La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ha dado un golpe contundente al Instituto Nacional Electoral (INE), aprobando un dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2027 que recorta drásticamente los fondos destinados al órgano electoral. En total, se le sustrajeron 6,000 millones de pesos, una cifra que evidencia la creciente presión financiera sobre las instituciones autónomas y que, según analistas, podría comprometer su operatividad y autonomía.

El recorte no es una novedad de último minuto. De los 6,000 millones de pesos, 5,000 millones ya habían sido reasignados previamente en el dictamen. Estos fondos se destinaron a áreas consideradas prioritarias por la mayoría oficialista: la Comisión Nacional de Búsqueda, el medio ambiente y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), esta última para asegurar el mantenimiento de la Categoría 1 en seguridad aérea.

Sin embargo, la estocada final llegó con la aprobación de tres reservas adicionales, que despojaron al INE de otros 1,000 millones de pesos. Estos recursos fueron redirigidos de manera explícita a los rubros de Educación Pública, el programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres y el Fomento y Promoción de Destinos Turísticos.

La diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, fue una de las principales impulsoras de estas reasignaciones. Explicó que la reducción inicial de 5,000 millones ya respondía a una estrategia de reorientación del gasto público, buscando fortalecer áreas consideradas clave para el desarrollo social y la seguridad.

La mayor parte de los fondos recién sustraídos, 618 millones 17,896 pesos, se destinaron al programa U312 Expansión de la Educación Inicial. Esta asignación, impulsada por diputados del PT como Reginaldo Sandoval Flores y Jorge Armando Ortiz Rodríguez, busca fortalecer la operación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) y ampliar las oportunidades de atención para la primera infancia, especialmente en regiones con mayores necesidades.

En un claro guiño a las demandas del movimiento feminista, se destinaron 361 millones 982,104 pesos adicionales al Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres. Merilyn Gómez Pozos argumentó que, si bien se han logrado avances históricos en el reconocimiento de los derechos de las mujeres, es crucial que estos se traduzcan en mejoras tangibles en su vida cotidiana, incluyendo el acceso a oportunidades laborales, seguridad y condiciones reales para decidir su futuro.

El sector turístico también se benefició de esta redistribución presupuestal. El programa F025 Fomento y Promoción de Destinos Turísticos recibió una ampliación de 20 millones de pesos, elevando su presupuesto a 1,871 millones 348,379 pesos. La presidenta de la Comisión destacó el papel del turismo como generador de empleo y motor económico para las comunidades.

El dictamen aprobado en la Comisión contempla un gasto público total de 10.64 billones de pesos para 2027. La votación en la Comisión fue contundente: 30 votos a favor, 13 en contra y cero abstenciones, reflejando la mayoría con la que Morena y sus aliados, como el PT, controlan la agenda legislativa en materia presupuestaria.

La propuesta original del Ejecutivo para el PEF 2027 contemplaba un presupuesto de 42,275 millones de pesos para el INE. Sin embargo, tras las modificaciones aprobadas en Comisión, el monto final se redujo a 36,275 millones de pesos, lo que representa una disminución de casi el 14%.

Este recorte al INE se da en un contexto de creciente escrutinio sobre el financiamiento de los órganos autónomos en México. Críticos argumentan que estas acciones buscan debilitar su independencia y someterlos a la voluntad del gobierno en turno, poniendo en riesgo la equidad y transparencia de los procesos electorales futuros.

Históricamente, el INE ha sido un pilar fundamental en la consolidación democrática de México, garantizando la imparcialidad y la certeza en las elecciones. Los recortes presupuestales, especialmente en un año preelectoral, generan preocupación sobre la capacidad del instituto para cumplir cabalmente con sus responsabilidades constitucionales.

La discusión y votación del dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados está programada para el próximo lunes, donde se espera que la oposición intente revertir o mitigar los recortes, aunque las cifras actuales sugieren que la mayoría oficialista tiene el control para imponer su agenda.

La reasignación de fondos hacia áreas como educación y apoyo a mujeres, si bien son loables en sí mismas, no deben realizarse a costa de la autonomía y la capacidad operativa de instituciones clave para el funcionamiento del Estado de derecho, como lo es el INE.

El debate sobre el presupuesto 2027 pone de manifiesto las tensiones entre el poder ejecutivo y legislativo, y la pugna por definir las prioridades de gasto público en un país que enfrenta importantes desafíos económicos y sociales.

La aprobación de estas reservas, impulsadas por bancadas como Morena y PT, subraya una tendencia clara: la de ejercer un control más férreo sobre los recursos públicos y, en particular, sobre aquellos destinados a organismos que, por su naturaleza, deben operar con independencia del gobierno.