Miles de familias en la región de La Montaña de Guerrero continúan siendo víctimas de desplazamiento forzado por la violencia, perdiendo en muchos casos la totalidad de su patrimonio, mientras las autoridades carecen de un marco legal que las obligue a actuar de manera sistemática.
Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la falta de una ley general para atender el desplazamiento interno deja las respuestas gubernamentales en el terreno de la discrecionalidad. "Las acciones quedan en el marco de la buena voluntad", señalaron los activistas, subrayando la vulnerabilidad extrema en que se encuentran estas comunidades.
La ausencia de legislación específica impide que las víctimas accedan a mecanismos de protección, reparación del daño o garantías de retorno seguro a sus lugares de origen. Esta laguna jurídica convierte cada caso en una negociación ad hoc con autoridades que no tienen obligaciones claras ni presupuestos etiquetados.
El fenómeno del desplazamiento forzado se ha intensificado en los últimos años en la región montañosa de Guerrero, donde grupos armados disputan territorios y rutas estratégicas. Las familias afectadas enfrentan no solo la pérdida de sus hogares y medios de subsistencia, sino también la desintegración de sus tejidos comunitarios.
Las organizaciones civiles insisten en que sin un marco normativo federal que reconozca el problema y establezca responsabilidades institucionales, las víctimas seguirán dependiendo de la voluntad política coyuntural de cada administración, perpetuando su condición de invisibilidad y desamparo.