La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, ha alzado la voz para exigir que se ponga bajo escrutinio los actos que, aunque no se denominen formalmente como tales, funcionan como "pre-precampañas" entre los aspirantes de Morena.

En un claro señalamiento hacia el partido oficialista, Humphrey manifestó su respaldo a la fiscalización de estas actividades, reconociendo que, si bien los candidatos de Morena no utilizan aún la etiqueta oficial de "precampaña", sus acciones evidencian una clara intención de posicionarse de cara a futuros procesos electorales.

El INE ante la opacidad de Morena

La postura de la consejera Humphrey subraya una preocupación creciente dentro del órgano electoral: la falta de transparencia y la posible elusión de normativas electorales por parte de Morena. La figura de la "pre-precampaña" se ha convertido en un terreno resbaladizo, donde los actores políticos buscan ganar ventaja sin incurrir en gastos o actos que, bajo la ley, deban ser reportados y fiscalizados.

Históricamente, los periodos previos a las campañas oficiales han sido caldo de cultivo para la promoción anticipada. Sin embargo, la intensidad y la organización que parecen rodear a los aspirantes de Morena han llevado a la consejera a demandar una acción contundente por parte de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

La responsabilidad de los Oples

Humphrey enfatizó que la responsabilidad de vigilar y fiscalizar estos actos recae directamente en los Oples. Estos organismos locales son los encargados de supervisar las actividades políticas dentro de sus respectivas entidades, y ante la proliferación de actos que huelen a campaña anticipada, deben actuar con diligencia.

La consejera señaló que la falta de una denominación oficial para estas actividades no debe ser un pretexto para la inacción. La evidencia de actos proselitistas, como giras, mítines o la difusión de mensajes con tintes electorales, debe ser suficiente para que los Oples inicien los procedimientos de fiscalización correspondientes.

Implicaciones para el proceso electoral

La fiscalización de estas "pre-precampañas" es crucial para garantizar la equidad en la contienda electoral. Si algunos aspirantes se benefician de una promoción anticipada y no reportada, se genera una ventaja indebida sobre aquellos que respetan los tiempos y las formas establecidas por la ley.

Morena, como partido en el poder, enfrenta un escrutinio particular. Las acusaciones de uso de recursos públicos o de estructuras partidistas para la promoción de sus aspirantes en fases no oficiales podrían tener serias repercusiones, no solo para los candidatos involucrados, sino para la imagen y la legitimidad del propio partido.

El precedente de la fiscalización

La demanda de Humphrey sienta un precedente importante. Al pedir explícitamente que se fiscalicen actos que no tienen una etiqueta legal clara, el INE busca cerrar las rendijas por donde la política mexicana a menudo se escabulle de la regulación.

La consejera confía en que los Oples actuarán con la independencia y la firmeza necesarias para enfrentar este desafío. La transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de un sistema democrático robusto, y la fiscalización de las "pre-precampañas" es un paso indispensable para fortalecerlos.

El contexto de la política mexicana

Este llamado surge en un momento delicado para la política mexicana, donde la línea entre la promoción legítima y la campaña anticipada es cada vez más difusa. Los partidos políticos, y en particular Morena, han sido señalados en diversas ocasiones por prácticas que, si bien no contravienen explícitamente la ley, sí van en contra de su espíritu.

La postura de Carla Humphrey es un recordatorio de que la vigilancia electoral no debe detenerse, y que la innovación en las estrategias políticas debe ir acompañada de una supervisión igualmente innovadora y rigurosa por parte de las autoridades electorales.

¿Qué sigue para Morena?

La pelota está ahora en la cancha de los Oples y, por extensión, en la de Morena. La exigencia de fiscalización pone al partido en una posición incómoda, obligándolo a justificar las actividades de sus aspirantes y a demostrar que operan dentro del marco legal.

Será fundamental observar la respuesta de los organismos locales y la forma en que Morena decide proceder. La transparencia en este proceso no solo beneficiará la equidad electoral, sino que también contribuirá a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones y en el propio sistema político.

La consejera Humphrey ha puesto el dedo en la llaga, y la comunidad política, así como la ciudadanía, estarán atentas a cómo se desarrolla este capítulo de la fiscalización electoral en México.