El Instituto Nacional Electoral (INE) ha tomado una decisión que genera serias dudas sobre la equidad del actual proceso electoral. Por mayoría de votos, el Consejo General del organismo ha rechazado, una vez más, la aprobación de lineamientos destinados a fiscalizar los procesos internos de los partidos políticos, comúnmente conocidos como "pre precampañas". Esta negativa, que se presenta como el tercer intento fallido de establecer reglas claras, deja un preocupante vacío en la supervisión de las actividades que, en la práctica, ya definen a los contendientes.

La propuesta, presentada por los consejeros Arturo Castillo, Martín Faz y Carla Humphrey, buscaba establecer un marco regulatorio para estas etapas previas a las campañas formales. El objetivo declarado era garantizar la equidad en la contienda electoral, un principio fundamental para la salud democrática del país. Sin embargo, la mayoría del Consejo General consideró que dicha regulación no procedía o no era necesaria en este momento, dejando a los partidos políticos con un amplio margen de maniobra no fiscalizada.

Históricamente, las "pre precampañas" han sido un terreno resbaladizo en el ámbito electoral mexicano. Si bien los partidos argumentan que son procesos internos y de definición de liderazgos, la realidad es que en estas etapas se realizan actos públicos, se difunden mensajes, se movilizan estructuras y, en muchos casos, se erogan recursos significativos. La falta de fiscalización sobre estos gastos y actividades abre la puerta a inequidades, donde quienes cuentan con mayores recursos o estructuras preexistentes parten con una ventaja considerable sobre otros aspirantes.

La decisión del INE contrasta con la creciente demanda ciudadana y de diversos actores políticos por una mayor transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas del proceso electoral. La fiscalización de las "pre precampañas" no es un asunto menor; se trata de asegurar que la competencia por las candidaturas se dé en condiciones de piso parejo, evitando que las decisiones se tomen a puerta cerrada y sin contrapesos.

Los consejeros que impulsaron la propuesta argumentaron que la ausencia de regulación en esta fase inicial puede distorsionar la voluntad popular y generar desventajas insalvables para quienes no participan en las negociaciones internas o no cuentan con el respaldo de las cúpulas partidistas. La fiscalización permitiría, en teoría, detectar y sancionar posibles irregularidades, como el uso de recursos públicos o la promoción indebida de aspirantes antes de que inicien formalmente las campañas.

Por otro lado, los consejeros que votaron en contra o se abstuvieron, según se desprende de las discusiones, podrían haber argumentado sobre la complejidad de definir legalmente qué constituye una "pre precampaña" fiscalizable, o bien, sobre la suficiencia de los mecanismos de fiscalización existentes para las etapas posteriores. No obstante, la experiencia previa sugiere que la falta de reglas claras en la fase temprana es precisamente lo que dificulta la fiscalización efectiva más adelante.

Este tipo de decisiones por parte del órgano electoral generan un clima de incertidumbre y desconfianza entre la ciudadanía. Cuando el árbitro de la contienda electoral parece rehuir su responsabilidad de establecer reglas claras y equitativas, se debilita la credibilidad del sistema democrático en su conjunto. La percepción de que las reglas del juego no son las mismas para todos es un caldo de cultivo para el descontento y la apatía política.

En el contexto actual, donde la polarización política es una constante, la labor del INE de garantizar la equidad y la transparencia se vuelve aún más crucial. La decisión de no fiscalizar las "pre precampañas" podría interpretarse como una concesión a los partidos políticos, o como una muestra de la dificultad del propio instituto para ponerse de acuerdo en temas sensibles que afectan directamente la equidad de la contienda.

Analistas políticos señalan que la falta de regulación en estas etapas previas puede tener implicaciones significativas en los resultados electorales. Los aspirantes que logran posicionarse y movilizar recursos durante las "pre precampañas" no fiscalizadas llegan a las campañas formales con una ventaja considerable, lo que puede limitar las opciones reales de otros contendientes y, en última instancia, la pluralidad de la oferta política.

La decisión del Consejo General del INE deja abierta la puerta a que los partidos continúen operando en un "limbo" regulatorio durante la definición de sus candidatos. Será fundamental observar cómo los partidos políticos ejercen esta libertad no fiscalizada y si, en la práctica, se respetan los principios de equidad y legalidad que deben regir todo proceso democrático.

La sociedad civil y los observadores electorales tendrán la tarea de documentar y señalar cualquier irregularidad que surja durante estas fases no reguladas, con la esperanza de que, al menos, la fiscalización posterior pueda arrojar luz sobre las actividades y los recursos utilizados en la conformación de las candidaturas. Sin embargo, la prevención a través de lineamientos claros y fiscalización temprana es siempre la vía más efectiva para garantizar la equidad.

En resumen, la negativa del INE a fiscalizar las "pre precampañas" representa un retroceso en los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la equidad en los procesos electorales mexicanos. Deja un margen de discrecionalidad a los partidos que, de no ser observado con atención, podría minar la confianza en las instituciones democráticas y en la legitimidad de los futuros gobiernos.

La pregunta que queda en el aire es si esta decisión responde a criterios jurídicos sólidos o a una resistencia a ampliar el escrutinio sobre las prácticas partidistas. La respuesta a esta interrogante tendrá un peso considerable en la percepción pública sobre la imparcialidad del órgano electoral y la equidad de la contienda que se desarrolla.