La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad ha tocado fondo, alcanzando su peor etapa a pesar de un aparente reconocimiento a la administración actual. Eunice Rendón, experta en seguridad fronteriza, lanzó una severa advertencia: la cooperación bilateral está fracturada y la sombra de acciones unilaterales por parte de Estados Unidos contra los cárteles mexicanos es una posibilidad real y preocupante.

Corrupción y Desconfianza Mutua

Rendón señaló en una entrevista con El Financiero que, si bien la administración de Claudia Sheinbaum ha mostrado una mejora en la relación institucional respecto al sexenio anterior, la percepción en Washington es que los cárteles del crimen organizado siguen teniendo un control dominante en México. La preocupación de EU ya no se limita al tráfico de fentanilo, sino que se extiende a la infiltración de políticos y funcionarios gubernamentales en redes criminales. Esta percepción de corrupción endémica genera una profunda desconfianza que socava cualquier intento de colaboración efectiva.

La especialista enfatizó que la solicitud de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, presuntamente vinculados al crimen organizado, ha sido un punto de inflexión. Según Rendón, este evento provocó un cambio perceptible en el discurso de la presidenta Sheinbaum, quien pasó de una postura más mesurada a una más defensiva y crítica hacia la injerencia estadounidense.

El Fantasma de García Luna y Acciones Unilaterales

La experta no descartó la posibilidad de que Estados Unidos tome acciones unilaterales contra los cárteles mexicanos, citando como precedente la condena de Genaro García Luna. La condena del exsecretario de Seguridad Pública se basó en gran medida en las declaraciones de testigos y pruebas que expusieron la profunda corrupción y los vínculos entre políticos y el narcotráfico. Rendón subrayó que esta corrupción es una realidad innegable en México, y que el narco ha ganado un terreno considerable en este aspecto, erosionando la confianza y la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.

La posibilidad de que Estados Unidos actúe por su cuenta se ve acentuada por la retórica de figuras políticas estadounidenses, como Donald Trump, quien ha amenazado con intervenciones directas. Rendón considera que, dada la naturaleza pragmática y a menudo unilateral de la diplomacia estadounidense, especialmente bajo administraciones como la de Trump, no se puede descartar una incursión directa en territorio mexicano para combatir a los cárteles, ignorando los protocolos diplomáticos y la soberanía nacional.

La Sombra de la Injerencia y la Soberanía

La reciente controversia en torno a la posible participación de agencias estadounidenses en la extracción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, y la posterior tensión diplomática con el entonces embajador Ken Salazar, es vista por Rendón como una muestra clara de lo que EU es capaz de hacer. Aunque estas acciones puedan ser violatorias de la soberanía y la ley mexicana, demuestran la determinación de Washington para abordar la crisis de seguridad que, según su perspectiva, México no ha logrado controlar eficazmente.

La relación bilateral, según Rendón, pende de un hilo debido a este tipo de acciones que, si bien pueden ser cuestionables en términos de derecho internacional, reflejan la frustración estadounidense ante la persistente violencia y el poder de los cárteles mexicanos. La posibilidad de que Donald Trump anuncie acciones directas, como incursiones terrestres, añade una capa adicional de tensión e incertidumbre a la ya de por sí delicada situación.

Antecedentes de la Crisis y el Legado del Sexenio Pasado

Rendón también apuntó a la Ley de Seguridad Interior como un factor que exacerbó la crisis. La implementación de esta ley, que buscaba acotar la actuación de agencias de inteligencia y seguridad estadounidenses como el FBI y la DEA en México, fue percibida negativamente por Washington. Esta medida, interpretada como un intento de limitar la cooperación y la supervisión, generó un resentimiento que se ha ido acumulando y que contribuye a la actual desconfianza.

La especialista sugirió que las restricciones impuestas por el gobierno anterior a la cooperación en materia de seguridad fueron un obstáculo significativo. Estos "candados" habrían llevado a la administración Biden a considerar o ejecutar acciones más directas, ante la percepción de una falta de colaboración o voluntad política por parte de México para desmantelar las estructuras del crimen organizado.

Un Nuevo Embajador y la Incertidumbre Futura

Ante este panorama, el cambio de embajador de México en Estados Unidos, con la llegada de Roberto Lazzeri, es visto como un movimiento necesario. Se espera que el nuevo representante cuente con un perfil enfocado en la revisión del T-MEC, pero que también deberá coordinarse estrechamente con los equipos de migración y seguridad. La complejidad de las negociaciones con Estados Unidos, especialmente bajo la influencia de figuras como Donald Trump, exige un expertise compartido y una estrategia diplomática robusta que aborde de manera integral los desafíos en seguridad, migración y comercio.

La situación actual subraya la profunda interconexión entre la seguridad, la política interna y las relaciones exteriores de México. La persistencia de la corrupción, la fortaleza de los cárteles y la creciente presión de Estados Unidos configuran un escenario de alta volatilidad, donde la soberanía y la estabilidad del país se encuentran en constante riesgo. La advertencia de Rendón resuena como un llamado urgente a replantear las estrategias de seguridad y a restaurar la confianza con el vecino del norte, antes de que las acciones unilaterales se conviertan en una realidad incontrolable.

En el contexto de la administración de Claudia Sheinbaum, la relación con Estados Unidos en materia de seguridad se presenta como uno de los desafíos más apremiantes. La necesidad de abordar la corrupción política y su vínculo con el narcotráfico, al mismo tiempo que se gestiona la presión de Washington, exige un liderazgo firme y una estrategia clara que priorice la soberanía y la seguridad nacional sin ceder ante presiones externas o internas que comprometan la integridad del Estado.