Cinco años de litigio y victorias legales no han sido suficientes para que decenas de profesores despedidos de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ) logren su reinstalación. Denuncian que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) número 11, bajo la órbita del gobierno federal, ha instrumentado una estrategia de dilación para evitar el cumplimiento de sentencias que reconocen su relación laboral y ordenan el pago de salarios caídos.
La batalla legal de estos académicos, quienes fueron separados de sus cargos en 2021 sin recibir indemnización alguna, comenzó cuando el Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar Benito Juárez (OCUBBJ) los catalogó meramente como “beneficiarios de un programa social”. Esta desestimación de su estatus laboral, sin embargo, fue revertida por los tribunales, los cuales determinaron de manera contundente que sí existía una relación laboral, amparada por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
UN PATRÓN DE OBSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL
Gerardo Reyes, Rubén Osorio, Patricia Lache y Mario Juárez, voceros del colectivo de docentes afectados, expusieron en conferencia de prensa la gravedad de la situación. Acusaron directamente a la JFCA de no haber notificado los laudos emitidos a favor de los profesores al OCUBBJ. Esta omisión, señalan, ha sido la puerta de entrada para que el organismo coordinador promoviera un amparo, una maniobra legal que, en la práctica, ha servido para postergar indefinidamente la ejecución de las sentencias y, por ende, la reinstalación de los docentes y el pago de los adeudos salariales.
“Llevamos cinco años luchando por lo que por derecho nos corresponde. Ganamos los amparos, los tribunales nos dieron la razón, pero la autoridad encargada de hacer cumplir la ley, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se ha convertido en un obstáculo”, declaró uno de los afectados, reflejando la frustración generalizada del grupo. La falta de notificación oportuna y la subsecuente promoción de amparos por parte del OCUBBJ son vistas no como errores procesales, sino como una táctica deliberada para evadir responsabilidades y prolongar la injusticia.
EL MARCO LEGAL IGNORADO
El caso de los profesores de las UBBJ pone de manifiesto una preocupante tendencia en la administración actual: la aparente resistencia a acatar resoluciones judiciales cuando estas implican reconocer derechos laborales previamente negados. La Constitución Mexicana, en su artículo 123, establece los derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo la protección contra despidos injustificados y el derecho a la reinstalación o indemnización. Los fallos de los tribunales en favor de los docentes de las UBBJ validan precisamente estos principios constitucionales.
Sin embargo, la actuación de la JFCA número 11, al parecer, se alinea más con una estrategia de dilación que con el espíritu de la justicia laboral. Al no notificar los laudos, se crea un vacío procesal que el OCUBBJ explota para interponer recursos legales, como el amparo, que, si bien son herramientas legítimas de defensa, en este contexto parecen ser utilizadas para fines dilatorios. Este proceder genera un círculo vicioso donde los derechos reconocidos en papel se ven sistemáticamente negados en la práctica.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y SOCIALES
Este conflicto no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto más amplio de tensiones laborales y críticas hacia la gestión de programas sociales y entidades paraestatales por parte del gobierno federal. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez fueron creadas con el objetivo de expandir el acceso a la educación superior en zonas marginadas, una meta loable en principio. No obstante, la forma en que se ha gestionado la relación con el personal académico, desestimando sus derechos laborales y recurriendo a tácticas dilatorias ante la justicia, proyecta una imagen de opacidad y falta de respeto por el estado de derecho.
La postura del gobierno, a través de sus dependencias como la JFCA y el OCUBBJ, envía un mensaje desalentador a los trabajadores del país. Sugiere que, incluso con sentencias judiciales favorables, la burocracia y las artimañas legales pueden ser utilizadas para negar derechos fundamentales. Esto socava la confianza en las instituciones y genera un clima de incertidumbre para quienes dependen de la justicia para hacer valer sus derechos laborales.
¿QUÉ SIGUE PARA LOS DOCENTES?
Los profesores afectados han reiterado su determinación de continuar la lucha hasta lograr la plena ejecución de las sentencias. Anuncian que, ante la inacción de la JFCA, explorarán todas las vías legales a su alcance para presionar por el cumplimiento de los laudos. Esto podría incluir la interposición de nuevos recursos legales, la denuncia pública de la ineficiencia y posible complicidad de la Junta Federal, e incluso la búsqueda de apoyo en instancias superiores del poder judicial.
La esperanza reside en que la presión mediática y la persistencia en la defensa de sus derechos logren finalmente doblegar la resistencia burocrática. Sin embargo, el camino se vislumbra largo y arduo, marcado por la incertidumbre y la necesidad de seguir invirtiendo tiempo y recursos en un litigio que, a todas luces, debió haber concluido hace años con la restitución de sus puestos y el pago de lo adeudado.
La situación de los docentes de las UBBJ es un llamado de atención sobre la importancia de garantizar no solo la creación de instituciones educativas, sino también el respeto irrestricto a los derechos laborales de quienes las hacen funcionar. La justicia, en este caso, parece estar atrapada en los laberintos de la burocracia oficial, mientras los afectados ven pasar los años sin ver resarcido el daño sufrido.
El gobierno, a través de sus organismos, tiene la responsabilidad de asegurar que los procesos judiciales se cumplan en tiempo y forma. La dilación en casos como este no solo perjudica a los individuos involucrados, sino que también debilita la credibilidad del sistema de justicia y del propio gobierno ante la ciudadanía. La comunidad académica y la sociedad en general observan con atención si prevalecerá la justicia o si las artimañas burocráticas seguirán dictando el rumbo de estos casos.
La falta de una respuesta ágil y efectiva por parte de la JFCA y el OCUBBJ ante sentencias firmes genera un precedente preocupante. Se corre el riesgo de que otras instituciones o individuos en situaciones similares enfrenten obstáculos parecidos, perpetuando un ciclo de injusticia laboral. Es imperativo que las autoridades competentes actúen con celeridad y transparencia para revertir esta situación y reafirmar el compromiso del Estado con la justicia laboral.
En este contexto, la postura de la administración federal se ve cuestionada. Si bien se promueven programas sociales y se busca expandir la cobertura educativa, la forma en que se manejan las relaciones laborales y se responden a los mandatos judiciales deja mucho que desear. La defensa de los derechos de los trabajadores debe ser una prioridad transversal, y no un aspecto secundario que pueda ser ignorado o postergado por conveniencias burocráticas o políticas.
La lucha de estos profesores se ha convertido en un símbolo de la resistencia frente a la inercia institucional y la posible mala fe de algunos funcionarios. Su perseverancia es un recordatorio de que la defensa de los derechos laborales es un pilar fundamental de una sociedad justa y equitativa, y que la justicia, aunque lenta, debe prevalecer.