LA IMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOBRE EL BIEN COMÚN
Morelia, Michoacán.- En un acto que ha generado profunda indignación entre los sectores sociales y activistas de la entidad, el gobierno del estado de Michoacán ha procedido al desalojo de un predio emblemático, conocido como "Lo Común", ubicado en el corazón del centro histórico de Morelia. La Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS) ha alzado la voz para denunciar esta acción, calificándola como un golpe directo a las aspiraciones de crear un espacio dedicado al servicio social, la cultura y la comunidad.
El inmueble, que desde mayo de 2026 se encontraba bajo el resguardo y la gestión de diversos colectivos ciudadanos, tenía como objetivo transformarse en un vibrante centro comunitario y cultural. La visión era clara: un espacio abierto para talleres, eventos artísticos, actividades educativas y de encuentro social, un verdadero pulmón para la vida comunitaria en una zona cada vez más asediada por intereses privados.
Sin embargo, esta aspiración se vio truncada abruptamente. El gobierno estatal, bajo el pretexto de una supuesta "privatización" de predios en desuso, ha decidido arrebatar este espacio a quienes buscaban darle un destino socialmente útil. La decisión ha sido recibida con incredulidad y repudio, pues contrasta fuertemente con el discurso oficial de apoyo a la ciudadanía y al desarrollo social.
UN PATRIMONIO PARA LA GENTE, NO PARA EL LUCRO
La CCAOS ha sido enfática al señalar que el predio "Lo Común" no era un espacio abandonado o subutilizado, sino un lugar que, gracias al esfuerzo voluntario de sus integrantes, estaba cobrando vida y proyectando un futuro de beneficio colectivo. La recuperación de este inmueble representaba un triunfo para la organización civil y un ejemplo de cómo la ciudadanía puede tomar las riendas para mejorar su entorno.
La narrativa oficial, que sugiere que estos predios están "en desuso" y por ende deben ser privatizados, es vista por los activistas como una cortina de humo para justificar la entrega de patrimonio público a intereses particulares. "Lo Común" se había convertido en un símbolo de resistencia y de esperanza, un lugar donde se gestaban proyectos que buscaban fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas culturales y educativas a la población, especialmente a aquellos sectores con menos acceso a este tipo de oportunidades.
El desalojo no solo representa la pérdida de un espacio físico, sino también el desmantelamiento de un proyecto social que prometía ser un referente en Morelia. La comunidad activista lamenta que, en lugar de fomentar y apoyar iniciativas ciudadanas como esta, las autoridades opten por medidas represivas que benefician, en última instancia, a quienes buscan el lucro por encima del bienestar colectivo.
EL GOBIERNO Y LA SOMBRA DE LA PRIVATIZACIÓN
Las declaraciones del gobierno estatal, que anuncian la privatización de diversos predios en desuso, encienden las alarmas sobre una posible agenda oculta que prioriza los intereses económicos sobre las necesidades sociales. La decisión de desalojar "Lo Común" se enmarca en este contexto, generando preocupación sobre el futuro de otros espacios que podrían ser susceptibles de caer en manos privadas.
Históricamente, la tendencia a privatizar bienes públicos bajo el argumento de la eficiencia o la modernización ha resultado, en muchas ocasiones, en la exclusión de amplios sectores de la población y en la concentración de la riqueza. Los colectivos michoacanos temen que esta política se extienda y afecte a otros inmuebles que podrían ser recuperados para el beneficio social.
La falta de diálogo y la imposición de decisiones unilaterales por parte del gobierno estatal son aspectos que han sido fuertemente criticados. En lugar de buscar acuerdos y construir puentes con las organizaciones civiles, las autoridades parecen optar por la confrontación, desalojando a quienes buscan aportar al desarrollo de la comunidad.
UN LLAMADO A LA JUSTICIA Y LA SOLIDARIDAD
La CCAOS hace un llamado urgente a la reflexión y a la acción. Exigen que el gobierno estatal reconsidere su postura y reabra el diálogo para encontrar soluciones que permitan la continuidad del proyecto "Lo Común". La comunidad activista y los ciudadanos preocupados por el destino del patrimonio público se unen en solidaridad, exigiendo justicia y el respeto a los derechos de las organizaciones que trabajan por el bien común.
Este desalojo no es solo un incidente aislado, sino un reflejo de las tensiones existentes entre los intereses del capital y las necesidades de la sociedad. La lucha por "Lo Común" se convierte así en un símbolo de la resistencia ciudadana frente a políticas que parecen priorizar el beneficio económico sobre el desarrollo social y cultural.
Se espera que la presión social y la visibilidad que este caso ha adquirido obliguen a las autoridades a dar una respuesta más clara y, sobre todo, más justa. La comunidad michoacana observa atentamente, esperando que la razón y el bien común prevalezcan sobre los intereses particulares que amenazan con despojar a la sociedad de sus espacios y de sus sueños.
El futuro de "Lo Común" y de otros espacios similares en Michoacán pende de un hilo, y la respuesta de las autoridades ante este clamor ciudadano definirá el rumbo de la participación social y la protección del patrimonio público en la entidad.