El Congreso de San Luis Potosí ha dado un giro de 180 grados y ha decidido derogar la polémica reforma conocida como "Ley Serrano", aprobada en noviembre de 2025 a propuesta del diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés. Esta ley, que buscaba tipificar como delito el uso indebido de la inteligencia artificial con penas de hasta seis años de cárcel, enfrentó una fuerte oposición de la sociedad civil y de diversos actores políticos, lo que finalmente orilló a los legisladores a revertir su decisión.

La iniciativa original, que generó un amplio debate sobre los límites y alcances de la regulación tecnológica, fue criticada por organizaciones como Artículo 19, quienes argumentaron que podría ser utilizada para coartar la libertad de expresión y el acceso a la información. La presión ejercida por estas organizaciones, sumada a la intervención de figuras políticas clave, culminó en la publicación del dictamen que propone la derogación de la ley.

Es particularmente llamativo que, de las cuatro propuestas presentadas para echar abajo la "Ley Serrano", una fue impulsada directamente por la organización Artículo 19, defensora de los derechos digitales y la libertad de prensa. Sin embargo, lo que añadió un matiz inesperado a la situación fue la participación del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, quien también promovió una de las iniciativas para revocar la reforma.

La intervención del gobernador Gallardo en la derogación de la "Ley Serrano" subraya la complejidad de las alianzas y las presiones políticas en el ámbito estatal. Si bien la reforma original buscaba, en teoría, regular el uso de tecnologías emergentes, su aplicación y las posibles consecuencias para los ciudadanos generaron alarma. La decisión de Gallardo de sumarse a los esfuerzos de derogación podría interpretarse de diversas maneras, desde una respuesta a la presión social hasta una estrategia política para distanciarse de una iniciativa impopular.

En el contexto de la rápida evolución de la inteligencia artificial y su creciente integración en diversos aspectos de la vida pública y privada, la "Ley Serrano" representaba un intento temprano, y a la postre fallido, de establecer un marco legal restrictivo. La reversa de esta ley abre la puerta a un debate más amplio sobre cómo México debe abordar la regulación de la IA, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos ciudadanos y el fomento de la innovación tecnológica.

La derogación de la "Ley Serrano" no solo representa una victoria para los grupos que abogaban por la no criminalización del uso de la IA, sino que también plantea interrogantes sobre el proceso legislativo y la capacidad de respuesta del Congreso de San Luis Potosí ante la opinión pública y las organizaciones de la sociedad civil. La experiencia de esta ley servirá, sin duda, como un caso de estudio para futuras discusiones sobre regulación tecnológica en el país.

Por otro lado, en el ámbito electoral, el consejero del INE, Uuc-kib Espadas, ha propuesto una medida que podría complicar el panorama para los candidatos a diputados plurinominales en 2027. Su intención es implementar una doble boleta para diputados federales, obligando así a los "pluris" a realizar campaña. Según Espadas, el modelo actual de boleta única, que vincula el voto por mayoría relativa y representación proporcional, limita el derecho al voto libre. La implementación de esta doble boleta, aunque viable jurídicamente, incrementaría significativamente los costos de producción de las papeletas electorales, estimándose un aumento de hasta 300 millones de pesos.

En la Ciudad de México, la era de la licencia de conducir permanente está llegando a su fin. El secretario de Finanzas de la capital, Juan Pablo de Botton, anunció que a partir de 2027 dejará de emitirse este beneficio, que ha sido muy popular entre los automovilistas. Quienes deseen obtenerla aún podrán hacerlo durante los últimos meses de 2026, por lo que se hace un llamado a los conductores a apresurarse. La decisión del gobierno de Clara Brugada de poner fin a la licencia permanente deja abierta la pregunta sobre las razones detrás de esta medida.

La violencia en el centro de la Ciudad de México parece resurgir con la misma fuerza con la que se disipó durante el Mundial. Tras un periodo de aparente tranquilidad en zonas como el Centro Histórico y Tepito, que atrajeron a turistas interesados en el llamado "turismo negro", los homicidios han vuelto a registrarse. En menos de 24 horas, se han documentado dos asesinatos, el más reciente el de Édgar Iván Herrera, presuntamente vinculado a "La Unión Tepito", ocurrido a plena luz del día cerca de la Plaza de Santo Domingo.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido un comunicado para reiterar información pública sobre el caso de Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, quien se encuentra preso. La FGR se deslindó de la situación del exmandatario, argumentando que la Constitución prevé la prisión preventiva para los delitos que se le imputan. En un esfuerzo por disipar las acusaciones de persecución política, la fiscalía, bajo la dirección de Ernestina Godoy, ha insistido en que el caso no obedece a motivaciones políticas.

Finalmente, un incidente inusual ha puesto en entredicho la seguridad y el orden en el transporte público de la capital. Decenas de usuarios de la estación Ayuntamiento de la Línea 1 del Metrobús fueron testigos de una riña entre dos mujeres vestidas de policías. Pronto se aclaró que se trataba de dos policías auxiliares asignadas a la vigilancia de la estación, quienes dirimían sus diferencias a golpes. Ambas han declarado ante sus superiores, y se espera que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informe sobre las consecuencias de este altercado.

La derogación de la "Ley Serrano" en San Luis Potosí es un recordatorio de la importancia de un debate público informado y de la influencia de la sociedad civil en la configuración de las políticas públicas, especialmente en áreas tan sensibles como la regulación tecnológica. La forma en que se aborde la inteligencia artificial en el futuro definirá en gran medida el panorama digital y los derechos de los ciudadanos en México.

Este caso también pone de manifiesto la necesidad de que los legisladores realicen análisis exhaustivos de las propuestas, considerando no solo las intenciones declaradas, sino también las posibles repercusiones y los riesgos de abuso. La "Ley Serrano" se suma a la lista de reformas que, tras una rápida aprobación, enfrentan la revisión y corrección ante la presión social y la evidencia de sus potenciales efectos negativos.

La participación del gobernador Ricardo Gallardo en la derogación de la ley añade una capa de complejidad política. Su postura podría ser vista como una adaptación a las demandas ciudadanas o como un movimiento estratégico para capitalizar el descontento popular. En cualquier caso, su involucramiento subraya la dinámica de poder y negociación que caracteriza al ámbito político de San Luis Potosí.

La "Ley Serrano" se convierte así en un ejemplo de cómo las iniciativas legislativas, incluso aquellas con intenciones aparentemente legítimas, pueden generar controversia y ser revertidas ante la movilización social y la crítica fundamentada. El futuro de la regulación de la inteligencia artificial en México dependerá de un diálogo continuo y constructivo entre gobierno, sociedad civil y sector tecnológico.