Las finanzas públicas de México enfrentan un agujero negro mucho mayor de lo que admiten las cifras oficiales, especialmente en lo que respecta al llamado "huachicol fiscal". Mientras el gobierno federal reconoció pérdidas por 61,785 millones de pesos en 2025 debido a la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la importación de combustibles, esta cifra apenas rasca la superficie del problema.
Francisco Barnés, socio director de Cifra2 Consultores y exsubsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía (Sener), ha lanzado una seria advertencia: las pérdidas por evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la misma cadena de comercialización podrían ascender a otros 52,000 millones de pesos solo en 2025. Esto elevaría el desfalco total a más de 113,000 millones de pesos, una cifra que supera con creces las estimaciones iniciales del propio experto.
El Doble Golpe al Erario: IEPS e IVA
Barnés había calculado previamente pérdidas por 48,000 millones de pesos en IEPS y 52,000 millones en IVA, sumando un total de 100,000 millones. Sin embargo, los datos oficiales más recientes sobre el IEPS, que superan los 61,000 millones de pesos, indican que la evasión en este impuesto es aún mayor de lo proyectado. "Estamos hablando de 61,000 millones de pesos de pérdidas solo en IEPS, y eso es más de lo que yo había calculado. A eso hay que agregarle otro tanto del IVA", declaró Barnés a Expansión.
La evasión del IVA no es un fenómeno aislado. Según el especialista, las redes dedicadas al huachicol fiscal operan de la mano con empresas factureras. Quienes adquieren el combustible ilegal buscan, a su vez, evadir el pago del IVA, lo que extiende la evasión a múltiples etapas de la cadena de comercialización y genera pérdidas adicionales para el erario público.
¿Qué es el Huachicol Fiscal y Cómo Opera?
El huachicol fiscal se refiere a la introducción de combustibles al país mediante prácticas irregulares para eludir el pago de impuestos. Una de las tácticas comunes es declarar el producto bajo fracciones arancelarias incorrectas, con el fin de evadir las contribuciones aplicables a su importación. En 2025, se detectó un desbalance de 8,824 millones de litros de combustibles ingresados al país sin el pago de impuestos correspondientes, lo que fundamenta las pérdidas reportadas en IEPS.
Sin embargo, el problema no se detiene en la frontera. Una vez dentro del país, el combustible de contrabando se integra en circuitos comerciales que ocultan su origen y utilizan facturas apócrifas. Esto permite que las contribuciones en etapas posteriores a la importación también sean eludidas. "Si tienes una red de huachicol de ese tamaño, tienes a tu servicio una red de factureras porque las empresas que se ponen a comprarte el huachicol tampoco les interesa pagar el IVA, y entonces van asociado a factureras y estás hablando de otra cantidad importante de dinero", explicó Barnés.
Esfuerzos Gubernamentales Bajo la Lupa
Ante este panorama, el gobierno ha intensificado las revisiones de cargamentos, la vigilancia de importaciones y las sanciones a los actores de la cadena de suministro. Las cifras oficiales muestran un aumento en el volumen de combustibles declarados y diversas acciones contra empresas y agentes aduanales. Durante 2025, se declararon 23,933 millones de litros de combustibles importados, cifra que aumentó a 26,455 millones en 2026, un incremento del 10%, según datos de la Sener.
Parte de este crecimiento se atribuye a la verificación de cargamentos en las 14 aduanas del país. Las autoridades han impuesto más de 500 multas por información errónea o incompleta. Ocho agentes aduanales enfrentan procedimientos legales por su presunta implicación en actividades de huachicol fiscal.
Juan José Vidal Amaro, subsecretario de Hidrocarburos de la Sener, informó recientemente que las acciones de verificación permitieron recuperar 1,952 millones de litros de combustibles que se pretendían introducir ilegalmente, equivalentes a 13,664 millones de pesos. A estas medidas se suma la vigilancia coordinada entre la Comisión Nacional de Energía (CNE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como la obligatoriedad de códigos QR en unidades de transporte de combustibles.
Además, se han cancelado 264 permisos de comercialización y expendio, y 307 permisionarios están bajo proceso de sanción por diversas irregularidades. Ciento ochenta empresas fueron dadas de baja del padrón de importadores por introducir combustibles bajo fracciones arancelarias incorrectas.
Implicaciones y Contexto Económico
La magnitud de la evasión fiscal en el sector de combustibles no solo representa una pérdida directa de ingresos para el Estado, sino que también distorsiona la competencia en el mercado. Las empresas que operan legalmente se ven en desventaja frente a quienes introducen productos ilícitos sin pagar impuestos, lo que puede afectar los precios y la disponibilidad de combustibles en el mercado formal.
Históricamente, la lucha contra el huachicol, tanto el de ductos como el fiscal, ha sido un desafío constante para los gobiernos mexicanos. La complejidad de las redes criminales y la sofisticación de las operaciones de evasión requieren de estrategias integrales que abarquen desde la vigilancia aduanera hasta la persecución penal de los involucrados y la revisión de marcos regulatorios.
El análisis de Francisco Barnés subraya la necesidad de una contabilidad fiscal más precisa y de mecanismos de fiscalización más robustos. La cifra de 113,000 millones de pesos, si se confirma, representaría un porcentaje significativo del presupuesto público, recursos que podrían destinarse a inversión en infraestructura, programas sociales o fortalecimiento de servicios públicos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de la austeridad y la eficiencia en la recaudación pilares de su administración. Sin embargo, casos como el huachicol fiscal demuestran que aún existen amplios márgenes para mejorar la recaudación y combatir la evasión, especialmente en sectores de alto valor como el energético. La efectividad de las medidas implementadas por la Sener, el SAT y la FGR será crucial para revertir esta tendencia y asegurar que los combustibles que ingresan al país contribuyan debidamente a las finanzas públicas.
La coordinación entre las distintas agencias gubernamentales es fundamental. La colaboración entre aduanas, fiscalías, y organismos de inteligencia financiera es indispensable para desmantelar las complejas redes que operan detrás del huachicol fiscal y la evasión del IVA. La implementación de tecnologías de rastreo y la transparencia en la cadena de suministro son herramientas clave en esta batalla.
En última instancia, la lucha contra el huachicol fiscal no es solo una cuestión de recaudación, sino también de justicia económica y de fortalecimiento del Estado de derecho. Asegurar que todos los actores cumplan con sus obligaciones fiscales es un paso esencial para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo equitativo del país.