Unระregidor del Ayuntamiento de Uruapan ha encendido las alarmas al presentar una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) de la Fiscalía General de la República (FGR). El señalado es Juan Daniel Manzo Rodríguez, actual subsecretario de gobierno en Michoacán y hermano del extinto exalcalde Carlos Manzo. La acusación central gira en torno a presuntos vínculos con la delincuencia organizada, un señalamiento que, de confirmarse, sacudiría los cimientos del poder en la región.
La denuncia, interpuesta en la Ciudad de México, se sustenta en material videográfico que ha resurgido recientemente. Según el regidor Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, en estos videos aparece Juan Daniel Manzo en compañía de individuos identificados por él como miembros del cártel de Los Caballeros Templarios. Estas grabaciones, que según el denunciante datan de 2015, también implicarían a Manzo Rodríguez en un supuesto atentado contra Ramón Hernández Orozco, quien en aquel entonces era candidato del PRI a la alcaldía de Uruapan.
"Venimos a hacer esta denuncia porque en ese momento él, de una forma ruin, junto a miembros del crimen organizado, se decidían atentar contra la vida de un ciudadano que quería hacer un cambio en su ciudad", declaró De la Cruz Saucedo, subrayando la gravedad de las acusaciones y el contexto electoral en el que habrían ocurrido los hechos.
Exigencias de Investigación Federal
El regidor de Uruapan no solo busca señalar presuntas complicidades, sino que ha solicitado a la FEMDO que se recabe toda la documentación pertinente de investigaciones previas relacionadas con el caso. Además, exige la realización de peritajes exhaustivos sobre el material audiovisual presentado y la consulta a las instancias de seguridad para verificar los antecedentes de Juan Daniel Manzo. El objetivo final es determinar si existen responsabilidades penales por el delito de delincuencia organizada.
La denuncia también conecta directamente con el trágico homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, durante un violento ataque armado. El propio regidor De la Cruz Saucedo fue herido en ese mismo evento y ha manifestado conservar la bala que lo alcanzó, un recordatorio físico de la brutalidad de aquel suceso.
"Nosotros somos víctimas en la carpeta de investigación del terrible atentado de nuestro amigo líder y presidente municipal, Carlos Manzo, el del sombrero. Yo recibí una bala, la cual aquí tengo todavía", afirmó el regidor, evidenciando el dolor y la búsqueda de justicia que lo impulsan.
Presunto Obstaculismo y Llamado a la Transparencia
De la Cruz Saucedo ha ido más allá, sugiriendo que Juan Daniel Manzo podría estar utilizando su posición actual como subsecretario de gobierno para obstaculizar o desviar las investigaciones sobre el asesinato de su propio hermano. Esta grave acusación pone en entredicho la integridad de las instituciones y la imparcialidad de la justicia en Michoacán, lo que ha llevado al regidor a solicitar la intervención directa de las autoridades federales para garantizar un proceso transparente y apegado a derecho.
La situación actual de Uruapan, marcada por la violencia y la presunta infiltración del crimen organizado en esferas de poder, refleja un panorama sombrío para la seguridad en Michoacán. La denuncia contra Juan Daniel Manzo se suma a una larga lista de señalamientos y preocupaciones sobre la penetración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales, un fenómeno que ha sido históricamente difícil de erradicar y que genera profunda desconfianza entre la ciudadanía.
Históricamente, Michoacán ha sido un estado con una fuerte presencia de grupos criminales, lo que ha derivado en ciclos de violencia y corrupción. La lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada ha sido un desafío constante para los gobiernos en turno, y casos como este ponen de manifiesto las complejidades y los riesgos inherentes a dicha batalla. La figura de Los Caballeros Templarios, mencionada en la denuncia, ha sido una de las organizaciones criminales más notorias y violentas en la historia reciente del estado.
El contexto de inseguridad en Uruapan y en Michoacán es un tema de preocupación nacional. La presencia de grupos criminales no solo afecta la tranquilidad de los ciudadanos, sino que también tiene un impacto devastador en la economía local, el turismo y la gobernabilidad. La denuncia presentada por el regidor De la Cruz Saucedo es un llamado a la acción y a la rendición de cuentas, en un estado donde la línea entre la autoridad y el crimen a menudo parece peligrosamente delgada.
La falta de una postura pública por parte de Juan Daniel Manzo Rodríguez y del gobierno de Michoacán, así como la ausencia de información sobre si la FGR ha iniciado formalmente una carpeta de investigación, dejan un vacío de transparencia que solo aumenta la incertidumbre. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes para deslindar responsabilidades y reafirmar el Estado de derecho.
Este caso subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización dentro de las instituciones públicas, así como de proteger a aquellos funcionarios que, como el regidor De la Cruz Saucedo, se atreven a denunciar actos de corrupción y complicidad, aun a riesgo de su propia seguridad. La confianza en las instituciones democráticas depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para investigar y sancionar a quienes traicionan la confianza pública, sin importar su posición o sus vínculos familiares.
La denuncia contra el hermano del exalcalde Carlos Manzo no es solo un asunto local; tiene implicaciones que trascienden Uruapan y Michoacán, tocando fibras sensibles sobre la seguridad, la justicia y la lucha contra la impunidad en todo el país. La respuesta de la FGR será crucial para determinar si se dará un paso firme hacia la erradicación de la influencia criminal en la política.
La memoria del atentado contra Carlos Manzo y el propio regidor herido son un recordatorio constante de los peligros que enfrentan quienes se oponen al crimen organizado. La valentía del regidor al presentar esta denuncia es un acto de resistencia cívica que merece ser investigado a fondo y, de ser probada la culpabilidad, sancionado con todo el peso de la ley. La sociedad mexicana observa con atención.