En un esfuerzo por blindar los entornos educativos, la diputada Citlalli Calixto Jiménez ha presentado una audaz iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Guerrero. El objetivo es claro: reconocer, combatir y sancionar de manera específica la violencia que emana del ámbito escolar, un flagelo que ha permeado las aulas y los pasillos de las instituciones educativas.

Esta propuesta legislativa surge en un momento crucial, alineándose con las preocupaciones expresadas por la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la restricción del uso de teléfonos celulares en salones de clase. La diputada Calixto Jiménez ha manifestado su contundente respaldo a esta medida preventiva, considerándola un pilar fundamental para salvaguardar la integridad de los estudiantes.

Un Marco Integral Contra la Violencia

La iniciativa de la legisladora guerrerense abarca un espectro amplio de agresiones. No se limita a la violencia física, sino que incluye de manera explícita las agresiones sexuales, las modalidades de violencia digital, el hostigamiento y las imputaciones falsas. Estas conductas, perpetradas entre estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y tutores, serán objeto de escrutinio y sanción, sin importar si ocurren dentro o fuera de las instalaciones escolares.

"El delito aplica dentro o fuera de la escuela. Lo que importa es que víctima y agresor pertenezcan a la misma comunidad educativa. Eso cubre el salón, la salida, el camino a casa y las redes sociales", explicó la diputada local, subrayando la naturaleza expansiva de la propuesta para abarcar todas las esferas donde se manifiesta la violencia escolar.

La diputada, miembro de Morena, enfatizó que la intención primordial de esta reforma es "educar y proteger a la comunidad escolar, no criminalizar a la juventud". Se busca crear un ambiente de aprendizaje seguro y respetuoso, donde los jóvenes puedan desarrollarse plenamente sin temor a represalias o acoso.

Impacto en la Salud y el Aprendizaje

La violencia escolar, como bien señala la iniciativa, tiene repercusiones profundas y multifacéticas. Puede afectar de manera significativa la salud física y mental de los estudiantes, mermar su capacidad de aprendizaje y, en casos extremos, propiciar el abandono escolar. Por ello, la diputada Calixto Jiménez argumenta que atender esta problemática debe ser una responsabilidad pública ineludible.

"Esta propuesta da continuidad a mi compromiso con los derechos y la protección de quienes enfrentan mayor vulnerabilidad", afirmó la legisladora, reafirmando su dedicación a la causa de la protección infantil y juvenil.

Tipificación y Sanciones Específicas

Entre los puntos medulares de la iniciativa se encuentra la clara tipificación de los delitos y la definición de los integrantes protegidos. La reforma contempla agresiones entre miembros de la misma comunidad escolar, abarcando eventos ocurridos en el plantel, en sus inmediaciones y, crucialmente, en plataformas digitales, reconociendo la creciente influencia de las redes sociales en la vida de los jóvenes.

Ante la gravedad de los hechos recientes en centros escolares, la propuesta no solo busca tipificar, sino también establecer sanciones y agravantes. Se plantean penas que van desde los seis meses hasta cuatro años de prisión, acompañadas de multas de 50 a 200 días. Adicionalmente, se contempla la obligatoriedad de tratamiento psicológico especializado para los agresores.

Los agravantes propuestos consideran la condición de la víctima, el abuso de autoridad, la participación de múltiples agresores y el uso de tecnologías para cometer el ilícito. La aplicación efectiva de estas medidas dependerá de la aprobación y posterior publicación del decreto correspondiente.

"Parto de que la escuela debe ser un lugar donde se generen oportunidades y se cuide la dignidad de las personas", sentenció Calixto Jiménez, encapsulando la filosofía detrás de su propuesta.

Reparación del Daño y Justicia para Adolescentes

Un aspecto fundamental de la iniciativa es la inclusión de la reparación del daño a favor de las víctimas. Esto abarca no solo los gastos médicos derivados de las agresiones, sino también la compensación por daño moral, buscando resarcir integralmente el perjuicio causado.

En un apartado especialmente sensible, la propuesta aborda la justicia para adolescentes. En casos donde el agresor sea menor de edad (entre 12 y 17 años), la iniciativa se alinea con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. El enfoque se centra en priorizar medidas formativas y educativas sobre el internamiento, buscando la reinserción social y la prevención de reincidencias.

La iniciativa representa un paso significativo en la lucha contra la violencia escolar en Guerrero, sentando las bases para un marco legal más robusto y protector para la comunidad educativa.