La Cámara de Diputados ha dado luz verde al dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio fiscal 2027, un movimiento legislativo que redefine la estructura de las finanzas públicas del país. La aprobación, que se perfila para ser discutida y votada en el pleno en la sesión que inició este martes 13 de octubre, marca un hito al proyectar una disminución significativa en la contribución de los ingresos petroleros, al tiempo que establece un nuevo récord en la captación de recursos a través de impuestos.
Este cambio de paradigma en la composición de los ingresos federales se enmarca dentro del Paquete Económico 2027, una estrategia integral para la administración de los recursos públicos. Según las proyecciones contenidas en la LIF, la participación de los recursos provenientes del petróleo en el Producto Interno Bruto (PIB) se situará en un modesto 2.5%. Este porcentaje representa el nivel más bajo registrado en los últimos años, no visto desde el año 2020, y contrasta drásticamente con el pico del 9.8% del PIB alcanzado en 2008.
La estimación para los ingresos petroleros en 2027 contempla una caída real del 14.4% en comparación con el cierre proyectado para 2026. Se prevé que estos recursos desciendan de 1.15 billones de pesos a 984,500 millones de pesos. Esta disminución se atribuye principalmente a la expectativa de menores precios internacionales del crudo, con una cotización estimada de 61.8 dólares por barril para la mezcla mexicana en 2027, frente a los 78.4 dólares proyectados para 2026. Adicionalmente, una menor estimación en el tipo de cambio, que pasaría de 19.3 pesos por dólar a 17.9 pesos por dólar, también impacta el valor en moneda nacional de las ventas de hidrocarburos.
En contraparte, la contribución de los ingresos por concepto de impuestos alcanzará un máximo histórico. Se proyecta que estos pasen de representar el 15.4% del PIB en 2026 a un sólido 15.9% del PIB en 2027. Esta tendencia subraya una clara "despetrolización de los ingresos", como lo describió Gari Flores, administrador general de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria (SAT), durante las discusiones en la Comisión de Hacienda. La recaudación tributaria total ascenderá a 6.26 billones de pesos, lo que implica un incremento anual del 3.9%.
La mayor carga de las finanzas públicas recaerá, por tanto, en el pago de impuestos por parte de personas morales y físicas. El presidente de la Comisión de Hacienda en Diputados, Carol Antonio Altamirano, señaló que el total de los ingresos públicos se estima en 10.6 billones de pesos, de los cuales los ingresos tributarios generarán el 58.8%. Incluso los ingresos por deuda, tanto interna como externa, superarán a los petroleros, con 1.7 billones de pesos por deuda interna y 13,500 millones de dólares por deuda externa.
El objetivo primordial de esta política fiscal es asegurar los recursos necesarios para el desarrollo económico y social del país. Esto se busca lograr mediante el fortalecimiento de la recaudación a través de la eficiencia administrativa, el cumplimiento fiscal y un combate frontal a la evasión y elusión fiscal. Es importante destacar que la estrategia se mantiene firme en no proponer la creación de nuevos impuestos ni el incremento de las tasas generales de los ya existentes, con el fin de brindar certidumbre a la inversión y al crecimiento económico.
En línea con la lucha contra la evasión y elusión fiscal, el dictamen contempla modificaciones para la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Específicamente, se establece el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por diferencias no justificadas entre la adquisición y enajenación de gasolinas y diésel, sin posibilidad de acreditamiento o disminución. Esta medida busca profundizar el combate al "huachicol fiscal", la simulación documental y la introducción irregular de combustibles.
La finalidad de esta disposición es garantizar la trazabilidad de cada litro de combustible comercializado, dar sustento a cada operación, proteger a los competidores legales, combatir la corrupción y asegurar que los recursos públicos se recauden y apliquen de manera correcta, según explicó el legislador de Morena. La iniciativa busca, en esencia, asegurar la integridad del mercado de combustibles y la correcta recaudación fiscal asociada.
Durante el proceso de dictaminación, se presentaron diversas reservas al proyecto de ley. De un total de nueve reservas, entre las que fueron rechazadas y retiradas, solo una propuesta por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue aprobada. Esta reserva, presentada por el diputado Ernesto Núñez Aguilar, se enfoca en el artículo 25 de la LIF y concierne al régimen de las Fibras (Fideicomisos de Infraestructura y Bienes Raíces), buscando asegurar el cumplimiento de la obligación legal de distribuir al menos el 95% de su resultado fiscal entre sus tenedores para mantener su tratamiento fiscal preferencial.
El dictamen final de la LIF 2027 fue aprobado en la Comisión de Hacienda con 28 votos a favor y ocho en contra. Posteriormente, en el pleno, la votación registró 26 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones, reflejando un debate intenso pero una mayoría clara a favor de la propuesta. La aprobación de este dictamen representa un paso crucial en la reconfiguración de la política fiscal mexicana, orientándola hacia una mayor autosuficiencia recaudatoria y una menor dependencia de los volátiles ingresos petroleros.
Históricamente, México ha dependido en gran medida de los ingresos petroleros para financiar su gasto público. Sin embargo, las fluctuaciones en los precios internacionales del crudo y la disminución de la producción han evidenciado la necesidad de diversificar las fuentes de financiamiento. La actual administración ha puesto un énfasis particular en fortalecer la recaudación interna, no solo para compensar la caída de los ingresos petroleros, sino también para financiar programas sociales y de infraestructura, así como para mantener la disciplina fiscal en un contexto económico global incierto.
El combate a la evasión y elusión fiscal se ha convertido en una prioridad estratégica. El SAT ha implementado diversas medidas para mejorar la eficiencia recaudatoria, incluyendo la digitalización de trámites, el uso de tecnología para la fiscalización y la colaboración internacional. La reforma a la Ley del ISR y las disposiciones sobre el IEPS para combustibles son ejemplos concretos de cómo se busca cerrar los resquicios legales y operativos que permiten la fuga de recursos fiscales.
Las implicaciones de esta Ley de Ingresos son amplias. Para el gobierno, significa una mayor estabilidad financiera y una menor vulnerabilidad a los choques externos. Para los contribuyentes, implica la necesidad de una mayor disciplina fiscal y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Para la economía en general, la apuesta por los ingresos tributarios busca sentar las bases para un crecimiento más sostenible y menos dependiente de los recursos naturales.
La discusión en el pleno de la Cámara de Diputados sobre la LIF 2027, junto con la Ley Federal de Derechos y la reforma a la Ley del ISR, conforma un paquete legislativo fundamental para el futuro económico del país. La aprobación de estos dictámenes senda el camino para la ejecución de la política económica del próximo año, con un enfoque claro en la fortaleza de la recaudación interna como pilar del gasto público.