El gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur), ha decidido mantener su propuesta de incrementar el Derecho de No Residente (DNR), una tarifa que pagan los turistas internacionales al ingresar a México. Esta medida, que ha generado considerable oposición por parte de diversos actores del sector turístico, se ha ajustado a la mitad de la cifra inicialmente planteada en la Ley de Ingresos.
La nueva propuesta, que aún debe ser discutida y aprobada en la miscelánea fiscal para 2027, contempla un aumento del DNR del 17.8 por ciento. Originalmente, el gobierno había propuesto un alza del 35.8 por ciento, una cifra que generó alarma entre hoteleros, aerolíneas y otros empresarios del ramo.
Según la información proporcionada por la Sectur, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló una propuesta para fijar la cuota del DNR en mil 158 pesos para 2027. Esto representa un incremento de 175 pesos respecto a los 983 pesos vigentes en 2026.
El Derecho de No Residente es un gravamen que se aplica a los visitantes extranjeros y cuyos fondos, históricamente, se han destinado a financiar proyectos de infraestructura clave como obras ferroviarias y aeroportuarias, además de subsidiar a paraestatales vinculadas a las Fuerzas Armadas.
En cuanto a la distribución de los recursos recaudados bajo esta nueva propuesta, el dictamen sugiere que el 57 por ciento se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Otro 15 por ciento se asignará al Instituto Nacional de Migración (INM), mientras que el 28 por ciento restante irá a la Tesorería de la Federación. El aumento de 175 pesos, según la propuesta gubernamental, se utilizará para fortalecer el presupuesto de Migración.
La resistencia del sector turístico a este incremento no es nueva. Hoteleros y representantes de aerolíneas han expresado su preocupación, argumentando que un aumento en las tarifas en el contexto actual podría ser contraproducente para la recuperación y el crecimiento del turismo en México. Señalan que la competitividad del país se ve amenazada cuando los costos para el visitante extranjero se elevan sin una reinversión directa y visible en la mejora de la infraestructura y los servicios turísticos.
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) ha sido uno de los organismos que ha manifestado su postura en contra de incrementos en las tasas turísticas que no se traducen directamente en beneficios para el sector. Según el WTTC, estas cargas adicionales pueden crear barreras de entrada, encarecer la experiencia del viajero y, en última instancia, desincentivar tanto el turismo como la inversión extranjera en el país.
Históricamente, el debate sobre el DNR ha girado en torno a su destino y transparencia. Diversos sectores han solicitado que los recursos recaudados se reinviertan de manera más directa y visible en la promoción turística, la mejora de la infraestructura de destinos, la seguridad y la capacitación del personal, elementos cruciales para mantener la competitividad de México como potencia turística mundial.
La insistencia del gobierno en mantener y ajustar esta tarifa, a pesar de las advertencias del sector, subraya la necesidad de recursos fiscales para financiar proyectos de infraestructura y operativos. Sin embargo, la contraparte argumenta que la sostenibilidad a largo plazo del sector turístico, uno de los pilares de la economía mexicana, depende de un equilibrio entre la recaudación y la promoción de un entorno atractivo y competitivo para los visitantes internacionales.
El proceso legislativo que sigue ahora deberá sopesar estas diferentes perspectivas. La Cámara de Diputados tendrá la última palabra sobre la miscelánea fiscal, y la decisión final sobre el monto y la distribución del DNR podría tener implicaciones significativas para la industria turística en los próximos años.
La situación pone de manifiesto la tensión constante entre las necesidades de financiamiento del Estado y las demandas de un sector productivo vital que busca mantener su atractivo y competitividad en un mercado global cada vez más exigente. La forma en que se resuelva este dilema será crucial para el futuro del turismo en México.
Analistas señalan que, si bien el ajuste a la mitad de la propuesta original podría ser un gesto de conciliación, la oposición del sector sugiere que la discusión va más allá del porcentaje y toca la filosofía de cómo se deben financiar y promover los destinos turísticos en el país.
La industria turística mexicana, que ha demostrado resiliencia ante diversos desafíos, ahora enfrenta la tarea de navegar estas decisiones fiscales mientras busca consolidar su posición como uno de los destinos más importantes a nivel mundial. La clave, coinciden muchos, reside en asegurar que cualquier carga fiscal adicional se traduzca en mejoras tangibles que beneficien tanto al visitante como al destino.
En este contexto, la propuesta del gobierno federal de incrementar el Derecho de No Residente, aunque moderada en su nueva versión, sigue siendo un punto de fricción que requiere un análisis profundo de sus implicaciones económicas y de competitividad para el sector turístico mexicano.