AGRESION BRUTAL EN DOMICILIO
La activista y madre buscadora Beatriz Uscanga ha denunciado un violento ataque perpetrado en su propio hogar en Veracruz, donde hombres encapuchados la golpearon y la hirieron con una navaja en el abdomen. El incidente, ocurrido la madrugada del miércoles 23 de septiembre, pone de manifiesto la grave inseguridad que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos en México y la alarmante ineficacia de los mecanismos de protección oficiales.
Uscanga relató que los agresores forzaron la entrada de su vivienda alrededor de la 1:15 de la madrugada. A pesar de encontrarse en su domicilio junto a su madre e hija, y de haber solicitado ayuda al número de emergencias 911 en dos ocasiones, ninguna patrulla policial acudió al lugar. La activista describió cómo los sujetos, que portaban pasamontañas y vestían de negro, lograron derribar el marco de la puerta y acceder a la casa. Una vez dentro, la golpearon en el rostro y, en un acto de extrema violencia, uno de ellos la hirió con una navaja en el vientre, provocándole dos cortes.
INACCION POLICIAL Y FALTA DE PROTECCION
Lo más indignante del suceso es que Beatriz Uscanga contaba con medidas de protección, otorgadas supuestamente para salvaguardar su integridad ante las amenazas que ha recibido. "Se supone que tengo protección", reclamó Uscanga, evidenciando la burla que representa el sistema de seguridad para quienes están en riesgo. La policía, según su testimonio, no se presentó hasta horas después del ataque, y los elementos que finalmente llegaron parecían desconocer la gravedad de la situación. Tomaron fotografías de las heridas y los golpes, prometiendo dar seguimiento en la Fiscalía, pero la sensación de abandono y vulnerabilidad es palpable.
La madre buscadora sospecha que el ataque no fue un robo, ya que los agresores no sustrajeron objetos de valor de su casa. Todo apunta a que la agresión fue directa y personal, motivada por su incansable labor de búsqueda y las denuncias que ha realizado contra la ineficiencia y la corrupción en los procesos de investigación de desapariciones.
ANTECEDENTES DE AMENAZAS Y UN PRIMER ATAQUE
Este no es el primer incidente que sufre Beatriz Uscanga. Las amenazas en su contra se intensificaron tras iniciar la búsqueda de su hijo Sebastián, quien desapareció en Jalisco el 4 de septiembre de 2025, a la edad de 18 años, tras acudir a una supuesta oferta de empleo. En noviembre de 2025, Uscanga ya había sido agredida en Jalisco, recibiendo golpes y advertencias directas para que abandonara el estado. A su regreso a Veracruz, las intimidaciones continuaron, incluyendo la colocación de coronas de difuntos afuera de su domicilio y mensajes amenazantes en su puerta, hechos de los cuales, asegura, las autoridades ministeriales, la Fiscalía y el municipio estaban al tanto.
La activista ha sido una voz crítica ante las "malas diligencias" y la falta de resultados en la búsqueda de personas desaparecidas, lo que la ha llevado a confrontar a las autoridades en diversas ocasiones. Su labor se ha centrado también en denunciar el reclutamiento forzado de jóvenes, un fenómeno que azota a varias regiones del país y que, a menudo, queda impune.
UN PUNTO DE QUEBRE Y RESPONSABILIDAD
Beatriz Uscanga ha declarado que este segundo ataque representa un "punto de quiebre" y que no piensa dejarlo pasar. "Creo que esto que me pasó ya es un ataque directo y ya es el segundo y no lo voy a dejar pasar", afirmó con determinación. Ante la evidente falta de protección y la recurrencia de la violencia, Uscanga lanzó una advertencia directa a quienes tienen la responsabilidad de su seguridad: "Lo que me pase, yo los hago responsables a ellos en su totalidad".
