La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha logrado contener el déficit fiscal, también conocido como Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), al ejercer un gasto neto inferior al programado por el Congreso para el primer cuatrimestre de 2026. Durante el periodo de enero a abril, el gasto neto del sector público se ubicó 351,083 millones de pesos por debajo de lo presupuestado, resultando en un déficit fiscal de 178,466 millones de pesos. Esta cifra representa una ligera disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el déficit fue de 181,833 millones de pesos, según detallan las cifras oficiales de la dependencia.
Este ajuste en el gasto se produce en un contexto donde las agencias calificadoras han mostrado preocupación por la salud fiscal de México. En mayo, Moody's revisó a la baja la calificación crediticia del país de Baa2 a Baa3, mientras que S&P cambió la perspectiva de estable a negativa. Estas acciones reflejan una cautela generalizada sobre la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad financiera a mediano y largo plazo.
Ante estas señales, la SHCP, bajo la dirección de Édgar Amador Zamora, ha comunicado que se está implementando un conjunto de acciones destinadas a la reducción del déficit fiscal. El objetivo es demostrar a las calificadoras y al mercado que el gobierno federal es capaz de gestionar eficientemente los recursos, ya sea mediante la reducción del gasto, el incremento de los ingresos o una combinación de ambas estrategias.
Pablo Cotler Ávalos, académico del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México, ha señalado que las calificadoras no esperan cambios drásticos inmediatos, sino el inicio de un proceso que evidencie la capacidad de la Secretaría de Hacienda y del gobierno en general para controlar las finanzas públicas.
Del total del ajuste presupuestal de 351,083 millones de pesos, la SHCP detalló que el 75% se aplicó al gasto programable. Este rubro incluye los gastos necesarios para la provisión de bienes y servicios públicos esenciales para la población, como salud, educación y seguridad. El 25% restante se destinó al gasto no programable, que abarca obligaciones financieras ineludibles, como el pago del costo de la deuda pública.
Las implicaciones de estos ajustes presupuestales pueden ser significativas. Según Cotler Ávalos, rubros como la inversión pública, la salud y la educación son particularmente susceptibles a recortes. A corto y mediano plazos, esto podría traducirse en una menor demanda agregada de bienes y servicios, y potencialmente en una peor gestión pública si los recursos disponibles se vuelven insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
Paralelamente a los ajustes en el gasto, los ingresos del sector público también han mostrado tendencias preocupantes. Se reportaron caídas anuales y en comparación con lo presupuestado del 2.2% en los ingresos totales. Esta disminución se observa a pesar de la presentación de declaraciones anuales de empresas y personas físicas durante los meses de marzo y abril, lo que sugiere desafíos en la recaudación tributaria y una posible contracción en la actividad económica.
Los ingresos petroleros y tributarios, pilares fundamentales de las finanzas públicas mexicanas, también registraron bajas. Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de la economía mexicana a las fluctuaciones en los precios del petróleo y a la eficiencia del sistema recaudatorio.
Gracias a los ajustes realizados en el gasto, fue posible mantener los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) dentro de los límites establecidos. La dependencia destacó que los RFSP ascendieron a 179,000 millones de pesos, lo cual se alinea con las metas aprobadas por el Congreso de la Unión. Este resultado, aunque positivo en términos de control del déficit, no oculta las presiones subyacentes en las finanzas públicas.
La estrategia de contención del gasto, si bien permite cumplir con las metas fiscales a corto plazo y mantener la confianza de las agencias calificadoras, plantea interrogantes sobre el impacto a largo plazo en el desarrollo social y económico del país. La inversión en infraestructura, capital humano y servicios públicos es crucial para el crecimiento sostenible, y cualquier recorte en estas áreas podría tener repercusiones negativas.
El gobierno enfrenta el desafío de equilibrar la disciplina fiscal con la necesidad de impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar social. La dependencia de los ingresos petroleros y la eficiencia en la recaudación tributaria seguirán siendo factores determinantes en la capacidad del país para financiar sus programas y proyectos.
La gestión de la deuda pública también es un componente clave. El costo de la deuda representa una carga significativa para el presupuesto, y cualquier esfuerzo por reducir el déficit fiscal debe considerar estrategias para optimizar el manejo de la deuda y minimizar los costos asociados.
En resumen, si bien la SHCP ha logrado un respiro temporal al reducir el gasto y controlar el déficit fiscal, el panorama económico presenta desafíos importantes. La sostenibilidad fiscal a largo plazo dependerá de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales que fortalezcan los ingresos, optimicen el gasto y promuevan un crecimiento económico inclusivo y sostenible.