IMPUNIDAD EN OAXACA: JUECES IGNORAN ORDEN SUPREMA
La justicia en Oaxaca parece tambalearse una vez más. Los jueces del primer tribunal colegiado en materia penal y del trabajo del 13 circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, han sido señalados de incurrir en desacato por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La familia Uruchurtu, representada por Sara y Elizabeth, ha alzado la voz para denunciar que estas resoluciones judiciales contravienen directamente las órdenes del máximo tribunal del país, liberando a un sujeto que, según sentencias previas, era responsable de la desaparición de la activista Claudia Uruchurtu.
Claudia Uruchurtu, defensora de derechos humanos, se encuentra ausente desde marzo de 2021. El caso ha estado marcado por controversias y ahora se agrava con la decisión de los jueces de San Bartolo Coyotepec. Johan Ricardo Matus Marcial, quien había sido sentenciado como autor intelectual de la desaparición de Claudia, ha recuperado su libertad. Esta liberación se produce a pesar de que la SCJN había ordenado al tribunal colegiado reexaminar el caso, específicamente en lo referente a la participación de Matus Marcial.
UN FALLO REVOCADO, UNA LIBERTAD INJUSTIFICADA
La situación se torna aún más confusa y preocupante. En agosto de 2025, un fallo previo que mantenía la sentencia contra Matus Marcial fue revocado. Sin embargo, la SCJN intervino posteriormente, ordenando una nueva revisión del caso. La expectativa era que esta revisión se llevara a cabo bajo los lineamientos de la Corte, pero la decisión final del tribunal colegiado de San Bartolo Coyotepec ha sido la de otorgar la libertad a Matus Marcial, lo que las hermanas Uruchurtu consideran un claro acto de desacato.
Este tipo de resoluciones judiciales generan un clima de profunda desconfianza en el sistema de justicia mexicano. La desaparición de activistas y defensores de derechos humanos es una problemática recurrente en diversas regiones del país, y la aparente impunidad o la lentitud en los procesos judiciales solo exacerban la vulnerabilidad de quienes alzan la voz contra injusticias.
EL CONTEXTO DE LA DESAPARICIÓN Y LA LUCHA FAMILIAR
Claudia Uruchurtu desapareció en marzo de 2021 en Oaxaca. Desde entonces, su familia ha emprendido una incansable lucha para dar con su paradero y para que los responsables sean llevados ante la justicia. La activista era conocida por su labor en defensa de los derechos humanos y por su activismo en diversas causas sociales.
La resolución del tribunal colegiado de San Bartolo Coyotepec, al liberar a Matus Marcial, no solo representa un revés para la familia Uruchurtu, sino que también envía un mensaje desalentador a la sociedad civil y a los defensores de derechos humanos. La percepción es que, a pesar de las órdenes de la SCJN, existen mecanismos dentro del propio sistema judicial que permiten la liberación de personas presuntamente implicadas en delitos graves.
ANTECEDENTES Y IMPLICACIONES DEL DESACATO
El desacato judicial, cuando se confirma, puede tener serias implicaciones. La SCJN tiene facultades para sancionar a los jueces que no cumplan con sus resoluciones. Sin embargo, el proceso para demostrar y sancionar el desacato puede ser largo y complejo, lo que a menudo permite que las decisiones controvertidas se mantengan en firme por un tiempo considerable.
En este caso particular, la familia Uruchurtu ha manifestado su intención de agotar todas las instancias legales para revertir la decisión y para que se respete la orden de la Suprema Corte. La lucha por la justicia en casos de desaparición y activismo social suele ser ardua y prolongada, enfrentando obstáculos tanto legales como de seguridad.
LA INSEGURIDAD Y LA IMPUNIDAD, UN BINOMIO PELIGROSO
La situación en Oaxaca, y en particular este caso, pone de manifiesto la persistente problemática de la inseguridad y la impunidad en México. La desaparición de personas, especialmente aquellas que defienden causas sociales, es un fenómeno que requiere atención urgente y una respuesta contundente por parte del Estado.
La liberación de Johan Ricardo Matus Marcial, bajo estas circunstancias, alimenta la percepción de que el sistema de justicia no siempre opera con la debida diligencia y que las órdenes de los tribunales superiores pueden ser, en la práctica, eludidas. Esto genera un ambiente de incertidumbre y temor, especialmente para aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos y que pueden convertirse en blancos de represalias.
¿QUÉ SIGUE PARA LA FAMILIA URUCHURTU?
Sara y Elizabeth Uruchurtu han declarado que no cejarán en su empeño por encontrar a Claudia y por asegurar que se haga justicia. Su siguiente paso será, previsiblemente, presentar los recursos legales correspondientes para impugnar la decisión del tribunal colegiado y solicitar que se cumpla la orden de la SCJN. La batalla legal promete ser larga y compleja, pero la determinación de la familia es firme.
Este caso se suma a la larga lista de situaciones en las que la justicia parece esquiva, y donde la labor de los activistas y defensores de derechos humanos se ve amenazada por la inacción o, peor aún, por decisiones judiciales que parecen favorecer la impunidad. La comunidad de defensores de derechos humanos en México estará atenta a los desarrollos de este caso, esperando una resolución que honre la memoria de Claudia Uruchurtu y reafirme el compromiso del Estado con la justicia y la protección de quienes luchan por un país más justo.