El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha declarado el fin de la democracia en su país al anunciar que bajo su mandato no se volverán a celebrar elecciones libres. En un discurso pronunciado durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, Ortega sentenció que la oposición, a la que acusa de querer enriquecerse, no tendrá la oportunidad de acceder al poder a través de las urnas.
"Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder", afirmó el mandatario ante una multitud congregada en Managua. Estas declaraciones marcan un punto de quiebre en la ya deteriorada situación política nicaragüense, consolidando un régimen autoritario que ha gobernado el país de manera ininterrumpida desde 2007.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, ha mantenido el control del poder mediante denuncias de fraudes electorales y la eliminación sistemática de la oposición. Desde 2017, comparte el poder con su esposa, Rosario Murillo, quien fue designada copresidenta a través de una reforma constitucional en febrero de 2025, consolidando aún más el control familiar sobre el Estado.
Acusaciones contra la Oposición
Durante su discurso, el líder sandinista arremetió contra los opositores en el exilio, a quienes describió como "agazapados" y con intenciones de "enriquecerse" si lograran acceder al gobierno. "Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder", reiteró con firmeza.
Ortega anunció que se trabajará en conjunto con la Asamblea Nacional, un órgano legislativo subordinado a la Presidencia, y otras "organizaciones correspondientes" para "poner un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias". Según sus palabras, sin importar la cantidad de dinero que reciban de "los yanquis", no podrán socavar el control del régimen.
Poder Absoluto y Reforma Constitucional
La consolidación del poder de Ortega y Murillo se vio reforzada a mediados de febrero de 2025 con la entrada en vigor de una profunda reforma constitucional. Esta enmienda transformó la estructura del Estado nicaragüense, eliminó el balance de poderes y otorgó un control total a la pareja presidencial. La reforma ha sido objeto de severas críticas por parte de organismos internacionales como la ONU y la OEA, así como de Estados Unidos y el Parlamento Europeo, además de opositores nicaragüenses.
La reforma amplió el periodo presidencial de cinco a seis años y estableció la figura de "copresidenta" para Murillo. Además, determinó que el Ejecutivo "coordinará" a los demás "órganos" del Estado, que dejaron de ser denominados "poderes". La reforma también legalizó la apatridia, una medida que ha generado preocupación en diversos sectores.
En teoría, Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026. Sin embargo, las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial, lo que pospondría los comicios hasta noviembre de 2027, si es que llegaran a celebrarse bajo el nuevo marco legal.
Reacción Internacional y Contexto Político
Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, ha sido uno de los críticos más vocales del régimen de Ortega y Murillo. En enero pasado, se acusó a Murillo de inventar el cargo de "copresidenta" sin tener un mandato o legitimidad electoral, "porque sabe que no puede ganar" en un proceso democrático. El Departamento de Estado calificó de "cobarde" la acción de la pareja presidencial, argumentando que "ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar".
La postura de Estados Unidos subraya la preocupación internacional por el deterioro de los derechos humanos y las libertades democráticas en Nicaragua. La administración estadounidense ha advertido que "el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo" nicaragüense.
Históricamente, Nicaragua ha vivido periodos de inestabilidad política y represión. La revolución sandinista de 1979 derrocó a la dictadura de Somoza, pero el posterior gobierno sandinista, liderado por Ortega, enfrentó una guerra civil y presiones internacionales. Tras un periodo en la oposición, Ortega regresó al poder en 2007 y, desde entonces, ha ido concentrando cada vez más poder, silenciando voces disidentes y erosionando las instituciones democráticas.
Las implicaciones de esta declaración de Ortega son profundas. Significan la renuncia explícita a cualquier pretensión de legitimidad democrática y la consolidación de un modelo de gobierno autocrático, similar a otros regímenes autoritarios en la región. La comunidad internacional se enfrenta ahora al desafío de cómo responder ante un país que ha cerrado formalmente la puerta a la alternancia política pacífica.
Analistas políticos señalan que esta medida busca asegurar la permanencia de la familia Ortega-Murillo en el poder indefinidamente, eliminando cualquier riesgo de derrota electoral. La falta de procesos electorales justos y transparentes en Nicaragua ha sido una constante en los últimos años, y la declaración de Ortega simplemente formaliza esta realidad, dejando a la oposición y a la sociedad civil nicaragüense con pocas vías para el cambio político pacífico.
La comunidad internacional, incluyendo a México, deberá definir su postura ante este escenario. Si bien las sanciones y las condenas diplomáticas han sido herramientas utilizadas previamente, su efectividad para revertir la tendencia autoritaria en Nicaragua ha sido limitada. El futuro de la democracia en Nicaragua parece sombrío, con un líder que ha decidido gobernar sin el consentimiento de su pueblo, basándose en la represión y el control absoluto de las instituciones.