Pemex, sino también a la efectividad de las políticas energéticas implementadas por la administración actual. La incapacidad de la paraestatal para beneficiarse de un entorno de precios favorable plantea serias dudas sobre la sostenibilidad a largo plazo de su modelo operativo y su contribución real a la economía mexicana.