El flagelo del robo de combustible, conocido popularmente como huachicol, ha vuelto a golpear con fuerza las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex). En el primer semestre del año en curso, la paraestatal reportó pérdidas astronómicas que ascienden a 9,180 millones de pesos, una cifra alarmante que supera con creces los 3,812 millones registrados solo en el primer trimestre.

Este monto representa un incremento del 20% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando las pérdidas asociadas a la sustracción ilegal de combustibles sumaron 7,650 millones de pesos. El huachicol no solo desangra las arcas de Pemex por el valor intrínseco de los productos robados, sino que también genera una menor disponibilidad de combustibles en el mercado formal y fomenta la competencia desleal de un mercado paralelo que opera al margen de la ley.

Marcial Díaz Ibarra, socio de la consultora QUA Energy, calificó la magnitud de estas pérdidas como un golpe devastador para la petrolera. Según sus estimaciones, el daño económico se traduce en aproximadamente 100 millones de pesos diarios, una cifra que, según él, debería asustar a cualquiera. Pero el impacto va más allá de las pérdidas directas de Pemex; Díaz Ibarra advierte sobre una pérdida colateral significativa en términos de recaudación fiscal, ya que el combustible robado no genera el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El Repunte del Robo Tradicional

Los datos oficiales revelan un preocupante repunte en el robo tradicional de combustibles, aquel que se perpetra mediante la perforación de ductos. El Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) informó que en los primeros tres meses del año se detectaron 2,563 tomas clandestinas, lo que representa un aumento del 8.6% respecto al trimestre anterior. Esto se traduce en una nueva toma ilegal cada 51 minutos y 27 segundos, una frecuencia alarmante que pone en evidencia la ineficacia de las medidas de seguridad implementadas.

Este modus operandi, el huachicol convencional, implica la perforación de la infraestructura de Pemex para extraer ilegalmente el producto, que luego es canalizado a un mercado negro. La distribución de este combustible ilícito no se limita a puntos de venta clandestinos en carreteras, sino que ha llegado a infiltrarse en empresas con grandes flotas vehiculares, convirtiéndose en una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.

Los estados que concentran la mayor incidencia de este delito son Hidalgo, Jalisco, Estado de México y Nuevo León. Este resurgimiento del robo tradicional ocurre en un contexto donde las autoridades han intensificado, al menos en discurso, las medidas contra el llamado huachicol fiscal, una modalidad que implica la introducción y comercialización de combustibles mediante esquemas de contrabando y evasión fiscal.

La Lucha Contra el Huachicol Fiscal y sus Consecuencias

La mayor vigilancia sobre las operaciones de importación y el control en las aduanas, si bien buscan combatir el huachicol fiscal, parecen haber desplazado el problema hacia otras modalidades. Reportes previos de Expansión ya habían documentado cómo el endurecimiento de los controles contra la evasión fiscal ha coincidido con un nuevo repunte del robo directo a través de perforaciones en ductos.

Este fenómeno sugiere que las estrategias implementadas para erradicar el mercado ilegal de combustibles no están logrando resultados integrales, sino que simplemente están modificando la forma en que opera la delincuencia organizada.

Un Mercado Imposible de Vigilar

Marcial Díaz Ibarra cuestiona la efectividad de la estrategia oficial para combatir el mercado ilegal de combustibles, dado que los indicadores de robo continúan mostrando niveles elevados. "Todo el combustible de contrabando no se vende en lugares de contrabando, se vende en lugares públicos como las estaciones de servicio", afirmó, señalando que los volúmenes manejados no se limitan a bidones, sino a cientos de pipas que movilizan el producto.

La complejidad logística del mercado legal de combustibles es un factor clave que explica la dificultad para detectar cada operación irregular. En México se comercializan alrededor de 216 millones de litros de gasolina y diésel al día. Si todo este volumen se transportara en autotanques de 30,000 litros, se requerirían aproximadamente 7,200 traslados diarios. Incluso considerando que cada pipa realice dos viajes al día, se necesitarían unas 3,600 unidades para movilizar el volumen total.

La vigilancia tendría que abarcar cada uno de estos movimientos, además de otros eslabones de la cadena de suministro, desde el almacenamiento hasta la comercialización. "Mover diariamente 216 millones de litros de gasolina y diésel constituye una de las operaciones logísticas más grandes del país. Actividad que se vuelve imposible vigilar de manera exhaustiva día tras día, y eso que solo se trata de un eslabón de la cadena de valor de los combustibles", concluyó Díaz Ibarra, subrayando la magnitud del desafío.

La persistencia y el crecimiento de las pérdidas por robo de combustible evidencian la profunda penetración del crimen organizado en sectores estratégicos de la economía mexicana y la aparente incapacidad de las autoridades para contener este fenómeno, que no solo afecta a Pemex, sino que también merma la recaudación fiscal y distorsiona la competencia en el mercado energético.