La economía mexicana enfrenta un desafío mayúsculo: la persistente informalidad laboral y empresarial, que no solo limita el acceso a derechos básicos para millones de trabajadores, sino que también representa una fuga masiva de recursos potenciales para el Estado. Estimaciones recientes apuntan a que la formalización de estos sectores podría significar un ingreso extraordinario de hasta 1.42 billones de pesos para el erario, una cifra que cobra relevancia ante el lento avance de los ingresos tributarios y petroleros y las crecientes presiones de gasto público.
El Freno a los Ingresos Públicos
El primer semestre del año fiscal ha sido testigo de un panorama financiero complejo para el gobierno. Los ingresos públicos totales registraron un faltante de 141,003 millones de pesos respecto a lo programado. De manera más específica, los ingresos petroleros y los provenientes de impuestos también mostraron déficits, con 118,043 y 53,725 millones de pesos, respectivamente. Al descontar el efecto de la inflación y comparar con el mismo periodo del año anterior, el crecimiento de los ingresos totales fue marginal, apenas un 0.1%. Los ingresos petroleros crecieron un 2.1%, mientras que los tributarios apenas un 0.4%, evidenciando una desaceleración preocupante.
Este escenario no ha pasado desapercibido para las agencias calificadoras de crédito. La persistente brecha entre el gasto y la recaudación pública, así como la deuda generada para cubrir esta diferencia, son factores que podrían llevar a ajustes en la calificación crediticia de México. Mantener un acceso favorable a financiamiento en los mercados internacionales es crucial, especialmente ante el incremento del gasto en rubros como pensiones y programas sociales, y el objetivo gubernamental de reducir el déficit fiscal.
El Gigante Dormido de la Informalidad
En este contexto, la ampliación de la base de contribuyentes emerge como una estrategia fundamental. Sin embargo, la autoridad fiscal ha concentrado sus esfuerzos en combatir la evasión, particularmente entre grandes empresas que ya han sido objeto de revisiones y acuerdos. El sector de la informalidad, que abarca a más de 33.1 millones de empleos, ha sido históricamente un terreno poco explorado en términos de recaudación.
Expertos como Ramsé Gutiérrez, vicepresidente senior y codirector de inversiones en Franklin Templeton, señalan que solo el 45% de la población económicamente activa en México rinde y paga impuestos, uno de los porcentajes más bajos a nivel global. La gran mayoría opera al margen del sistema formal, lo que no solo merma los ingresos del Estado, sino que también priva a estos trabajadores de beneficios esenciales.
Beneficios de la Formalización
La informalidad implica la ausencia de acceso a servicios de salud, fondos de ahorro para el retiro y una menor inversión en capital productivo. La incertidumbre sobre la longevidad de los negocios informales desincentiva la inversión a largo plazo, limitando la productividad individual y colectiva. En contraste, un negocio con cimientos sólidos en el sector formal tiende a perdurar y a generar mayor valor.
Santiago Levy, economista, ha estimado que la base informal, que representa más de la mitad de los trabajadores y el 90% de las empresas en México, mantiene la carga tributaria en un rango bajo, entre el 16% y 18% del PIB. Abordar esta segmentación podría incrementar la recaudación en tres o cuatro puntos porcentuales del PIB, utilizando las mismas tasas impositivas.
El Potencial Económico en Cifras
Las estimaciones son contundentes. Un punto del Producto Interno Bruto (PIB) en México equivale a aproximadamente 354,558 millones de pesos. Por lo tanto, el potencial de integrar la economía informal al sistema fiscal oscila entre 1.06 y 1.42 billones de pesos. Adicionalmente, se ha calculado que un peso invertido en capital y trabajo dentro de una empresa formal rinde al país un 39% más de PIB que el mismo peso invertido en una empresa informal.
Hacia una Reforma Integral
La solución a este complejo entramado requiere un proceso de reformas a las políticas públicas que garantice consistencia y alineación. Temas cruciales como la protección social, la simplificación del marco legal y la implementación de incentivos fiscales son fundamentales para incentivar la transición hacia la formalidad.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su Estudio Económico de México 2026, subraya la importancia del desarrollo de competencias para reducir la informalidad laboral. Existe un fuerte vínculo entre un bajo nivel educativo y el trabajo informal. Ampliar la oferta de servicios de cuidado infantil y de atención a personas mayores, por ejemplo, podría eliminar barreras significativas que actualmente empujan a muchas mujeres hacia empleos informales o las obligan a abandonar la fuerza laboral.
La tarea de formalizar la economía mexicana es un reto monumental, pero las recompensas potenciales en términos de recaudación fiscal, productividad y bienestar social son innegables. Abordar este desafío de manera integral y estratégica es clave para asegurar un futuro económico más sólido y equitativo para el país.