Omar Chávez, hijo del legendario pugilista mexicano Julio César Chávez, fue detenido el pasado 20 de mayo en Culiacán por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa. El boxeador enfrentó cargos por presuntos delitos de violencia familiar y lesiones, tras una denuncia presentada por su pareja.
El arresto ocurrió a las 8:53 de la mañana y Omar fue trasladado al Centro Penitenciario de Aguaruto. Sin embargo, tras su primera comparecencia ante el juez, se le permitió continuar su proceso legal en libertad, permaneciendo apenas un día bajo custodia.
En declaraciones a medios de comunicación, Julio César Chávez ofreció su versión de los hechos. El excampeón mundial señaló que la detención se originó por una discusión entre su hijo y su pareja, a quien describió como "conflictiva y tóxica". Según el relato del boxeador, durante el altercado la joven abofeteó a Omar y él respondió empujándola.
La pareja de Omar acudió posteriormente ante las autoridades para presentar una denuncia formal, alegando que había sido golpeada. "Se hizo una bola de nieve hasta que estalló", explicó Chávez, quien agregó que su hijo "no tenía nada que temer" y agradeció que ya estuviera de vuelta en casa.
La orden de aprehensión contra Omar se había dictado previamente debido a que presuntamente no atendió los llamados judiciales para enfrentar las acusaciones. El boxeador acudió finalmente a la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral, donde fue formalmente detenido.
Tras recuperar su libertad, Omar Chávez reapareció en redes sociales compartiendo contenido en Instagram. "Después de un año de pesadillas, Omar Chávez dijo que iba a volver y ha vuelto, gracias a Dios", escribió en sus historias. También publicó videos sobre el regreso de Mike Tyson al ring tras su encarcelamiento.
Aunque Julio César Chávez afirmó que "es un caso que ya está cerrado", las investigaciones continúan y Omar deberá enfrentar el proceso judicial. De acuerdo con el Código Penal de Sinaloa, los delitos de violencia familiar y lesiones pueden alcanzar penas de hasta seis años de prisión, con posibilidad de incrementarse si existen agravantes.