La situación de Uscanga es un reflejo desolador de la realidad que enfrentan miles de madres y padres buscadores en México. La persistencia de la violencia, la impunidad y la ausencia del Estado en garantizar la seguridad de quienes buscan justicia, pintan un panorama sombrío para los derechos humanos en el país. La comunidad de madres buscadoras ha sido una de las pocas fuerzas que ha logrado mover conciencias y exigir respuestas ante la crisis de desapariciones, pero el costo personal y el riesgo que asumen son inmensos.
EL CONTEXTO DE LA INSEGURIDAD EN VERACRUZ
Veracruz, como muchas otras entidades federativas, ha enfrentado desafíos significativos en materia de seguridad. A pesar de los esfuerzos y discursos oficiales, los índices de violencia, secuestros y desapariciones continúan siendo una preocupación latente. La presencia de grupos delictivos organizados y la presunta complicidad o ineficacia de algunas autoridades locales han generado un clima de impunidad que permite que actos como el sufrido por Beatriz Uscanga queden, en muchos casos, sin resolver.
La labor de las madres buscadoras, que a menudo suplen la inoperancia de las fiscalías y las comisiones de búsqueda, las expone directamente a quienes podrían estar involucrados en las desapariciones o en la protección de los perpetradores. La falta de resultados tangibles en la localización de personas desaparecidas y la ausencia de justicia para las víctimas y sus familias, solo alimentan la desesperación y la vulnerabilidad de quienes, como Uscanga, se niegan a claudicar.
IMPLICACIONES Y REACCIONES ESPERABLES
Este ataque, sin duda, generará una ola de indignación y preocupación en la sociedad civil y entre organizaciones de derechos humanos. Se espera que haya llamados urgentes a las autoridades estatales y federales para que investiguen a fondo el ataque, identifiquen y detengan a los responsables, y garanticen la seguridad de Beatriz Uscanga y su familia. La exigencia de que se cumplan las medidas de protección y se fortalezcan los mecanismos de apoyo a los buscadores será, previsiblemente, más fuerte.
La comunidad de madres buscadoras, que ha demostrado una gran resiliencia y capacidad de movilización, probablemente emitirá comunicados contundentes y podría organizar protestas para visibilizar el caso y exigir justicia. La presión mediática y social será clave para que las autoridades no minimicen el incidente y actúen con la debida diligencia.
LA LUCHA CONTINUA
Beatriz Uscanga ha declarado que no se detendrá y que seguirá denunciando las irregularidades y la violencia que enfrenta. Su valentía, a pesar de las circunstancias adversas, es un testimonio de la fuerza de las víctimas y de la urgencia de atender la crisis de desapariciones en México. La pregunta que queda en el aire es si las autoridades, ante este grave suceso, finalmente tomarán cartas en el asunto y ofrecerán la protección y la justicia que merecen quienes buscan a sus desaparecidos.
La narrativa oficial sobre la pacificación del país contrasta brutalmente con la experiencia de activistas como Uscanga. Este ataque es una dolorosa confirmación de que la lucha por la verdad y la justicia en México está plagada de peligros y que la protección de quienes la encabezan es, en muchos casos, una promesa vacía.
UN LLAMADO URGENTE A LA ACCION
La agresión a Beatriz Uscanga no puede quedar impune. Es un llamado urgente a la reflexión sobre el estado de la seguridad en México y sobre la efectividad de las políticas públicas destinadas a proteger a los ciudadanos, especialmente a aquellos que alzan la voz contra la injusticia. La sociedad civil organizada y los organismos internacionales de derechos humanos estarán observando de cerca la respuesta de las autoridades veracruzanas y federales ante este grave atentado contra una defensora de derechos humanos.
La exigencia de justicia para Sebastián y para todos los desaparecidos resuena con más fuerza tras este ataque. La labor de las madres buscadoras es fundamental para la memoria histórica y para la reconstrucción del tejido social, pero no puede seguir siendo un camino sembrado de riesgos y de abandono institucional. Es hora de que las promesas de protección se traduzcan en acciones concretas y efectivas.