El panorama para las estaciones de servicio en México se torna cada vez más complejo. A partir de finales de octubre, los empresarios gasolineros deberán prepararse para una transformación radical en sus sistemas de cobro y facturación, impulsada por la obligatoriedad de eliminar los pagos en efectivo y adoptar de manera exclusiva las transacciones electrónicas. Esta medida, parte de la nueva Ley de Economía Digital, no solo implica un cambio en la metodología de cobro, sino que también exige inversiones significativas en infraestructura tecnológica, ciberseguridad y sistemas de facturación electrónica.
La transición hacia un modelo de pagos digitales presenta un abanico de desafíos que varían considerablemente según la ubicación y el tamaño de cada establecimiento. Mientras que las gasolineras ubicadas en zonas urbanas o en carreteras de alto tránsito cuentan con mejores condiciones para implementar estos sistemas, las estaciones de servicio en áreas rurales enfrentan obstáculos considerables, como la limitada conectividad a internet y la persistencia de hábitos de consumo arraigados en el uso del efectivo.
El Imperativo de la Digitalización
La Ley de Economía Digital, una vez promulgada y publicada en el Diario Oficial de la Federación, establecerá de manera formal la prohibición de recibir pagos en efectivo por la venta de combustibles. Las estaciones de servicio deberán, por ende, aceptar exclusivamente medios electrónicos, tales como tarjetas bancarias, Dimo o Codi. Si bien la aplicación de esta norma no será inmediata y se definirá un calendario de implementación, el objetivo subyacente es claro: dotar de mayor certeza sobre el origen de los combustibles y los recursos financieros que circulan en el sector, al tiempo que se facilita la trazabilidad de todas las operaciones comerciales.
Datos del Banco de México (Banxico) revelan que, en 2025, un 7% de los más de 11 mil millones de pagos realizados con tarjeta de crédito y débito se efectuaron en gasolineras. Sin embargo, el efectivo sigue siendo el método de pago predominante para transacciones menores a 500 pesos, utilizado por el 95% de la población objetivo, debido a su practicidad, facilidad, rapidez, aceptación generalizada y una percibida mayor seguridad. Por lo tanto, la expansión del esquema de pagos digitales a todas las estaciones del país requerirá un fortalecimiento sustancial de una infraestructura que, hasta ahora, no se encuentra uniformemente preparada.
Ricardo Quiroz, presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio (Ampes), enfatizó la necesidad de estas inversiones. "Sí tendrán que hacer inversiones o reforzamientos porque se va a tener un escalamiento de equipos de cobro en las estaciones, también en ciberseguridad, en temas de facturación electrónica. Definitivamente tendrá que hacerse un robustecimiento de la infraestructura propia de la estación de servicio para recibir una cantidad mayor de pagos electrónicos", declaró a Expansión.
La inversión necesaria no se limitará a la adquisición de terminales de punto de venta. Los establecimientos deberán garantizar que sus conexiones a internet sean lo suficientemente robustas para procesar transacciones de manera fluida, mantener sus sistemas operativos actualizados y seguros, y proteger la privacidad de los datos de sus clientes. Adicionalmente, se requerirán ajustes significativos en los procesos de facturación y administración para registrar de manera precisa el creciente volumen de operaciones electrónicas.
Obstáculos en Zonas Rurales y Factores Culturales
La viabilidad de adoptar estos nuevos sistemas de pago dependerá, en gran medida, de la infraestructura tecnológica disponible en cada región. En localidades remotas, donde el acceso a servicios de internet confiables es un lujo, la obligación de operar exclusivamente con medios digitales planteará el desafío primordial de resolver las deficiencias en conectividad.
Quiroz señaló que, a pesar de la diversidad de métodos de pago que las estaciones de servicio ya aceptan, el efectivo sigue desempeñando un papel crucial en sus operaciones diarias. "Las estaciones de manera histórica manejan mucho flujo de efectivo, a pesar de que hay muchas alternativas y muchos medios de pago que reciben las estaciones de servicio, en muchas la mayoría de los pagos todavía son en efectivo. Ni hablar de las estaciones rurales que no tienen acceso a la infraestructura de internet es más complicado", explicó.
Además de las barreras tecnológicas, existen factores culturales que podrían complicar la transición. Sectores como el agrícola y el rural, donde los trabajadores a menudo acumulan los ingresos semanales para adquirir diésel para sus tractores y herramientas, realizan estas compras frecuentemente en efectivo. Adaptar estas dinámicas a un esquema de pagos digitales requerirá no solo que los establecimientos cuenten con el equipo necesario, sino también que sus clientes tengan acceso y se sientan cómodos utilizando medios de pago electrónicos.
En contraste, las estaciones ubicadas en entornos urbanos o en carreteras con alto volumen de tráfico, donde la conectividad a internet es más estable y el uso de tarjetas de crédito y débito está más extendido, podrían experimentar una adaptación menos problemática desde el punto de vista operativo.
La Incertidumbre de las Comisiones Bancarias
Sumado a los retos de la digitalización, el costo de procesar estas transacciones electrónicas añade una capa de incertidumbre. Las condiciones que los bancos y las empresas emisoras de vales ofrezcan a las estaciones de servicio por el procesamiento de pagos serán determinantes. Como parte de las medidas implementadas para mitigar la volatilidad en los precios de los combustibles, el sector bancario y las empresas de vales habían acordado suspender el cobro de comisiones por transacciones con tarjeta asociadas a la compra de energéticos.
Este acuerdo, diseñado para apoyar a los gasolineros en el cumplimiento de los topes de precios establecidos para la gasolina regular y el diésel, tenía como fecha límite para su conclusión el 31 de octubre. Hasta el momento, no se ha emitido una comunicación oficial sobre la extensión de esta suspensión o su conclusión definitiva. Esta decisión tendrá un impacto directo en los costos operativos de las estaciones, justo en el momento en que se preparan para gestionar un volumen significativamente mayor de pagos electrónicos.
Las comisiones bancarias y de las emisoras de vales, que pueden oscilar entre el 1.9% y el 3.5% del valor de la transacción, representan un factor de presión adicional sobre los márgenes de ganancia de las gasolineras, que ya se encuentran bajo escrutinio debido a las políticas de precios de los combustibles. La falta de claridad sobre la continuidad de la exención de estas comisiones genera un ambiente de incertidumbre que dificulta la planificación financiera y operativa del sector.
En este contexto, la industria gasolinera se encuentra en una encrucijada, obligada a invertir en tecnología y a adaptarse a nuevas regulaciones, mientras lidia con la posibilidad de un incremento en sus costos operativos debido al regreso de las comisiones bancarias. La capacidad de adaptación y la resiliencia del sector serán puestas a prueba en los próximos meses.