La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado una propuesta dentro del Paquete Económico 2027 que busca modificar la tasa del Derecho por uso, goce o aprovechamiento de las vías férreas. La iniciativa, que deberá ser discutida y votada por el Congreso de la Unión, plantea elevar la contraprestación para las concesiones ferroviarias que se encuentren en su año 16 o posterior de vigencia.

Actualización de Contraprestación

Actualmente, la tasa se ubica en 1.25% de los ingresos brutos de las empresas concesionarias. La propuesta de Hacienda es incrementarla a 3.0%, lo que significaría un aumento de 1.75 pesos por cada 100 pesos de ingresos. En términos relativos, esto representa un alza del 140% sobre la tasa vigente. Según la dependencia, esta medida responde a la necesidad de actualizar una tarifa que no ha sido modificada desde la década de los 90, reconociendo así el valor actual de los activos que son patrimonio de la Nación y que son explotados por estas compañías.

Incentivos a la Inversión y Comparativas

Hacienda ha enfatizado que el esquema propuesto mantiene una tasa preferencial del 0.5% durante los primeros 15 años de las nuevas concesiones. Este porcentaje busca incentivar la atracción de nuevas inversiones en el sector ferroviario. La dependencia también ha señalado que la tasa propuesta del 3% se mantiene significativamente por debajo de las tasas aplicadas en otras concesiones de infraestructura similares otorgadas por el gobierno federal, como las de puertos marítimos y aeropuertos, donde el derecho para concesionarios privados puede ascender hasta el 9% de sus ingresos brutos.

Además, la SHCP, bajo la dirección de Édgar Amador Zamora, ha indicado que la propuesta se encuentra en condiciones comparables, e incluso por debajo, de las contribuciones establecidas en algunas concesiones ferroviarias de otros países latinoamericanos. Esto sugiere un esfuerzo por mantener la competitividad del sector a nivel regional.

Impacto en Tarifas y Usuarios

Una de las preocupaciones centrales en este tipo de ajustes es el posible impacto en las tarifas finales que pagan los usuarios, tanto de transporte de mercancías como de pasajeros. Al respecto, Hacienda ha sido enfática al descartar un incremento significativo en las tarifas ferroviarias o en el costo de las mercancías. La dependencia argumenta que el pago de estos derechos representa una porción relativamente pequeña en los costos totales de las empresas concesionarias.

Asimismo, se ha señalado que el peso de esta contraprestación en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es bajo, lo que limitaría su efecto inflacionario directo sobre la economía general. A pesar de estas afirmaciones, el gobierno se ha comprometido a dar un seguimiento cercano a la evolución de las tarifas y a los efectos logísticos que pudieran derivarse de este ajuste.

Buscando el Equilibrio

La finalidad última de esta propuesta, según la SHCP, es alcanzar un equilibrio razonable entre varios factores clave: la rentabilidad de las concesiones ferroviarias, la competitividad del transporte ferroviario como modo de carga y, por supuesto, la recuperación del valor de los bienes públicos por parte del Estado. Se busca asegurar que el Estado reciba una contraprestación justa por el uso de su infraestructura, sin ahogar financieramente a los operadores ni perjudicar a los usuarios finales.

El sector ferroviario en México es un pilar fundamental para el transporte de mercancías, conectando centros de producción con puertos y fronteras. Históricamente, las concesiones han sido un modelo para su operación, buscando la eficiencia privada con regulación pública. La actualización de las contraprestaciones es un ejercicio recurrente en la gestión de activos públicos, aunque siempre sujeto a debate sobre la magnitud y el momento adecuado para su implementación.

La propuesta de Hacienda se enmarca en la discusión del Paquete Económico 2027, un momento crucial donde se definen las finanzas públicas del país para el siguiente año fiscal. La discusión en el Congreso será determinante para conocer si esta iniciativa prospera y cómo se implementará, considerando las posibles reacciones de las empresas concesionarias y el impacto real en la cadena logística nacional.

En el contexto económico actual, donde la eficiencia logística y los costos de transporte son factores críticos para la competitividad de las empresas mexicanas, cualquier modificación en las reglas del juego del sector ferroviario genera atención. La SHCP busca, con esta medida, fortalecer los ingresos fiscales derivados del aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria, al tiempo que intenta mantener la estabilidad y el crecimiento del sector.

El debate sobre la actualización de tarifas y derechos en concesiones de infraestructura es complejo. Por un lado, está la necesidad del Estado de obtener rendimientos justos por el uso de sus activos. Por otro, la importancia de mantener tarifas competitivas para fomentar el comercio y la inversión. La propuesta de Hacienda parece inclinarse hacia una mayor recuperación para el erario, confiando en que el impacto en los costos operativos y tarifas finales será manejable.

La historia de las concesiones ferroviarias en México ha estado marcada por periodos de inversión, modernización y, en ocasiones, por debates sobre la rentabilidad y la equidad de los contratos. La presente propuesta de Hacienda se inserta en esta dinámica, buscando ajustar las condiciones a la realidad económica actual y a las necesidades de financiamiento del Estado.

Será fundamental observar la postura de las empresas concesionarias ante esta propuesta y el análisis que realicen los legisladores en el Congreso. La decisión final sobre la tasa del Derecho por uso de vías férreas sentará un precedente sobre cómo el gobierno mexicano planea gestionar y obtener beneficios de sus activos concesionados en el futuro, buscando un balance entre la inversión privada y el interés público.

La SHCP ha reiterado su compromiso de mantener un diálogo abierto y transparente durante el proceso legislativo, asegurando que la decisión final refleje un consenso informado y beneficie al conjunto de la economía mexicana, sin descuidar la rentabilidad de los concesionarios ni la competitividad del servicio ferroviario.