Citlalli Hernández, figura clave en la estructura electoral de Morena y presidenta de su Comisión Nacional de Elecciones, ha salido al paso de las crecientes críticas y señalamientos sobre presuntos actos anticipados de campaña por parte de aspirantes y figuras del partido oficialista. En una defensa enérgica, Hernández desestimó las acusaciones, calificando las recientes asambleas y giras de sus correligionarios no como el inicio de una contienda electoral prematura, sino como una legítima "presencia territorial" destinada a fortalecer el movimiento y defender la soberanía.
"¿Cuáles actos anticipados de campaña?", inquirió Hernández en declaraciones recientes, para luego argumentar que las actividades en cuestión no constituyen un llamado al voto ni una acción electoral propiamente dicha. Según su perspectiva, estas reuniones se limitan a la difusión de información y al contacto directo con la ciudadanía, lo cual, en su opinión, no infringe ninguna normativa electoral vigente. La funcionaria enfatizó que el objetivo principal es dar "mucha fuerza al movimiento" y que no deben disculparse por contar con "tantos perfiles y tantos liderazgos".
La justificación de Hernández surge en un contexto de tensión política y electoral. El Instituto Nacional Electoral (INE) ha estado en el centro de la discusión sobre cómo y cuándo regular las actividades proselitistas que podrían considerarse adelantadas. Apenas el 23 de julio, el INE rechazó entablar un diálogo para establecer lineamientos claros que regularan los presuntos actos anticipados de precampaña. Esta negativa del órgano electoral ha sido interpretada por algunos partidos de oposición, como Somos México, PRI, PAN y MC, como una postura que podría favorecer a Morena, al no existir reglas claras que limiten sus acciones.
Sin embargo, Citlalli Hernández reconoció la existencia de una "línea delgada" que separa las actividades informativas de las irregulares en el marco de un proceso electoral. "Entiendo perfectamente (la línea delgada) porque estamos previo a las elecciones, lo entiendo perfecto, pero no estamos violando ninguna ley, porque insisto, no estamos ni llamando al voto", reiteró. Insistió en que las asambleas no son eventos donde la gente grite "hay que salir a votar", sino espacios donde los militantes y simpatizantes de Morena simplemente "están hablando".
El calendario electoral marca que el proceso oficial para las elecciones de 2027 comenzará formalmente en septiembre. No obstante, la naturaleza de las campañas y la fiscalización de los actos anticipados sigue siendo un tema complejo y, a menudo, polémico. El INE, a través de sus consejeros, ha señalado que su capacidad para fiscalizar actos de campaña relacionados con elecciones locales es limitada, y que la determinación final sobre si hubo o no un acto ilegal recae en las autoridades locales y, en última instancia, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
La consejera electoral Carla Humphrey explicó que el INE no puede "invadir las facultades que tienen las autoridades locales" ni fiscalizar gastos anticipados sin que una autoridad local determine previamente la existencia de un acto de campaña. Esta postura, aunque técnicamente correcta según la distribución de competencias, deja un vacío que la oposición percibe como una ventaja para el partido en el poder.
La lamentable decisión del INE de rechazar por tercera vez la discusión sobre los actos anticipados de precampaña para las elecciones de 2027, un tema que podría retomarse en las próximas semanas, subraya la dificultad para establecer un terreno de juego equitativo. La falta de consenso y la dilación en la definición de reglas claras generan un ambiente de incertidumbre y alimentan las sospechas de que el proceso electoral podría estar sesgado desde sus etapas iniciales.
Históricamente, la "presencia territorial" ha sido una estrategia recurrente de los partidos políticos en México para mantener activos a sus cuadros y generar movilización de cara a procesos electorales. Sin embargo, la línea entre esta presencia y la campaña anticipada se vuelve particularmente difusa cuando figuras con aspiraciones claras participan activamente en eventos que, si bien no llaman explícitamente al voto, sí buscan posicionar a determinados perfiles y fortalecer su imagen pública.
La gira de Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán, hijo del expresidente, por Tabasco, ha sido uno de los ejemplos más visibles de estas actividades. Si bien la fuente no detalla el contenido específico de su "casa por casa", se entiende que este tipo de movilizaciones buscan generar un impacto y una conexión directa con la base, elementos cruciales en cualquier estrategia de campaña, sea esta formal o informal.
El debate sobre la legalidad y equidad de estas acciones se intensifica a medida que se acercan las fechas clave del calendario electoral. La postura de Citlalli Hernández, defendiendo la "presencia territorial" como una actividad legítima, contrasta con la preocupación expresada por otros actores políticos y por el propio INE, que, a pesar de sus limitaciones, ha manifestado la necesidad de regular estas prácticas para garantizar la equidad en la contienda.
En el trasfondo de esta discusión yace la preocupación de que Morena, al amparo de una interpretación laxa de las normativas o de la falta de mecanismos de fiscalización efectivos, pueda obtener una ventaja indebida sobre sus competidores. La "línea delgada" que reconoce Hernández es, para muchos, un campo minado donde la legalidad se difumina y la equidad electoral se pone en entredicho.
La estrategia de "presencia territorial" podría ser vista como una forma de sortear las restricciones legales, manteniendo una actividad proselitista constante sin incurrir, al menos formalmente, en actos prohibidos. Sin embargo, la percepción pública y las críticas de la oposición sugieren que esta táctica, más allá de su justificación oficial, podría estar erosionando los principios de equidad y limpieza electoral que deben regir todo proceso democrático.
La falta de un diálogo constructivo y de la definición de lineamientos claros por parte del INE, sumada a la negativa de discutir el tema en repetidas ocasiones, deja un margen de maniobra considerable para el partido en el gobierno. Esto genera un ambiente de desconfianza y alimenta la narrativa de que el sistema electoral podría estar inclinado a favorecer a las fuerzas políticas con mayor capacidad de movilización y recursos.
En última instancia, la defensa de Citlalli Hernández, aunque argumentada desde la perspectiva de la "presencia territorial", no logra disipar las dudas sobre la intención real detrás de estas actividades. La proximidad de las elecciones y la naturaleza de las movilizaciones sugieren que, más allá de la retórica, se está construyendo un posicionamiento político que podría influir significativamente en el resultado de los comicios de 2027, planteando serios interrogantes sobre la equidad del proceso.