ADVERTENCIA DE EXPERTOS

La Ciudad de México podría enfrentar un panorama inmobiliario aún más complicado si se aprueba la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, impulsada por el gobierno capitalino. Diversos expertos y legisladores han encendido las alarmas, señalando que la propuesta, lejos de solucionar el acceso a la vivienda, podría generar el efecto contrario: desincentivar la oferta de alquiler y, consecuentemente, disparar los precios.

La iniciativa, presentada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, busca imponer límites a los precios de las rentas, una medida que, según los críticos, interfiere directamente con la propiedad privada y los acuerdos de voluntades entre arrendadores y arrendatarios. El abogado constitucionalista José Luis Matabuena cuestionó la lógica detrás de pretender fijar el mismo costo de renta para un nuevo inquilino cuando el anterior deja el inmueble, calificándolo de "absurdo" y una extralimitación del gobierno en asuntos de propiedad privada.

EL RIESGO DE LA ESCASEZ

El temor principal radica en que las nuevas obligaciones impuestas a los propietarios de inmuebles en renta los desalienten de continuar ofreciendo sus propiedades en el mercado. Esto, argumentan los especialistas del sector inmobiliario, inevitablemente conducirá a una menor disponibilidad de viviendas para alquilar. La ley de la oferta y la demanda dictaría entonces que, ante una menor oferta, los precios de las rentas existentes se verán forzados a aumentar, haciendo aún más difícil para estudiantes, trabajadores, familias y migrantes encontrar un lugar digno y asequible donde vivir en la capital.

Las consecuencias de esta potencial escasez podrían obligar a quienes buscan renta a extender sus búsquedas hacia las periferias de la ciudad. Esto no solo implicaría un aumento en los gastos de transporte, sino también una pérdida significativa de tiempo productivo debido a los largos traslados diarios, afectando la calidad de vida y la eficiencia de los habitantes.

OPOSICIÓN EN EL CONGRESO

Las bancadas de oposición en el Congreso de la Ciudad de México han manifestado su rechazo a la iniciativa tal como está planteada. Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) adelantaron que votarán en contra, argumentando que las políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda deben enfocarse en aumentar su disponibilidad, no en imponer restricciones que agraven la escasez.

Andrés Atayde, coordinador de los diputados del PAN, señaló que, si bien la iniciativa puede tener buenas intenciones, su formulación actual generaría escasez de oferta, incremento de precios e incertidumbre jurídica. El PAN, indicó, presentará reservas para intentar modificar la propuesta y buscar construir una iniciativa que realmente beneficie la oferta de vivienda y, por ende, los precios.

Por su parte, Jesús Sesma, líder del PVEM en la CDMX, y los diputados de su partido, también advirtieron que no respaldarán la propuesta en su estado actual. Consideran necesario revisar al menos nueve artículos clave y estudiar una contrapropuesta de su bancada para evitar que las nuevas reglas afecten la inversión inmobiliaria, frenen el desarrollo urbano o generen desconfianza entre inversionistas y buscadores de vivienda.

DETALLES DE LA PROPUESTA

La iniciativa fue publicada el 14 de octubre de 2026 y turnada a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Aún está pendiente de dictaminación y votación en el pleno.

Entre los puntos más destacados de la propuesta se encuentran:

  • Tope a las rentas: Imposición de límites al precio de los alquileres.
  • Garantías y cobros: Regulación de las fianzas y otros cobros asociados al arrendamiento.
  • No discriminación: Medidas para evitar prácticas discriminatorias en la renta de inmuebles.
  • Defensoría Gratuita: Creación de una Defensoría Gratuita dentro de la Procuraduría Social (Prosoc).
  • Registro digital de contratos: Obligatoriedad de registrar los contratos de arrendamiento ante la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).

SANCIONES PROPUESTAS

La iniciativa también contempla un régimen de sanciones tanto para propietarios como para inquilinos:

  • Para propietarios:
    • Multas de 11 mil 731 a 46 mil 924 pesos por aumentos de renta superiores al límite establecido.
    • Multas de 2 mil 932.75 a 5 mil 865.50 pesos por no entregar el contrato original.
    • Sanciones de uno a tres meses de renta por incumplimientos en el registro del contrato o su constancia.
  • Para inquilinos:
    • Multas de 5 mil 865.50 a 11 mil 731 pesos por uso no habitacional sin autorización expresa.
    • Multas de 5 mil 865.50 a 23 mil 462 pesos por realizar modificaciones no autorizadas en el inmueble.

El debate sobre esta ley apenas comienza, y las posturas encontradas sugieren un proceso legislativo complejo, donde las implicaciones económicas y sociales de la regulación de rentas serán el eje central de la discusión.