La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido una orden contundente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: debe expedir, de una vez por todas, el reglamento de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables. Esta disposición, que debió haber sido publicada hace casi 19 años, representa un nuevo tropiezo para la administración actual y pone de manifiesto una negligencia histórica que se remonta a la época del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

El plazo legal para la emisión de este reglamento venció en enero de 2008. Desde entonces, la pesca y la acuacultura en México han operado bajo un marco normativo incompleto, una situación que la máxima autoridad judicial del país ha decidido no tolerar más. La orden de la Corte no es una sugerencia, sino un mandato que subraya la inacción gubernamental y la falta de priorización de sectores productivos clave.

Un Legado de Omisión y Olvido

La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables fue promulgada en 2007, con la expectativa de modernizar y dar certeza jurídica a uno de los sectores primarios más importantes para la economía y la seguridad alimentaria de México. Sin embargo, la publicación de su reglamento, esencial para su correcta implementación y aplicación, se ha pospuesto una y otra vez por distintas administraciones. La administración de Felipe Calderón no cumplió con este deber, y la omisión se ha perpetuado a lo largo de los sexenios posteriores, incluyendo el actual.

Este retraso crónico ha generado un ambiente de incertidumbre para miles de pescadores, acuicultores, investigadores y empresarios del sector. La falta de un reglamento claro dificulta la aplicación efectiva de la ley, abre la puerta a interpretaciones discrecionales y, en última instancia, puede obstaculizar el desarrollo sostenible y la competitividad de la industria pesquera mexicana.

La Corte Pone un Alto a la Inacción

La decisión de la SCJN responde a un amparo promovido por diversos actores del sector pesquero que, ante la inacción gubernamental, buscaron la intervención judicial para obligar al cumplimiento de la ley. La Corte, al resolver a favor de los promoventes, ha enviado un mensaje claro: la ley se debe cumplir y los plazos no son opcionales.

Este fallo judicial no solo obliga a la presidenta Sheinbaum a actuar, sino que también pone en evidencia las fallas en los mecanismos de seguimiento y cumplimiento de las leyes en el aparato gubernamental. La pregunta que surge es: ¿cuántas otras leyes y reglamentos importantes permanecen en el olvido o en un limbo legal por la desidia de las autoridades?

Implicaciones para el Sector Pesquero

La expedición del reglamento es crucial para definir aspectos operativos, técnicos y de gestión que no quedaron detallados en la ley. Esto incluye, por ejemplo, la regulación de métodos de pesca, la concesión de permisos, las normas sanitarias, los programas de apoyo, la protección de especies en veda, y la promoción de prácticas acuícolas sostenibles. Sin este marco, la aplicación de la ley se vuelve fragmentaria y, en muchos casos, ineficaz.

Los actores del sector esperan que la orden de la Corte impulse un proceso ágil y transparente para la elaboración del reglamento. Es fundamental que en este proceso se escuchen las voces de todos los involucrados, desde los pequeños pescadores hasta las grandes empresas, pasando por los científicos y las organizaciones civiles, para asegurar que el nuevo marco normativo sea equilibrado, justo y promueva la sustentabilidad a largo plazo.

Un Patrón de Incumplimiento Gubernamental

Este caso se suma a una larga lista de ejemplos donde las administraciones federales han incumplido con sus obligaciones legales, ya sea por falta de voluntad política, por deficiencias administrativas o por priorizar agendas distintas. La Ley de Pesca es solo la punta del iceberg de un problema estructural que afecta la gobernabilidad y la confianza en las instituciones.

En el contexto actual, donde la presidenta Sheinbaum enfrenta el desafío de consolidar su administración y responder a las demandas ciudadanas, este tipo de resoluciones judiciales actúan como un llamado de atención. La efectividad de su gobierno se medirá, en gran parte, por su capacidad para cumplir con la ley y para generar resultados tangibles en sectores que han sido históricamente descuidados.

¿Qué Sigue? El Tiempo Corre

La orden de la SCJN establece un plazo para el cumplimiento, aunque la fuente original no especifica cuál es. Lo que es innegable es que la presión ahora recae sobre el Ejecutivo federal para que, de una vez por todas, se ponga fin a casi dos décadas de espera. La comunidad pesquera y acuícola estará atenta a los pasos que dé el gobierno, esperando que esta vez la orden judicial se traduzca en acciones concretas y no en más promesas incumplidas.

La oportunidad está ahí: regularizar un sector vital, dar certeza jurídica a miles de familias y demostrar un compromiso real con el cumplimiento de la ley. La pregunta es si la administración actual estará a la altura del desafío o si este será otro capítulo más en la historia de la inacción gubernamental.