El gobierno de México ha lanzado una contundente solicitud a Estados Unidos para revocar el asilo concedido al juez José Ulises Bernabé García y proceder con su extradición, argumentando que su testimonio en el caso Ayotzinapa fue falso y que su vida nunca estuvo en riesgo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum detalló en su conferencia matutina que la petición se basa en la declaración del juez, quien habría negado la presencia de los estudiantes de Ayotzinapa en las instalaciones bajo su custodia la noche de los hechos. "Estamos insistiendo en que le quiten el asilo al juez de barandilla del caso Ayotzinapa, a Ulises Bernabé, porque no tiene por qué tenerlo porque nunca estuvo en riesgo su vida y declaró falsamente que los estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron ahí. Y estamos pidiendo su extradición", afirmó la mandataria.

José Ulises Bernabé García fungía como asesor jurídico de barandilla en la Comandancia de la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, durante la fatídica noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa desaparecieron en circunstancias aún bajo investigación.

En el contexto de la persistente búsqueda de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, organizaciones como Amnistía Internacional han señalado que, a pesar de algunos avances, como la detención del exgobernador Ángel Aguirre Rivera, aún quedan pendientes procesos cruciales. Entre ellos, la extradición de figuras clave como Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, prófugo en Israel, y el propio Ulises Bernabé, cuya cooperación podría arrojar luz sobre el paradero de los 43 normalistas.

La implicación de Bernabé García en la noche de la desaparición ha sido detallada en testimonios recabados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Un acta circunstanciada de mayo de 2015, que recoge la entrevista con el ex subdirector de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, revela la presencia de Bernabé García en la Comandancia.

Según el relato de Salgado Valladares, al llegar a la Comandancia alrededor de las 22:00 horas, observó entre 16 y 17 personas detenidas, cuyos rostros estaban cubiertos con sus playeras. Al interrogar al entonces responsable de barandilla, José Ulises Bernabé García, este confirmó que se trataba de estudiantes de Ayotzinapa y que estaban a la espera de ser ingresados a las celdas.

El testimonio añade que, tras la llegada de otros mandos y policías de Cocula, incluyendo a César Nava e Ignacio Aceves, se produjo una breve conversación entre Nava y Bernabé García. Posteriormente, Nava informó a Salgado Valladares que, por "orden de arriba", se llevaría a los jóvenes detenidos. La escena descrita por Salgado Valladares subraya la confusión y la posible participación de autoridades locales y de Cocula en el traslado de los estudiantes.

"Los policías de Cocula llevaban cascos y pasamontañas y los estudiantes llevaban cubierto el rostro con sus playeras, algunos iban esposados y otros llevaban las manos en la nuca, 16 o 17 aproximadamente, porque no los conté estaba oscuro, después de que se retiraron salió el oficial de Barandilla, José Ulises Bernabé García y me dijo ‘Comandante yo no quiero problemas, yo no quiero broncas’, desconozco que le haya dicho César Nava", relató Salgado Valladares, evidenciando la tensión y el posible temor del juez de barandilla.

La postura del gobierno mexicano, ahora encabezado por Claudia Sheinbaum, busca cerrar el círculo sobre las responsabilidades en uno de los casos más dolorosos y emblemáticos de la historia reciente del país. La solicitud de extradición y revocación de asilo para Bernabé García se suma a los esfuerzos por esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a todos los implicados.

Este caso pone de manifiesto las complejidades inherentes a la investigación de crímenes de lesa humanidad y la cooperación internacional necesaria para garantizar que nadie quede impune. La administración actual parece decidida a presionar por la rendición de cuentas, incluso cuando los implicados han buscado refugio en el extranjero.

La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha sido un punto de inflexión en la percepción pública sobre la seguridad y la justicia en México. La persistencia de las familias y la presión de la sociedad civil han sido fundamentales para mantener el caso en la agenda pública y exigir respuestas concretas a las autoridades.

La administración de Sheinbaum, al igual que la anterior, enfrenta el desafío de desentrañar la verdad completa detrás de esta tragedia, un objetivo que requiere no solo la colaboración de las agencias de seguridad y justicia, sino también la voluntad política para confrontar posibles complicidades y encubrimientos a distintos niveles.

La solicitud de extradición de Ulises Bernabé García es un paso más en la larga y ardua búsqueda de justicia. La respuesta de las autoridades estadounidenses será crucial para determinar el avance de las investigaciones y la posibilidad de obtener testimonios directos de quienes estuvieron en el centro de los acontecimientos.

En este escenario, la transparencia y la cooperación bilateral se vuelven esenciales. El caso Ayotzinapa sigue siendo una herida abierta en el tejido social mexicano, y cada acción que contribuya a esclarecer los hechos es un paso necesario hacia la reconciliación y la memoria histórica.

La insistencia del gobierno mexicano en la extradición de Bernabé García subraya la determinación de la administración actual por abordar las lagunas en la investigación y obtener información que pueda ser vital para resolver el misterio de la desaparición de los 43 normalistas.