México ha implementado una reforma a la Ley de Inversión Extranjera con el objetivo de ejercer un control más estricto sobre el capital foráneo en sectores considerados vitales para la seguridad nacional. La reciente aprobación en el Senado establece un mecanismo de revisión, condicionamiento e incluso impedimento para ciertas adquisiciones. Sin embargo, especialistas advierten que el umbral del 49% para la activación de esta revisión obligatoria es considerablemente alto, dejando "rendijas" por donde podría colarse inversión de riesgo.

Un análisis del Center for International Private Enterprise (CIPE) y el CELIS Institute, titulado "Mexico’s Road to Investment Screening: FDI Trends, Regulatory Gaps, and Policy Recommendations", critica que el porcentaje establecido para la revisión obligatoria sea tan elevado. Los expertos sugieren que un umbral de entre 10% y 25%, similar al que aplican otras economías avanzadas, sería más adecuado para salvaguardar los intereses nacionales.

El Umbral del 49%: ¿Suficiente Protección?

La reforma estipula que la revisión obligatoria se activa bajo tres condiciones simultáneas: que el inversionista extranjero busque adquirir más del 49% del capital de una empresa mexicana; que los activos de la operación superen un monto determinado por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE); y que la empresa opere en actividades consideradas sensibles. Estas últimas abarcan infraestructura estratégica, tecnologías críticas, productos de doble uso, insumos fundamentales, seguridad alimentaria y acceso a información sensible.

El reporte de CIPE y CELIS considera que este umbral del 49% es "excesivamente alto". Argumentan que una participación minoritaria, incluso por debajo de este porcentaje, puede conferir una influencia significativa en las decisiones corporativas, el acceso a tecnología o información confidencial, sin necesidad de poseer la mayoría del capital.

Como ejemplo, se cita el caso de Fernando Chico Pardo, quien con una participación del 25% en Grupo Financiero Banamex, asumió la presidencia del Consejo de Administración y se convirtió en el mayor accionista privado individual. Si bien se trata de capital mexicano, el caso ilustra cómo una minoría accionaria puede ir acompañada de un poder de decisión considerable.

Asesoría de Estados Unidos y Mecanismos de Revisión

El desarrollo de este mecanismo de revisión de inversiones en México no es un hecho aislado, sino que cuenta con un trasfondo de cooperación bilateral con Estados Unidos. El Departamento de Estado de EE.UU. ha señalado en su informe "Investment Climate Statement for Mexico 2026" la existencia de un Memorándum de Intención firmado en diciembre de 2023 entre las Secretarías de Hacienda de ambos países, enfocado en el intercambio de mejores prácticas en materia de revisión de inversiones y seguridad nacional.

De acuerdo con el informe, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha brindado asistencia técnica sustancial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México para el establecimiento de un mecanismo de revisión de inversiones análogo al Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS). El CFIUS es la entidad encargada en EE.UU. de examinar las inversiones y adquisiciones extranjeras por sus potenciales implicaciones para la seguridad nacional.

Esta colaboración subraya la influencia de modelos internacionales en el diseño de políticas de inversión, aunque el alcance y la efectividad del mecanismo mexicano dependerán, en última instancia, de su propia legislación y su implementación.

Más Allá de las Adquisiciones: Proyectos Greenfield y Certidumbre

El análisis de CIPE y CELIS identifica otra área de mejora: la exclusión de los proyectos "greenfield" de la revisión obligatoria. Estos proyectos, que implican la creación de nuevas instalaciones o plantas desde cero por parte de un inversionista extranjero, representan una porción considerable de la inversión total. Según datos del estudio, los proyectos greenfield anunciados en México sumaron alrededor de 45,000 millones de dólares en 2024, en contraste con los aproximadamente 5,300 millones destinados a adquisiciones de empresas ya existentes.

Los autores del reporte recomiendan incluir expresamente estos proyectos en el escrutinio de seguridad nacional, especialmente cuando involucren sectores estratégicos o inversionistas controlados por Estados extranjeros. La ausencia de un examen integral de estos proyectos se considera una deficiencia en el esquema mexicano actual.

Además, la claridad en las reglas es fundamental para generar certidumbre entre las empresas. Un análisis del Observatorio Global de la Cámara de Diputados advierte que las categorías amplias de actividades consideradas "sensibles" pueden generar incertidumbre si carecen de criterios precisos o si sus definiciones cambian de manera impredecible.

Se menciona como ejemplo la herramienta de consulta voluntaria utilizada en España, que permite a las empresas obtener un pronunciamiento previo sobre la aplicabilidad de las regulaciones de seguridad nacional a sus operaciones. Este tipo de mecanismos podría aportar mayor predictibilidad y seguridad jurídica a los inversionistas en México.

Implicaciones y Perspectivas

La reforma a la Ley de Inversión Extranjera representa un esfuerzo por parte de México para alinear su marco regulatorio con las tendencias globales de escrutinio de inversiones extranjeras, particularmente en lo que respecta a la seguridad nacional. La influencia de modelos como el CFIUS de Estados Unidos es evidente en el diseño del mecanismo.

Sin embargo, las críticas sobre el umbral del 49% y la exclusión de proyectos greenfield sugieren que el marco actual podría no ser tan robusto como se pretende. La posibilidad de que participaciones minoritarias estratégicas queden fuera de la revisión obligatoria, así como la falta de escrutinio sobre nuevas inversiones de gran envergadura, plantean interrogantes sobre la efectividad real de la reforma para blindar sectores sensibles.

La recomendación de reducir el umbral y de incluir proyectos greenfield, junto con la necesidad de mayor claridad y predictibilidad en las definiciones de "actividades sensibles", apunta a la necesidad de ajustes futuros para fortalecer el sistema de revisión de inversiones en México. La implementación y la posible evolución de estas regulaciones serán cruciales para determinar el impacto a largo plazo en el flujo de inversión extranjera y en la seguridad económica del país.

En el contexto económico actual, donde la atracción de inversión es clave para el desarrollo, México se enfrenta al desafío de equilibrar la apertura a capitales con la protección de sus intereses estratégicos. La reforma es un paso en esa dirección, pero las "rendijas" identificadas por los especialistas sugieren que el camino hacia un escrutinio integral y efectivo aún presenta desafíos.