La titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Elizabeth Lara Rodríguez, ha lanzado una grave acusación contra las autoridades estatales y federales, señalando una presunta omisión que habría contribuido a la trágica muerte del periodista Alejandro Leyva Aguilar. Según Lara Rodríguez, tanto la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) como el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SG) habrían ignorado las solicitudes de auxilio y protección que el propio Leyva Aguilar había presentado.

El comunicador fue asesinado el pasado 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca, un hecho que ha conmocionado a la comunidad periodística y activista. La DDHPO, en su rol de garante de los derechos humanos, ha investigado las circunstancias que rodearon el crimen y ha concluido que existió una falla grave por parte de las instituciones encargadas de salvaguardar la vida de quienes ejercen el periodismo en la entidad.

Fallas Institucionales en la Protección

De acuerdo con las declaraciones de Elizabeth Lara Rodríguez, el periodista Alejandro Leyva Aguilar había acudido a las instancias correspondientes para solicitar protección ante amenazas o riesgos que enfrentaba en el ejercicio de su labor. Sin embargo, sus requerimientos habrían sido desatendidos, dejando al comunicador en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta negligencia, de confirmarse, representa un golpe devastador para la libertad de expresión y el periodismo en México.

La FGEO, como principal responsable de la procuración de justicia en Oaxaca, debió haber brindado la atención debida a las alertas emitidas por un periodista. Su presunta inacción no solo pone en entredicho su capacidad operativa, sino también su compromiso con la defensa de quienes informan a la sociedad. La falta de una respuesta oportuna y efectiva ante un riesgo documentado es, en sí misma, una falla grave que debe ser investigada a fondo.

Por su parte, el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, creado precisamente para ofrecer un blindaje a periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, también es señalado por su supuesta omisión. Este mecanismo, a nivel federal, tiene la responsabilidad de evaluar y ejecutar medidas de protección cuando las amenazas son graves. Que haya fallado en este caso específico levanta serias dudas sobre su eficacia y la suficiencia de sus protocolos.

El Contexto de la Violencia contra Periodistas

El asesinato de Alejandro Leyva Aguilar no es un hecho aislado. Se enmarca en un contexto nacional de creciente violencia contra periodistas en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la profesión. Cada año, decenas de comunicadores son agredidos, amenazados o asesinados por investigar y denunciar la corrupción, el crimen organizado y los abusos de poder.

Históricamente, Oaxaca ha sido una de las entidades con mayor incidencia de violencia contra la prensa. La impunidad en estos casos es alarmantemente alta, lo que genera un círculo vicioso donde los agresores se sienten protegidos y las víctimas quedan desamparadas. La falta de resultados en las investigaciones y la debilidad de los mecanismos de protección contribuyen a perpetuar este clima de terror.

Implicaciones y Llamado a la Acción

Las declaraciones de la titular de la DDHPO tienen profundas implicaciones. Sugieren que las instituciones encargadas de proteger a los periodistas no solo son ineficaces, sino que su inacción puede tener consecuencias fatales. Esto erosiona la confianza pública en el Estado y debilita el tejido democrático, al silenciar voces críticas y limitar el acceso a la información.

Es fundamental que las autoridades federales y estatales tomen cartas en el asunto de manera inmediata. Se requiere una investigación exhaustiva e imparcial sobre las omisiones señaladas por la DDHPO. Los responsables de la Fiscalía de Oaxaca y del Mecanismo de Protección federal deben rendir cuentas por su presunta negligencia.

Además, este lamentable suceso debe servir como un llamado urgente a fortalecer los mecanismos de protección para periodistas en todo el país. Esto implica no solo dotarlos de mayores recursos, sino también asegurar que sus protocolos sean ágiles, efectivos y que realmente respondan a las necesidades de quienes están en riesgo. La vida de quienes ejercen el periodismo no puede estar a merced de la burocracia o la indiferencia institucional.

La comunidad periodística y los organismos de derechos humanos exigen justicia para Alejandro Leyva Aguilar y garantías de no repetición. La libertad de expresión es un pilar de la democracia, y su defensa debe ser una prioridad ineludible para el Estado mexicano, no una promesa incumplida.