La salida del expresidente Nicolás Maduro de Venezuela, quien enfrenta cargos en Estados Unidos, no ha logrado desmantelar las vastas redes de crimen organizado que operan en el país. Siete meses después de su detención, las actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal persisten con una alarmante impunidad, demostrando que el problema va más allá de un solo líder.
El gobierno interino de Delcy Rodríguez, antigua aliada de Maduro, ha intentado alinearse a las peticiones de Washington, buscando mejorar la imagen del país y facilitar un entorno propicio para los negocios. El presidente Donald Trump ha dejado clara su expectativa de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, especialistas y análisis recientes sugieren que los cambios implementados hasta ahora son meramente superficiales, incapaces de erradicar la raíz del problema: la profunda infección del Estado venezolano por parte de organizaciones criminales.
El Crimen Organizado: Una Red Enquistada en el Estado
Un análisis detallado de la organización InSight Crime revela que el crimen organizado en Venezuela no opera como una entidad externa o una anomalía, sino como un sistema intrínsecamente ligado al Estado. Este modelo, que se remonta a la época de Hugo Chávez y fue expandido por Maduro, se basa en la cooperación simbiótica entre actores estatales y redes delictivas, quienes se benefician mutuamente. La premisa es que los militares y funcionarios públicos obtienen beneficios directos de economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal.
Phil Gunson, analista para el International Crisis Group, explica a Expansión que el término "Cartel de los Soles" no describe una organización jerárquica y centralizada, sino un fenómeno mucho más difuso. La detención de Maduro, en este contexto, no desmantela la maquinaria criminal, sino que permite que otros actores y redes ocupen su lugar de manera inmediata, asegurando la continuidad de las operaciones ilícitas. Figuras clave dentro del entramado entre el Estado y el crimen, como Diosdado Cabello, quien sigue al frente de importantes responsabilidades de seguridad a pesar de ser buscado por Estados Unidos, permanecen en sus puestos, evidenciando la persistencia de la estructura.
Las Economías Ilícitas Siguen Floreciendo
Las bases financieras y operativas que sustentan lo que se describe como un "Estado híbrido" en Venezuela continúan funcionando con normalidad. El tráfico de cocaína, facilitado por la estratégica ubicación geográfica del país y su extensa frontera con Colombia, el principal productor mundial de droga, sigue siendo una actividad lucrativa. Las fuerzas militares venezolanas mantienen su colaboración con grupos armados colombianos, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para asegurar el flujo constante de narcóticos.
Paralelamente, la minería ilegal de oro, un recurso natural abundante en Venezuela, está firmemente controlada en el sur del país. Alianzas estratégicas entre las fuerzas armadas y diversos sindicatos y bandas criminales permiten que estas actividades ilícitas prosperen, a cambio de una participación en las ganancias para los militares. Además, las estructuras criminales que controlan las prisiones, conocidas como "pranatos", y que dieron origen a organizaciones como el Tren de Aragua (catalogado como terrorista por EE.UU.), continúan operando bajo la tolerancia estatal.
Cambios Superficiales Ante Exigencias Internacionales
En un esfuerzo por cumplir con las demandas de Washington y mejorar su imagen internacional, el gobierno de Delcy Rodríguez ha implementado una serie de medidas. Entre ellas se destaca la extradición de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, la realización de operativos en zonas mineras y la destitución de miles de policías por presuntos casos de corrupción y extorsión. Sin embargo, InSight Crime señala que estas purgas carecen de transparencia, son selectivas y no abordan las causas estructurales de la corrupción ni el generalizado clima de impunidad.
Los analistas consideran estas acciones como un simple "reacomodo de piezas políticas" (reshuffle), más que un desmantelamiento genuino de la red que vincula al crimen organizado con el Estado. La falta de una estrategia integral y la persistencia de actores clave en posiciones de poder sugieren que la estructura criminal permanece intacta, lista para adaptarse a cualquier cambio en la cúpula política.
Hacia un Combate Efectivo del Crimen Organizado
Para lograr un combate efectivo contra el crimen organizado en Venezuela, los expertos coinciden en que es indispensable el desmantelamiento del actual "Estado híbrido". El primer paso crucial sería la depuración y despolitización de las fuerzas de seguridad, iniciando desde los mandos más altos, y dotándolas posteriormente de entrenamiento y recursos adecuados para operar con honestidad y eficacia.
Un segundo paso fundamental implica una reforma integral de las instituciones judiciales, abarcando desde los tribunales hasta la Fiscalía General, con el objetivo de establecer un sistema basado en el verdadero estado de derecho, libre de interferencias y manipulación política. Finalmente, es esencial la creación de alternativas económicas viables y empleos formales en las regiones más vulnerables del país. Esto reduciría la dependencia de las comunidades locales de economías criminales como la minería ilegal y el contrabando.
Este ambicioso proceso de desmontaje del sistema criminal venezolano requerirá, sin duda, de una presión política y diplomática coordinada por parte de la comunidad internacional y de los países vecinos, como Colombia, para generar un cambio sostenible y profundo.