La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) ha lanzado una seria advertencia al Gobierno federal y al Senado: la reciente modificación al estímulo fiscal para el acreditamiento de casetas, incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2027, representa un duro golpe que amenaza con disparar los costos logísticos en el país.

La medida, aprobada por la Cámara de Diputados, reduce el umbral de ingresos para acceder a este beneficio, pasando de 300 a 250 millones de pesos. Según la CANACAR, esta decisión no solo encarecerá la operación de las empresas transportistas, sino que sus efectos se verán reflejados en el precio final de los productos y servicios que llegan a las familias mexicanas.

Un Estímulo Necesario, No un Privilegio

Augusto Ramos Melo, presidente de la CANACAR, enfatizó que el estímulo fiscal en cuestión no debe ser considerado un privilegio, sino un mecanismo esencial para compensar los elevados costos que enfrentan los transportistas al utilizar la infraestructura carretera de cuota. Estos costos incluyen no solo los peajes, sino también el combustible, el mantenimiento de las unidades, los seguros, el financiamiento y los salarios del personal.

La preocupación de la CANACAR radica en que el nivel de ingresos de una empresa transportista no siempre refleja su capacidad financiera real. Una parte sustancial de sus recursos se destina a mantener la operatividad de su flota, lo que hace que el límite de ingresos reducido sea un obstáculo significativo para muchas compañías.

“Las decisiones fiscales no quedan solo en papel, tienen consecuencias en la operación de las empresas, en la cadena de suministro y en los costos que finalmente enfrentan los negocios y las familias mexicanas”, señaló Ramos Melo, subrayando la interconexión entre las políticas fiscales y la economía general.

Presión Adicional en un Contexto Difícil

La CANACAR ha propuesto mantener el límite de 300 millones de pesos vigente hasta ahora, buscando evitar una contracción abrupta en el número de empresas que pueden beneficiarse del estímulo. Como alternativa, sugieren la implementación de un esquema proporcional que permita un acreditamiento gradual, incluso para aquellas compañías que superen ligeramente el nuevo umbral, evitando así la pérdida total del beneficio.

Esta medida restrictiva llega en un momento particularmente delicado para el sector del autotransporte. Las empresas ya enfrentan una combinación de crecientes costos operativos y riesgos significativos, siendo la inseguridad carretera uno de los más apremiantes. El robo de unidades, por ejemplo, no solo implica la pérdida de un activo valioso, sino también la interrupción de la principal fuente de ingresos de una empresa, generando costos adicionales por tiempos de recuperación, trámites y pagos de financiamiento y salarios.

Además, el sector ha tenido que destinar recursos adicionales a la inversión en sistemas de rastreo, tecnología avanzada, capacitación y protocolos de seguridad para proteger tanto a los operadores como a las unidades, incrementando la carga financiera.

Impacto en las Cadenas Logísticas y Llamado al Diálogo

La preocupación de la CANACAR trasciende las fronteras de las empresas transportistas. Un aumento en los costos del autotransporte inevitablemente se traducirá en un incremento de las tarifas de traslado, lo que a su vez afectará el costo logístico de diversas industrias, comercios y centros de distribución a lo largo y ancho del país.

Durante las mesas de trabajo con autoridades hacendarias y legisladores, la CANACAR presentó diversas alternativas para mitigar el impacto negativo de este cambio fiscal en la viabilidad de las empresas. Sin embargo, hasta el momento, no se ha logrado un acuerdo concreto.

La organización reconoció la presentación de reservas por parte del diputado Francisco Javier Borrego Adame, buscando modificar las condiciones del estímulo, y hace un llamado enérgico para que el diálogo se materialice en una solución viable.

El presidente de la CANACAR reiteró que el autotransporte de carga no busca privilegios, sino condiciones que permitan a las empresas operar de manera competitiva, invertir, generar empleo y cumplir con sus obligaciones fiscales y comerciales. La solicitud es clara: reconsiderar las condiciones del estímulo fiscal antes de que la medida genere presiones insostenibles sobre el sector y la economía en general.

En contexto, el autotransporte de carga es un pilar fundamental de la economía mexicana, siendo responsable de movilizar un porcentaje significativo de la carga a nivel nacional. Cualquier afectación a su operatividad y rentabilidad tiene repercusiones directas en la competitividad del país y en el bolsillo de los consumidores. La política fiscal, por tanto, debe considerar estos efectos multiplicadores para evitar desincentivar a un sector clave para el desarrollo económico.

Históricamente, los estímulos fiscales en el sector transporte han sido herramientas utilizadas para mitigar costos operativos y fomentar la eficiencia. La reducción o eliminación de estos apoyos, sin una justificación clara y sin alternativas viables, puede generar incertidumbre y desincentivar la inversión en la renovación y modernización de la flota, aspectos cruciales para la seguridad y la eficiencia logística.

Analistas del sector señalan que la medida podría llevar a una consolidación del mercado, donde solo las empresas más grandes y con mayor capacidad financiera puedan absorber los costos incrementales, mientras que las pequeñas y medianas empresas podrían verse obligadas a salir del mercado o a incrementar sus tarifas de manera significativa, afectando la cadena de valor completa.

La CANACAR espera que las autoridades comprendan la urgencia de la situación y actúen con celeridad para encontrar un punto de acuerdo que beneficie tanto al sector transportista como a la economía nacional en su conjunto, asegurando la fluidez y eficiencia de las cadenas de suministro, vitales para el comercio y el bienestar de los mexicanos.