El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez ante la posibilidad de nuevas y graves acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Fuentes de seguridad han encendido las alarmas ante una comunicación oficial estadounidense que revela la intención de ampliar las imputaciones en su contra, añadiendo el asesinato del diputado federal Héctor Melesio Cuén a la lista de presuntos delitos.

Esta potencial nueva acusación, que vincularía el homicidio de Cuén con la conspiración para distribuir y comercializar drogas en territorio estadounidense, representaría un escalamiento significativo en la incriminación de Rocha Moya. Aunque la comunicación no especifica un plazo para la presentación formal de los cargos, su concreción pondría en una posición extremadamente delicada a los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, quienes, según el análisis, habrían orquestado una red de impunidad para proteger al gobernador sinaloense.

El asesinato de Héctor Melesio Cuén ocurrió en un contexto de alta tensión política y criminal. El mismo día de su muerte, un comando estadounidense logró la captura de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo" Guzmán, quienes fueron entregados a las autoridades en Texas. Según las versiones, Cuén se encontraba en una reunión en una finca en Culiacán, a petición de Guzmán, con la mediación de Zambada, para resolver un conflicto por el control de la Universidad de Sinaloa. La narrativa sugiere una traición de Guzmán López hacia Zambada, su padrino.

La reunión, programada para el 25 de julio de 2024 en la finca "La Higuerita", en un fraccionamiento de Culiacán, se vio interrumpida por la intervención de un comando estadounidense. La nueva información detalla que Zambada llegó al lugar acompañado de cuatro escoltas, mientras sus hombres y los de los demás permanecían a distancia. El comando estadounidense irrumpió en la propiedad, neutralizó a los guardaespaldas de Zambada y procedió a su captura junto con Guzmán López, trasladándolos a la casa de una hija de "El Mayo" Zambada, donde abordaron un avión Beechcraft King Air con matrícula alterada para ser llevados a Estados Unidos.

En medio de este operativo, Cuén resultó herido de bala en una pierna. Según esta versión, fue subido a uno de los vehículos que acompañaban a Rocha Moya. El gobernador, sin embargo, ha negado consistentemente su presencia en la reunión, argumentando que ese día viajó a Los Ángeles en un avión prestado por el empresario Jesús Vizcarra. Se ha reportado previamente que su familia y allegados viajaron con él, y que su teléfono celular fue manipulado para simular su ausencia en el encuentro.

La investigación inicial de la fiscalía de Sinaloa concluyó que Cuén fue víctima de un intento de robo en una gasolinera. No obstante, la fiscalía general de Alejandro Gertz Manero desmintió esta versión, afirmando que el crimen ocurrió en "La Higuerita". La autoría de la falsificación de la investigación se atribuye a Claudia Zulema Sánchez, actual fiscal de Sinaloa, bajo las órdenes de su entonces superior, Sara Bruna Quiñónez, sin que ninguna de ellas enfrentara consecuencias legales por ello.

Este encubrimiento, sumado a la fabricación de una narrativa falsa sobre el asesinato de Cuén, fortalece indirectamente las acusaciones que el Departamento de Justicia de EU prepara contra Rocha Moya. Previamente, ya había sido imputado junto a otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntamente facilitar las operaciones del Cártel de Sinaloa, particularmente de "Los Chapitos", a cambio de apoyo financiero y logístico para intimidar y secuestrar a candidatos opositores en las elecciones de 2021, lo que le habría permitido asegurar la gubernatura.

Las acusaciones contra Rocha Moya han cobrado un nuevo impulso en las últimas semanas. Se ha informado que Jay Clayton, exfiscal de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, donde se formularon las imputaciones originales, está considerando retomar estos casos desde su nuevo cargo como director de Inteligencia Nacional en la Casa Blanca. Desde esta posición, Clayton tiene acceso a toda la información de inteligencia civil y militar de Estados Unidos, lo que le permite asesorar al presidente y formular recomendaciones de política.

El caso de "El Mayo" Zambada y Rubén Rocha Moya ha vuelto a captar la atención de Estados Unidos. En diversas reuniones bilaterales, funcionarios estadounidenses han abordado el tema con sus contrapartes mexicanas, aunque sin revelar detalles precisos de sus investigaciones. Sin embargo, la información compartida ha sido suficiente para generar una alerta significativa en Palacio Nacional.

La protección que Andrés Manuel López Obrador brindó a Rocha Moya se explica, según fuentes de inteligencia mexicanas, por su rol como enlace con "El Mayo" Zambada, con quien se habrían negociado posiciones electorales. La protección de Claudia Sheinbaum, en cambio, resulta inexplicable y ha generado malestar, aunque aún no se ha traducido en una decisión política firme respecto al gobernador.

El contexto de la inseguridad en Sinaloa y la presunta vinculación de autoridades con el crimen organizado no es nuevo. Históricamente, la región ha sido un bastión del narcotráfico, y las acusaciones contra Rocha Moya se insertan en un patrón de señalamientos sobre la infiltración del crimen en las estructuras de poder político.

Las implicaciones de estas nuevas acusaciones van más allá de Rocha Moya. De confirmarse, podrían reabrir el debate sobre la efectividad de las políticas de seguridad implementadas durante el sexenio de López Obrador y la administración actual de Sheinbaum, así como la supuesta red de complicidades que habría permitido la operación de cárteles.

La postura de Estados Unidos, a través de su Departamento de Justicia y la Dirección de Inteligencia Nacional, subraya la preocupación de Washington por la influencia del crimen organizado en la política mexicana y sus repercusiones en la seguridad regional.

El futuro político de Rocha Moya pende de un hilo, y la respuesta de las autoridades mexicanas ante la presión estadounidense será crucial para determinar el curso de este caso y sus posibles repercusiones en la esfera política nacional.

La falta de transparencia y las presuntas acciones de encubrimiento por parte de las fiscalías locales y federales en el pasado, como se evidencia en el caso del asesinato de Cuén, plantean serias dudas sobre la autonomía y la integridad del sistema de justicia en México.

El caso Rocha Moya se suma a una serie de escándalos que han marcado la administración actual, poniendo en entredicho la narrativa oficial sobre la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

La comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, seguirá de cerca el desarrollo de este caso, cuyas ramificaciones podrían tener un impacto significativo en las relaciones bilaterales y en la percepción de la gobernanza en México.