La oposición en el Senado mexicano ha encontrado un inesperado aliado en Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, para lanzar duras críticas contra la administración actual. Senadores del PAN y PRI han coincidido en que las declaraciones de Trump, quien calificó a México como el "epicentro de la violencia de los cárteles", son un reflejo de la inacción gubernamental y de una supuesta "adicción a proteger al narcotráfico".
Ricardo Anaya, coordinador parlamentario del PAN en el Senado, fue uno de los primeros en alzar la voz, señalando que no se necesita que "alguien fuera de México venga a decir que no se está haciendo lo suficiente". Según Anaya, la administración actual ha caído en "narcopactos", recordando el eslogan del sexenio anterior, "abrazos, no balazos", como un ejemplo de la política fallida.
Marko Cortés, también del PAN, secundó la crítica, afirmando de manera contundente que el gobierno actual "ganó junto con el crimen". Esta declaración subraya la profunda desconfianza que la oposición tiene en las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno federal.
Por su parte, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y senador, calificó el señalamiento de Trump como "durísimo" pero coincidió en la necesidad de que México recupere el control de su territorio. "Necesitamos cooperación firme con Estados Unidos y toda la fuerza de la ley contra los cárteles del crimen organizado", declaró Moreno en redes sociales, argumentando que la soberanía se defiende precisamente al "recuperando el territorio mexicano de las manos del crimen".
Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, añadió leña al fuego al criticar que el gobierno actual "sigue dinamitando" la relación bilateral con Estados Unidos. Para Añorve, las palabras de Trump son una "reiteración de que no hay acción" por parte del gobierno mexicano para combatir a los grupos criminales que, según él, se han apoderado de amplias regiones del país.
"No hay en este país alguien que esté tomando decisiones y esté, por supuesto, terminando con estos cárteles que se han apropiado de muchas regiones de nuestro país", lamentó Añorve, citando como ejemplos estados como Michoacán, Tamaulipas y Sonora, donde, según su apreciación, "los cárteles hacen lo que quieran". Atribuyó esta situación a la "consecuencia de no tomar cartas en el asunto por parte del gobierno de México".
La senadora del PRI, Paloma Sánchez, dirigió sus críticas directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que su reciente visita a Sinaloa no incluyó un diálogo sobre la atención a las víctimas de la violencia. Sánchez cuestionó que la mandataria "sigue con el discurso de la soberanía, pero nunca habló de Rocha Moya, de Enrique Inzunza", figuras que, implícitamente, vinculó con la problemática de seguridad en la región.
En el contexto de estas declaraciones, es importante recordar el historial de tensiones y cooperaciones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. La relación bilateral ha estado marcada por ciclos de colaboración intensa y momentos de fricción, especialmente en lo referente a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.
La estrategia de "abrazos, no balazos" implementada en el sexenio anterior, y que la oposición critica como un fracaso, buscaba atender las causas sociales de la violencia. Sin embargo, los resultados en términos de reducción de la criminalidad y el control territorial han sido objeto de constante debate y escrutinio.
La postura de Donald Trump, quien ha hecho de la seguridad fronteriza y la lucha contra los cárteles un eje central de su discurso político, ejerce una presión adicional sobre cualquier administración mexicana. Sus declaraciones, a menudo directas y sin filtros, generan reacciones inmediatas tanto en México como en Estados Unidos.
El llamado de la oposición a "toda la fuerza de la ley contra los cárteles" sugiere una preferencia por un enfoque más punitivo y confrontacional, en contraste con las estrategias que buscan un equilibrio entre seguridad y atención a las causas subyacentes.
La crítica sobre la "adicción a dinamitar la relación con Estados Unidos" apunta a la percepción de que las políticas de seguridad actuales no solo son ineficaces, sino que también deterioran los lazos diplomáticos y de cooperación con el vecino del norte, un socio crucial en la lucha contra el crimen organizado.
El debate sobre la soberanía nacional frente a la intervención o la cooperación internacional en materia de seguridad es un tema recurrente en la política mexicana. La oposición parece argumentar que la verdadera defensa de la soberanía reside en la capacidad del Estado para ejercer control sobre su territorio y proteger a sus ciudadanos, algo que, según ellos, el gobierno actual no está logrando.
Las implicaciones de estas críticas y la alineación con las posturas de Trump son significativas. Podrían intensificar la presión sobre el gobierno mexicano para ajustar sus políticas de seguridad y fortalecer la cooperación con Estados Unidos, al tiempo que plantean interrogantes sobre la estrategia de comunicación y la efectividad de las acciones gubernamentales en la lucha contra el crimen organizado.