En una maniobra que recuerda las peores prácticas de desmantelamiento institucional, la mayoría legislativa encabezada por Morena y sus aliados del PT y PVEM ha propinado un nuevo y severo recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) para el año 2027. Este ajuste, que suma mil millones de pesos adicionales a los ya aplicados, deja al máximo órgano electoral del país con una bolsa presupuestal significativamente menor a la solicitada, justo en el umbral de un año electoral clave que incluye la renovación de la Cámara de Diputados y elecciones locales en diversas entidades.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro, en lo que fue calificado como “cambios de última hora” por el propio coordinador de la bancada guinda, consumó el tijeretazo. Lo que inició con una solicitud de 42 mil 274 millones de pesos para el proceso electoral de 2027, se ha visto reducido drásticamente hasta los 36 mil 912 millones de pesos. Esta merma presupuestal, que asciende a más de 5 mil millones de pesos en total, levanta serias interrogantes sobre la capacidad del INE para operar con la suficiencia financiera necesaria para garantizar la equidad y transparencia de los comicios.

El Juego de las Reasignaciones: Dinero para Cendis y Turismo

La estrategia de la 4T para mermar al INE se ha desplegado a través de diversas reservas presentadas por los partidos afines al gobierno. Una de las más polémicas provino del diputado del PT, Jorge Armando Ortiz Rodríguez, quien propuso desviar 618 millones de pesos del presupuesto del INE hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), específicamente para el rubro de Expansión de Educación Inicial. Sin embargo, las bancadas de oposición, particularmente el PAN, denunciaron que estos fondos estarían destinados a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) operados por el PT, a los que señalaron como una “caja chica” utilizada para el enriquecimiento personal y el financiamiento electoral de su dirigencia.

La diputada del PAN, Noemí Luna, y su colega Héctor Saúl Téllez, fueron enfáticos al calificar estos Cendis como un mecanismo de corrupción y clientelismo político del PT, evidenciando la opacidad y las sospechas que rodean estas reasignaciones presupuestales. La acusación de que se utilizan recursos públicos para fines partidistas y personales resalta la profunda desconfianza que genera la administración de los fondos por parte de la coalición oficialista.

Más Recortes y Beneficios para Sectores Afines

La ofensiva contra el presupuesto del INE no se detuvo ahí. La diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto, presentó una segunda reserva para recortar otros 361 millones 982 mil 104 pesos al Instituto. Estos fondos fueron reasignados al Ramo 54 de Mujeres, incrementando su presupuesto. Si bien la intención declarada es apoyar a las mujeres, la forma en que se obtienen estos recursos, a costa de la autonomía y capacidad operativa del órgano electoral, genera suspicacias.

Una tercera reserva, también impulsada por Gómez Pozos, implicó otro ajuste al gasto del INE para transferir recursos al sector de Turismo. Este movimiento, aunque de menor cuantía, suma a la tendencia de desviar fondos del INE hacia áreas que, a juicio de la oposición, no son prioritarias en el contexto de la fiscalización electoral y la organización de comicios.

El Poder Judicial, Otro Beneficiario de la Redistribución

En un movimiento adicional, la diputada de Morena atendió una solicitud del Poder Judicial para desagregar su presupuesto. De los 72 mil 264 millones de pesos asignados al Poder Judicial en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, se detalló la distribución entre el Órgano de Administración Judicial, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal de Disciplina Judicial. Si bien esta medida busca mayor claridad en la asignación de recursos para el sistema de justicia, se da en un contexto donde el INE es el principal damnificado por los recortes.

Un Veredicto Partidista y la Amenaza a la Democracia

Finalmente, el dictamen que consolida el recorte al INE, dejándolo con un gasto de apenas 36 mil 912 millones de pesos, fue aprobado con 30 votos a favor provenientes de Morena, PVEM y PT, frente a 13 votos en contra de la oposición (PAN, PRI y MC). Este resultado, que se turnó al pleno de la Cámara para su votación final, subraya la determinación de la mayoría oficialista de controlar y mermar las capacidades del órgano encargado de organizar las elecciones. La aprobación en comisión con un claro sesgo partidista envía una señal preocupante sobre el futuro de la autonomía electoral en México.

Históricamente, los recortes presupuestales a organismos autónomos, y en particular al INE, han sido interpretados como intentos de debilitar su capacidad de contrapeso frente al poder ejecutivo y de influir en los procesos electorales. La estrategia de la 4T, consistente en mermar financieramente al INE, se alinea con un patrón de descalificación y ataque a las instituciones electorales independientes, buscando centralizar el poder y potencialmente manipular los resultados electorales futuros. La oposición ha advertido repetidamente que estas acciones ponen en riesgo la democracia mexicana, al limitar la capacidad del INE para realizar auditorías, fiscalizar campañas y garantizar la equidad en la contienda.

El contexto de estas decisiones presupuestales se da en un momento crucial para la vida democrática del país. El año 2027 no solo será testigo de la renovación de la Cámara de Diputados, sino también de importantes elecciones locales. La capacidad del INE para organizar estos comicios de manera eficiente y equitativa depende, en gran medida, de contar con los recursos necesarios. Los recortes aplicados, sumados a las constantes descalificaciones públicas por parte de figuras del oficialismo, sugieren una estrategia deliberada para debilitar al árbitro electoral y allanar el camino para posibles intervenciones o manipulaciones.

Analistas políticos señalan que la táctica de recortar el presupuesto del INE es una forma de asfixiarlo financieramente, obligándolo a operar con limitaciones que podrían comprometer la calidad de los procesos electorales. Esto, a su vez, podría generar desconfianza en los resultados y alimentar la polarización política. La falta de recursos podría traducirse en una menor capacidad de fiscalización de los gastos de campaña, una supervisión menos rigurosa de los padrones electorales o incluso una reducción en la difusión de información para los votantes, todo lo cual beneficia a quienes buscan controlar el proceso electoral desde el poder.

La postura del PAN, PRI y MC en contra de estos recortes refleja una defensa de la autonomía institucional y de la necesidad de un órgano electoral fuerte e independiente. Sus argumentos se centran en la protección de la democracia y en la advertencia de que debilitar al INE es abrir la puerta a la regresión autoritaria. La insistencia del gobierno en reducir el presupuesto del INE, mientras se benefician otros sectores o se reasignan fondos a rubros cuestionables, es vista por la oposición como una clara señal de intenciones poco democráticas y un intento por controlar el proceso electoral venidero.

La aprobación en comisión de este presupuesto recortado es solo un paso. La discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados será el siguiente capítulo en esta pugna por el control del órgano electoral. La esperanza de la oposición reside en que, ante la opinión pública y la presión mediática, algunos legisladores puedan reconsiderar su voto y optar por defender la autonomía del INE, salvaguardando así la integridad de los futuros procesos electorales en México. Sin embargo, la férrea disciplina partidista de Morena y sus aliados hace prever un resultado adverso para el Instituto.