La dirigencia nacional de Morena ha decidido blindar a figuras clave del partido, incluyendo al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza, ante las graves acusaciones de narcotráfico vertidas por autoridades de Estados Unidos. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, declaró que ambos funcionarios, junto con Juan de Dios Mendívil, mantendrán su afiliación al partido guinda mientras la Fiscalía General de la República (FGR) no presente pruebas fehacientes que sustenten los señalamientos.

La postura de Montiel, emitida en una rueda de prensa, busca desestimar las acusaciones como meros "señalamientos" que, según ella, podrían ser utilizados para justificar "actos de injerencia en otros territorios". Esta declaración sugiere una estrategia de defensa que prioriza la presunción de inocencia dentro del partido, incluso frente a señalamientos de una potencia extranjera, hasta que la justicia mexicana emita un veredicto.

"Lo que vamos a esperar es que se presenten las pruebas (...) Vamos a estar atentas y atentos a las investigaciones que ya está haciendo la Fiscalía General (...) y vamos a esperar el resultado de ello", afirmó Montiel, marcando la pauta para la postura oficial del partido ante este delicado asunto.

La líder morenista reconoció que, ante la gravedad de las acusaciones, al menos dos de los funcionarios señalados por Estados Unidos han tomado la decisión de separarse temporalmente de sus cargos. Sin embargo, enfatizó que estas separaciones son decisiones personales y no una imposición del partido, dado que son "electos constitucionalmente por el voto del pueblo".

En el caso particular del senador Enrique Inzunza, Montiel defendió su decisión de no solicitar licencia al Senado de manera permanente. Si bien Inzunza sí solicitó una licencia temporal para atender el inicio del periodo extraordinario en el Congreso, su reincorporación rápida y posterior aparición en un evento social generaron controversia. Montiel argumentó que la separación del cargo, aunque facilita las investigaciones, no es obligatoria para un legislador, quien debe sopesar su decisión personal.

La FGR, por su parte, ha informado a través de Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, que cinco de los diez funcionarios sinaloenses señalados por Estados Unidos ya han comparecido ante la dependencia. Sin embargo, hasta el momento, no existen avances públicos que confirmen los presuntos nexos con el crimen organizado, a pesar de la acusación formal presentada por el gobierno estadounidense el pasado 29 de abril.

Este caso pone de manifiesto la compleja relación entre la política interna de Morena y las presiones internacionales en materia de seguridad y justicia. La defensa corporativa del partido hacia sus militantes, incluso ante acusaciones tan serias, podría ser interpretada como un intento por proteger la imagen y la estructura del partido, a costa de una postura más contundente en la lucha contra el crimen organizado.

La estrategia de Morena de esperar las pruebas de la FGR antes de tomar medidas drásticas contrasta con la urgencia que suelen demandar las autoridades internacionales en casos de narcotráfico. La decisión de mantener a Rocha Moya y a Inzunza en sus cargos, a pesar de las graves imputaciones, genera interrogantes sobre la efectividad de las investigaciones internas y la voluntad política para erradicar la influencia del crimen organizado en la esfera pública.

El gobernador Rocha Moya, quien ha negado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con el narcotráfico, se encuentra en una posición delicada. Su permanencia en el cargo, mientras las investigaciones avanzan, podría ser vista como un obstáculo para la justicia o, como defiende el partido, como un acto de presunción de inocencia.

La situación de Enrique Inzunza también es particularmente sensible. Su rol como senador lo coloca en una posición de influencia legislativa, y las acusaciones en su contra, si se confirmaran, tendrían implicaciones significativas para la gobernabilidad y la confianza en las instituciones.

La postura de Ariadna Montiel, al defender la permanencia de los funcionarios señalados, podría ser vista como una táctica para ganar tiempo y esperar que las investigaciones de la FGR no arrojen resultados concluyentes, o que las pruebas presentadas no sean suficientes para una condena.

Este episodio subraya la persistente sombra de la inseguridad y la influencia del crimen organizado en la política mexicana, un tema que Morena, como partido en el poder, enfrenta con una defensa que prioriza la lealtad interna sobre la transparencia y la contundencia que exigen los tiempos actuales.

La ciudadanía observará de cerca los próximos pasos de la FGR y la postura que adoptará Morena si las investigaciones arrojan resultados adversos para sus funcionarios. La credibilidad del partido y del gobierno en la lucha contra el crimen organizado está en juego.