Brenda Valenzuela Gil, madre buscadora, ha lanzado una dura denuncia contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por lo que califica como "violencia institucional" y "revictimización" en el caso de la desaparición de su hijo Carlos Emilio Galván Valenzuela, ocurrida en Mazatlán, Sinaloa, el pasado 5 de octubre de 2025.
La CEAV, que asumió la atención del caso desde octubre de 2025, se ha negado a cubrir en su totalidad los gastos necesarios para continuar con la búsqueda, a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó explícitamente el apoyo económico para las víctimas. Esta negativa ha obligado a la señora Valenzuela a emprender una batalla legal, interponiendo un juicio de amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
LA LUCHA POR RECURSOS ESENCIALES
El amparo busca reclamar el acceso a medidas de ayuda y asistencia, incluyendo gastos de traslado, hospedaje y alimentación, elementos cruciales para que la madre pueda seguir buscando a su hijo. El juzgado, en un primer momento, concedió una suspensión definitiva, ordenando a la CEAV garantizar estos recursos. Sin embargo, la Comisión ha decidido interponer un recurso de revisión contra esta determinación, prolongando la agonía de la familia.
"Esta actitud no es solo una falta administrativa; es violencia institucional y una victimización secundaria que añade una carga insostenible a mi camino como madre", declaró Brenda Valenzuela, visiblemente afectada por la situación. Sostuvo que la falta de recursos económicos no debe ser un obstáculo para encontrar a Carlos Emilio y exhortó a las autoridades a cumplir con la Ley General de Víctimas.
La representación legal de la familia ha señalado que la decisión de la CEAV de impugnar la resolución judicial representa una carga adicional para una víctima que ya enfrenta el dolor y la incertidumbre de la desaparición de su hijo. La burocracia y la falta de empatía institucional parecen ser tan grandes como la propia tragedia.
EL CASO CARLOS EMILIO
Carlos Emilio Galván Valenzuela desapareció el 5 de octubre de 2025, mientras se encontraba con familiares en el restaurante-bar Terraza Valentino, ubicado en la Zona Dorada de Mazatlán. El joven se levantó de la mesa para ir al baño y nunca regresó. Este hecho, que debió ser atendido con celeridad y eficacia por las autoridades, se ha convertido en una pesadilla interminable para su madre.
La Fiscalía General del Estado de Sinaloa inició una investigación por privación de la libertad, realizando cateos y asegurando material de videograbación. A pesar de las diligencias, y de que en diciembre de 2025 se manejaron versiones sobre posibles traslados del joven, Carlos Emilio continúa sin ser localizado. La familia, en su desesperación, incluso exploró la posibilidad de que su hijo pudiera estar entre los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en la región de El Verde, Concordia.
Posteriormente, la investigación fue atraída por la Fiscalía General de la República, en un intento por darle un nuevo impulso, pero los resultados siguen siendo esquivos.
LA BÚSQUEDA TRASCIENDE FRONTERAS
Ante la falta de avances significativos en el ámbito local, la familia de Carlos Emilio decidió llevar su búsqueda más allá de las fronteras de Sinaloa. En noviembre de 2025, familiares viajaron a Washington D.C., Estados Unidos, donde colocaron carteles con la imagen del joven frente a sitios emblemáticos, incluyendo el Capitolio, en un esfuerzo por difundir su desaparición a nivel internacional.
La señora Valenzuela también ha buscado audiencias y respuestas en el corazón del poder en México. Acudió a Palacio Nacional en diciembre de 2025 y, en julio de este año, se manifestó en Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México, para exigir avances concretos en la investigación. Sin embargo, a más de 10 meses de la desaparición, la respuesta oficial ha sido insuficiente y, en el caso de la CEAV, francamente hostil.
"Cada día que la CEAV pasa litigando contra mí, es un tiempo valioso que me roban para lograr nuestro reencuentro", sentenció Brenda Valenzuela, evidenciando la frustración y el desgaste emocional que implica esta lucha paralela. La búsqueda de un ser querido es ya una carga insoportable; enfrentarse a la ineficiencia y la resistencia institucional la convierte en una pesadilla.
En el contexto de la inseguridad que azota al país, casos como el de Carlos Emilio y la lucha de su madre visibilizan no solo la violencia que sufren las familias de desaparecidos, sino también las fallas sistémicas en la atención y el apoyo a las víctimas. La revictimización por parte de las propias instituciones encargadas de brindar protección y asistencia es un reflejo de la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa México.
La Ley General de Víctimas establece claramente las obligaciones del Estado para garantizar la atención, asistencia, protección y el derecho a la verdad, justicia y reparación integral a las víctimas. Sin embargo, la experiencia de Brenda Valenzuela sugiere que, en la práctica, el acceso a estos derechos se ve obstaculizado por la burocracia, la falta de voluntad política y, en casos como este, por una aparente hostilidad institucional que agrava el sufrimiento de quienes ya han perdido todo.
La persistencia de la señora Valenzuela, a pesar de los obstáculos, es un testimonio de la fuerza de las madres buscadoras en México, quienes se han convertido en el principal motor de búsqueda ante la inacción o ineficacia de las autoridades. Su lucha no es solo por Carlos Emilio, sino por todas las familias que viven la angustia de la desaparición y que merecen un apoyo real y efectivo, no una batalla legal por lo básico.
El caso pone de manifiesto la urgencia de reformar y fortalecer los mecanismos de atención a víctimas, asegurando que las instituciones cumplan con su mandato de manera eficiente, transparente y, sobre todo, humana. La revictimización de las víctimas de desaparición forzada es inaceptable y debe ser erradicada del sistema de justicia mexicano.