La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres, ha encendido un polvorín al proponer que los fondos acumulados en las Cuentas Individuales de Ahorro para el Retiro (Afores) de trabajadores fallecidos, al ser transferidos a sus familiares, deberían estar sujetos al pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Esta audaz iniciativa, que busca equiparar estos fondos a las herencias y legados, ha generado una ola de críticas y deslindes, incluyendo el de la propia Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien se apresuró a aclarar que dicha propuesta no forma parte de la agenda del Gobierno Federal.

El Origen de la Controversia: La Propuesta de Batres

La ministra Batres, en una sesión de la Corte, respaldó un proyecto que planteaba establecer como criterio obligatorio que los recursos entregados a los beneficiarios de un trabajador difunto constituyan un ingreso gravable. Su argumento central radica en la percepción de una "situación injusta" donde las herencias y los legados no son gravados, y por extensión, tampoco los retiros de Afores que benefician a familiares. Batres sostiene que quien recibe estos fondos no los ha generado con su propio esfuerzo laboral, lo que, desde su perspectiva, justifica la aplicación de un impuesto.

La ministra argumentó que tanto en el caso de las herencias como en el dinero que reciben los beneficiarios de una Afore, quien obtiene esos recursos no los genera con su propio trabajo. Esta visión, aunque busca una supuesta equidad fiscal, choca frontalmente con la legislación vigente y con la percepción generalizada sobre el ahorro para el retiro como patrimonio ganado por el trabajador.

El Deslinde Presidencial y Legislativo

La Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó rápidamente a la propuesta de Batres, desmarcándose categóricamente. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó: "No creemos en que se graven las herencias. Se gravan en casi todos los países del mundo, no es algo extraño, pero no es un planteamiento que nosotros haríamos". Con estas palabras, la mandataria buscó disipar cualquier duda sobre una posible iniciativa gubernamental en este sentido, subrayando que la política fiscal del Ejecutivo no contempla este tipo de gravámenes.

Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, también se pronunció en contra de la idea. Monreal aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna iniciativa legislativa en el Congreso para modificar el régimen fiscal de los recursos de Afores o de las herencias. Señaló que, según la Constitución, solo la Presidencia de la República, senadores, diputados o congresos locales tienen la facultad de debatir y presentar este tipo de medidas.

Críticas desde el Poder Judicial y la OCDE

Las críticas a la propuesta de Batres no se limitaron al ámbito político. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un comunicado sosteniendo que los ahorros destinados al retiro forman parte del patrimonio construido por los trabajadores durante su vida laboral. Consideran que estos fondos, al ser transferidos a beneficiarios, no deberían ser vistos como una ganancia o ingreso nuevo sujeto a impuestos, sino como la disposición de un patrimonio ya existente y, en muchos casos, previamente gravado en su origen.

La OCDE, en un análisis sobre tributación de herencias, señala que 24 de sus países miembros cuentan con algún tipo de impuesto sobre sucesiones. Sin embargo, también destaca que un número significativo de naciones ha optado por mantenerlas libres de este gravamen. Entre los países miembros de la OCDE que no aplican impuestos a las herencias se encuentran Australia, Austria, Canadá, República Checa, Israel, México, Nueva Zelanda, Noruega, Eslovaquia y Suecia.

El Contexto Internacional de los Impuestos a Herencias

El debate sobre los impuestos a las herencias no es exclusivo de México. A nivel global, existe una diversidad de enfoques. Algunos países, como Japón, Francia, Alemania, España, Bélgica, Italia y Países Bajos, mantienen impuestos sobre herencias, pero con tasas, montos exentos y reglas que varían considerablemente, a menudo dependiendo del grado de parentesco entre el heredero y el fallecido.

En contraste, varias naciones han optado por eliminar este tipo de gravámenes. Australia derogó su impuesto a las herencias en 1979, Nueva Zelanda en 1992, Suecia en 2004, Noruega en 2014 y Austria en 2008. Las razones detrás de estas eliminaciones son diversas, incluyendo las dificultades administrativas para valorar patrimonios complejos, los costos de implementación y los argumentos de que los bienes ya han sido gravados previamente durante la vida del propietario.

La OCDE ha identificado que las dificultades administrativas para calcular el valor real de los patrimonios, los costos de implementación y los argumentos de quienes consideran que las herencias ya provienen de bienes que fueron gravados previamente durante la vida del propietario, son factores que influyen en la decisión de eliminar estos impuestos.

Implicaciones y Futuro del Debate

La intervención de Lenia Batres ha puesto sobre la mesa un debate que, aunque ella intentó impulsar desde la SCJN, parece tener poco eco en la esfera política actual. La rápida reacción de la Presidenta Sheinbaum y de figuras clave de Morena como Ricardo Monreal sugiere que no hay una voluntad política para avanzar en esta dirección en el corto plazo.

Sin embargo, la discusión sobre la equidad fiscal y la tributación de la riqueza acumulada es un tema recurrente. La propuesta de Batres, aunque rechazada de momento, podría servir como catalizador para futuras discusiones sobre cómo gravar de manera más efectiva la riqueza y asegurar que todos los flujos económicos contribuyan al erario público, sin necesariamente afectar el patrimonio ganado con esfuerzo por los trabajadores.

El hecho de que México, según la OCDE, no cuente con un impuesto a las herencias, lo sitúa en una posición similar a otros países desarrollados que han optado por no gravar estas transferencias. La argumentación de Batres, centrada en la falta de generación propia de los recursos por parte de los beneficiarios, abre una veta de análisis sobre la naturaleza de la riqueza y su tributación, aunque su aplicación práctica enfrente obstáculos legales y políticos significativos.

La controversia subraya la tensión entre la búsqueda de mayores ingresos fiscales y la protección del patrimonio familiar y del ahorro para el retiro. La postura del gobierno federal, clara en su rechazo a gravar herencias, marca la pauta para el debate, al menos por ahora, dejando la propuesta de la ministra Batres como una iniciativa aislada que no prosperará en el corto plazo.

En el contexto de la política fiscal mexicana, donde la recaudación ha sido un desafío constante, este tipo de debates, aunque polémicos, son necesarios para explorar vías de financiamiento público. No obstante, la forma en que se plantean y el consenso político que logran son determinantes para su viabilidad. La intervención de Batres, si bien provocadora, parece haber fortalecido la posición de quienes defienden la exención de impuestos a las herencias y los ahorros de Afores.