En un fallo que resuena con la memoria de una tragedia nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictaminado que los delitos asociados al incendio de la Guardería ABC, ocurrido en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009, son imprescriptibles. Esta decisión, que busca impartir justicia a pesar del paso del tiempo, desecha el recurso presentado por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien argumentaba que los delitos culposos imputados ya habían prescrito.
La Corte, en su resolución, enfatizó que ante graves violaciones a los derechos humanos, la acción penal no debe extinguirse. La magnitud del daño y sus repercusiones son los factores determinantes, independientemente de si la conducta fue dolosa o culposa, por acción u omisión. Este principio subraya la importancia de la rendición de cuentas en casos de esta naturaleza, donde la vida y la integridad de menores fueron brutalmente arrebatadas.
El caso se remonta a 2020, cuando Salazar Salazar fue vinculado a proceso por su presunta participación en los delitos de homicidio y lesiones culposas. La imputación se basó en omisiones en el ejercicio de sus funciones y la inobservancia de un deber de cuidado, aspectos cruciales en la cadena de responsabilidades que llevaron a la tragedia. La defensa del exfuncionario intentó argumentar la prescripción de los delitos culposos, una estrategia que la SCJN ha desestimado rotundamente.
La decisión de la SCJN no es un hecho aislado, sino que se alinea con precedentes establecidos por el propio tribunal en casos de violaciones graves a derechos humanos. La Corte ha reconocido previamente que los hechos de la Guardería ABC constituyen una vulneración severa de los derechos a la vida, a la salud y a la integridad física y emocional de 49 niñas y niños que perdieron la vida, además de dejar a muchos otros lesionados.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha jugado un papel fundamental en la caracterización de estos hechos. Dicha comisión, al igual que la propia Corte en análisis previos, concluyó que el incendio fue resultado de múltiples omisiones atribuibles a diversas autoridades del Estado, lo que agrava la responsabilidad de los funcionarios implicados y justifica la imprescriptibilidad de los delitos.
El incendio de la Guardería ABC, una tragedia que marcó a México, ocurrió en una guardería del esquema vecinal comunitario del IMSS. La falta de medidas de seguridad adecuadas, la ubicación en un predio con materiales inflamables y la negligencia de funcionarios públicos se conjugaron para crear el escenario de horror que cobró la vida de decenas de infantes.
La resolución de la SCJN envía un mensaje claro: la justicia, aunque lenta, prevalecerá. La imprescriptibilidad de los delitos en casos de violaciones graves a derechos humanos es un pilar fundamental para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido. Esto es especialmente relevante en un contexto donde la impunidad sigue siendo un desafío persistente en el sistema de justicia mexicano.
Este fallo también pone de relieve la importancia de la supervisión y el control de las instituciones públicas, particularmente aquellas encargadas del cuidado de menores. La vinculación de Salazar Salazar por omisiones subraya la necesidad de una vigilancia constante y de la aplicación rigurosa de las normativas para prevenir que tragedias como la de la Guardería ABC se repitan.
La comunidad de víctimas y familiares de los niños fallecidos han luchado incansablemente durante más de una década para obtener justicia. Esta decisión de la SCJN representa un avance significativo en esa larga batalla, ofreciendo un atisbo de esperanza y validación a su perseverancia.
Sin embargo, la lucha por la justicia completa aún no ha terminado. La imprescriptibilidad de los delitos abre la puerta a que se continúen los procesos judiciales contra otros presuntos responsables y a que se profundice en la investigación de las responsabilidades administrativas y penales de quienes, por omisión o acción, permitieron que esta tragedia ocurriera.
La SCJN, al confirmar que el caso ABC no prescribe, reafirma su compromiso con los derechos humanos y con la memoria de las víctimas. Es un recordatorio de que el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables, y de que la rendición de cuentas es un imperativo moral y legal.
Este fallo es un paso crucial para cerrar heridas y para sentar un precedente que fortalezca el Estado de derecho en México. La memoria de los 49 ángeles que se apagaron en la Guardería ABC exige que la justicia no conozca de plazos, y la SCJN ha escuchado ese clamor.