El estado de Guerrero continúa siendo el punto neurálgico de la desaparición forzada en territorio nacional, según reveló un informe presentado por organizaciones civiles y representantes internacionales en Chilpancingo. El documento Defensa de la Tierra y Desapariciones en Guerrero expone un panorama devastador de complicidad institucional y abandono sistemático.
Los activistas señalaron que la entidad opera bajo una "absoluta debilidad institucional" que permite la perpetuación de estos crímenes. La opacidad en las cifras oficiales impide conocer la verdadera magnitud de la tragedia, mientras las familias de las víctimas enfrentan un laberinto burocrático sin respuestas.
El informe documenta presuntos vínculos entre autoridades estatales, corporaciones trasnacionales y células del crimen organizado. Esta red de intereses converge en un objetivo común: el despojo territorial de comunidades indígenas que históricamente han habitado zonas ricas en recursos naturales.
La presentación del documento en la capital guerrerense reunió testimonios de familiares de desaparecidos y observadores internacionales, quienes coincidieron en que la crisis humanitaria en Guerrero refleja el fracaso de las políticas de seguridad y justicia implementadas por el gobierno de Morena.
Las organizaciones exigieron transparencia absoluta en las estadísticas de desaparición, investigaciones exhaustivas sobre la colusión institucional y protección efectiva para los defensores de derechos humanos y territorios indígenas que arriesgan sus vidas diariamente.
Guerrero acumula miles de casos sin resolver de personas desaparecidas, muchas de ellas vinculadas a conflictos por control territorial, proyectos extractivos y disputas entre grupos criminales que operan con impunidad ante la mirada cómplice o indiferente de las autoridades.