Mariela Castro, hija del exgobernante cubano Raúl Castro, declaró que nadie logrará detener a su padre tras la acusación formal presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La funcionaria cubana rechazó categóricamente cualquier posibilidad de que las autoridades estadounidenses puedan ejecutar una orden de captura contra el exmandatario.

El Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos formales contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos aeronaves civiles ocurrido en febrero de 1996. El incidente resultó en la muerte de cuatro tripulantes que formaban parte de la organización Hermanos al Rescate, grupo que realizaba operaciones de búsqueda de balseros cubanos en el Estrecho de Florida.

Las acusaciones se fundamentan en el papel que Castro habría desempeñado como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba en el momento del incidente. Según la versión estadounidense, aviones de combate MiG-29 cubanos interceptaron y derribaron las avionetas Cessna en espacio aéreo internacional, provocando la muerte inmediata de los cuatro ocupantes.

La respuesta de Mariela Castro refleja la postura oficial del gobierno cubano, que históricamente ha defendido la acción militar como una medida de protección de la soberanía nacional. Las autoridades de la isla sostienen que las aeronaves habían violado repetidamente el espacio aéreo cubano en operaciones previas.

El caso reabre un capítulo de tensión histórica entre Washington y La Habana, en momentos en que las relaciones bilaterales atraviesan un periodo de distanciamiento. La acusación formal contra un exdirigente de alto nivel representa un movimiento inusual en la política exterior estadounidense hacia Cuba.

Expertos en derecho internacional señalan que la ejecución de cualquier orden de arresto contra Castro enfrenta obstáculos prácticos significativos, considerando que el exmandatario de 94 años permanece en territorio cubano bajo protección del Estado insular.

El incidente de 1996 generó en su momento una crisis diplomática que derivó en el endurecimiento de las sanciones económicas contra Cuba mediante la Ley Helms-Burton. Las familias de las víctimas han mantenido durante casi tres décadas una campaña legal para obtener justicia por los hechos.