Organizaciones sociales y comunidades indígenas de la Montaña Alta de Guerrero denunciaron este viernes un nuevo abandono gubernamental: las autoridades federales y estatales cancelaron el acompañamiento de seguridad que habían prometido para la Misión Civil de Observación (MCO-S) que pretendía visitar Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez.
La misión tenía como objetivo documentar la crisis humanitaria que azota la región, donde ya se contabilizan más de 2 mil personas desplazadas por la violencia. Sin el respaldo de seguridad comprometido, los observadores civiles no pueden ingresar a la zona para verificar las condiciones en que sobreviven las familias expulsadas de sus hogares.
Las comunidades indígenas expresaron su indignación ante lo que califican como una traición de las autoridades de Morena, tanto en el gobierno federal como en el estatal. La cancelación del operativo de seguridad deja en evidencia la falta de voluntad política para atender una emergencia que lleva meses sin respuesta efectiva.
En Alcozacán y sus alrededores, miles de personas permanecen en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos y sin la protección del Estado. La negativa a garantizar la seguridad de la misión de observación impide que organismos independientes documenten la magnitud de la tragedia humanitaria.
La Montaña Alta de Guerrero se ha convertido en una de las zonas más críticas del país en materia de desplazamiento forzado, pero las autoridades parecen más interesadas en ocultar la realidad que en resolverla. La cancelación de esta misión es un golpe más a las comunidades que exigen ser escuchadas y protegidas.