Un preocupante retroceso en la transparencia y rendición de cuentas ha sido documentado en relación con la información sobre fosas clandestinas en México. Un reciente informe revela que el porcentaje de fiscalías estatales que responden a solicitudes de información sobre este sensible tema ha caído drásticamente en los últimos años, pasando de un contundente 93.8% en 2022 a apenas un 62.5% en 2025. Esta disminución no solo señala una creciente opacidad en un asunto de máxima urgencia nacional, sino que también plantea serias dudas sobre el compromiso real de las autoridades para abordar la crisis de desapariciones y la violencia que azota al país.
CAÍDA EN LA TRANSPARENCIA
El informe, cuya metodología se centra en el análisis de respuestas a solicitudes de información pública, pone de manifiesto una tendencia alarmante. Mientras que en 2022 casi la totalidad de las instituciones estatales encargadas de la procuración de justicia estaban dispuestas a compartir datos sobre fosas clandestinas, tres años después, más de un tercio de ellas se han vuelto reacias o simplemente no responden. Esta falta de información dificulta enormemente la labor de organizaciones civiles, familiares de desaparecidos y organismos de derechos humanos que buscan documentar la magnitud del problema y exigir justicia.
La disminución en la respuesta de las fiscalías estatales podría interpretarse de diversas maneras, pero todas apuntan a un escenario desfavorable. Por un lado, podría indicar una falta de voluntad política para visibilizar la problemática, quizás para no generar alarma social o para evitar escrutinio sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas. Por otro lado, podría ser un reflejo de la sobrecarga de trabajo y la falta de recursos que enfrentan estas instituciones, lo que las llevaría a priorizar otras áreas o a simplemente ignorar las solicitudes que consideran secundarias.
EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA Y LAS DESAPARICIONES
Este retroceso en la transparencia ocurre en un contexto nacional marcado por altos índices de violencia y una crisis de desapariciones que no cede. México enfrenta una realidad sombría donde miles de personas son reportadas como desaparecidas cada año, y la localización de fosas clandestinas se ha convertido en una triste constante. La información sobre estos hallazgos es crucial para entender la dinámica del crimen organizado, identificar patrones de violencia y, sobre todo, para ofrecer respuestas a las familias que buscan desesperadamente a sus seres queridos.
Históricamente, la opacidad en la información relacionada con la seguridad y la justicia ha sido un obstáculo para el avance democrático y la consolidación del Estado de derecho en México. La falta de datos fiables y accesibles sobre fosas clandestinas perpetúa la impunidad y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones. La administración actual, al igual que las anteriores, ha enfrentado enormes desafíos para garantizar la seguridad y erradicar la violencia, y la falta de transparencia en temas tan sensibles como este solo agrava la percepción de ineficacia.
IMPLICACIONES Y REACCIONES ESPERABLES
Las implicaciones de esta creciente opacidad son profundas. Para las familias de las víctimas, significa una barrera más en su búsqueda de verdad y justicia. Para la sociedad en general, representa una señal de alerta sobre la posible minimización de un problema grave y la falta de compromiso real con la transparencia. Organismos internacionales y defensores de derechos humanos seguramente alzarán la voz ante esta situación, exigiendo a las autoridades mexicanas que cumplan con sus obligaciones de informar y de garantizar el acceso a la justicia.
Analistas en materia de seguridad suelen señalar que la falta de información detallada sobre fosas clandestinas puede ser utilizada por grupos criminales para operar con mayor impunidad, al no enfrentar un escrutinio público efectivo sobre sus actividades. Además, dificulta la labor de investigación forense y la identificación de víctimas, prolongando el sufrimiento de las familias y obstaculizando la construcción de una memoria histórica precisa sobre la violencia en el país.
¿QUÉ SIGUE?
Ante este panorama, es imperativo que las fiscalías estatales retomen su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La ciudadanía tiene el derecho a saber qué está ocurriendo en su territorio y cómo las autoridades están respondiendo a la crisis de violencia y desapariciones. La publicación de datos sobre fosas clandestinas no debe ser vista como una carga, sino como un componente esencial de una estrategia integral para enfrentar la inseguridad y restaurar la confianza en las instituciones.
Se espera que este informe genere un debate público y presione a las autoridades a revertir esta tendencia. La sociedad civil organizada jugará un papel crucial en la exigencia de respuestas y en la demanda de políticas públicas que prioricen tanto la seguridad como la transparencia. La lucha contra la opacidad es, en sí misma, una batalla por la justicia y por un México más seguro y democrático.
La disminución en el número de fiscalías que informan sobre fosas clandestinas es un síntoma preocupante de un problema más amplio: la dificultad del Estado mexicano para enfrentar la crisis de seguridad y desapariciones con la transparencia y la contundencia que la sociedad demanda. La opacidad solo alimenta la impunidad y el dolor de quienes buscan respuestas.