Un juez federal dictaminó prisión preventiva oficiosa contra cinco exfuncionarios municipales de Morelos señalados por delincuencia organizada y delitos contra la salud, en el marco de presuntos acuerdos con el Cártel de Sinaloa. La medida cautelar fue impuesta por el juez Alejandro Domínguez Villapudua desde Hermosillo, Sonora, durante una audiencia inicial realizada por videoconferencia.

Los detenidos son Agustín Toledano Amaro, alcalde de Atlatlahucan; Irving Sánchez Zavala, exalcalde de Yecapixtla; Horacio Zavaleta Malacara, exsecretario del Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan Espinoza Salinas, tesorero de ese mismo municipio; y Pablo Portillo Galicia, empresario y oficial mayor de Cuautla. Todos fueron trasladados al Cefereso número 11 en Hermosillo mientras se define su vinculación a proceso, prevista para el próximo jueves.

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada sostiene que los implicados sostuvieron una reunión en 2024 con Júpiter Araujo Bernard, alias "El Barbas", identificado como líder regional del Cártel de Sinaloa. Según la investigación federal, en ese encuentro se habría pactado financiamiento ilícito para campañas políticas a cambio de protección, impunidad y favores gubernamentales una vez que asumieran sus cargos públicos.

El caso se complica con la fuga de Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla, quien evadió el operativo del 20 de mayo y permanece prófugo. Las autoridades federales mantienen un despliegue activo para localizarlo dentro de la misma carpeta de investigación.

Por separado, Arisbel Rubí Vázquez Amaro, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan y presuntamente vinculada a los mismos hechos, permanece recluida en el Cefereso Femenil número 16 en Coatlán del Río, Morelos. La Fiscalía General de la República no ha informado sobre el avance de su audiencia inicial.

El escándalo alcanzó dimensión política cuando el senador morelense Víctor Mercado Salgado reconoció públicamente su cercanía con tres de los detenidos en Cuautla. El legislador admitió haber recibido apoyo de dichos exfuncionarios durante actos de campaña rumbo al Senado, lo que añade presión sobre la clase política local.

La Operación Enjambre evidencia la profundidad de la infiltración del crimen organizado en estructuras municipales de Morelos, un fenómeno que las autoridades federales califican como sistemático y que habría comprometido la gobernabilidad en al menos ocho municipios de la entidad. La audiencia del jueves será clave para determinar si los acusados enfrentan proceso formal por estos graves señalamientos.