El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha emitido un enérgico deslinde de la firma GMA Firma Jurídica y Fiscal, despacho que pertenece a su padre y medio hermano. La controversia surge tras revelarse que esta firma recibió más de 15 millones de pesos por servicios profesionales de Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V., una empresa que actualmente enfrenta una investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) bajo sospechas de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En un video difundido a través de sus redes sociales, García Sepúlveda rechazó categóricamente cualquier facturación o vínculo directo con la mencionada compañía. El mandatario calificó de "mentira" y "exorbitante" la información publicada por algunos medios, particularmente haciendo referencia a una portada del periódico El Norte. "Niego categóricamente", afirmó con contundencia, subrayando su total desconocimiento y desvinculación con las operaciones de GMA Firma Jurídica y Fiscal en este caso específico.
Negativa rotunda y defensa legal
Samuel García aseguró haber consultado el asunto tras conocer las publicaciones y se le informó que los servicios prestados por el despacho familiar se remontan a cinco años atrás. Según su versión, dichos servicios se realizaron en estricto apego a la Ley de Ingresos de la Federación, específicamente en lo referente a estímulos fiscales. "Es un servicio de hace cinco años, se dio conforme la Ley de Ingresos de la Federación", declaró, intentando así legitimar las operaciones de la firma.
El gobernador detalló que la legislación fiscal contempla diversos mecanismos para acreditar impuestos, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), y que estos estímulos son aplicables a diferentes tipos de contribuyentes, incluyendo gasolineras y transportistas. García Sepúlveda añadió que, según la información que le fue proporcionada, el servicio en cuestión ya habría sido resuelto y soportado legalmente en instancias judiciales, lo que, en su opinión, valida su legalidad.
Además, el mandatario aclaró que el servicio no fue contratado directamente por el empresario Jesús Ricardo Puente Díaz, accionista y apoderado de Maquiladora de Lubricantes, sino a través de un despacho contable externo. Esta distinción busca, aparentemente, diluir la conexión directa entre la empresa investigada y la firma familiar.
El rastro de los 15 millones de pesos
Documentos y facturas citadas por el diario Reforma revelan que GMA Firma Jurídica y Fiscal emitió ocho comprobantes fiscales entre noviembre de 2021 y marzo de 2022. Estos documentos detallan pagos por concepto de "honorarios por servicios profesionales" que, en suma, alcanzan la cifra de 15 millones 59 mil 957 pesos. Las facturas, según los registros consultados, fueron identificadas como vigentes y reflejan que Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V. se posicionó como uno de los clientes más importantes del despacho durante el periodo 2021-2026, representando su sexto mayor ingreso.
La investigación de la FGR contra Maquiladora de Lubricantes S.A. de C.V. se centra en presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Las sospechas apuntan a un posible esquema de lavado de activos derivado de delitos relacionados con el sector de hidrocarburos. La FGR ha identificado a Jesús Ricardo Puente Díaz como un "petrofacturero" clave en esta red.
Contexto de la investigación federal
Jesús Ricardo Puente Díaz fue detenido el 28 de mayo de 2026 en Nuevo León y posteriormente vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La carpeta de investigación federal, identificada con el número FED/SEIDO/UEIARVTAMP/0000308/2021, y la causa penal 123/2026, radicada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, son los expedientes que sustentan el escrutinio sobre esta red.
La vinculación de la firma familiar de Samuel García con una empresa bajo investigación federal por lavado de dinero y delincuencia organizada, sin importar el grado de deslinde o la temporalidad de los servicios, inevitablemente arroja una sombra de duda sobre la integridad de las operaciones del despacho. El hecho de que una firma vinculada al círculo más cercano del gobernador reciba sumas millonarias de una entidad bajo sospecha de actividades ilícitas, plantea serias interrogantes sobre la diligencia y la transparencia en la gestión de los negocios familiares, incluso si estos ocurrieron antes de su actual cargo público.
Históricamente, los escándalos de corrupción y lavado de dinero han erosionado la confianza pública en las instituciones y en los funcionarios. La percepción de que los recursos públicos o las facilidades legales podrían ser utilizadas para encubrir actividades ilícitas, o que los lazos familiares puedan ser un vehículo para obtener beneficios indebidos, es particularmente perjudicial para la imagen de un gobierno que aspira a la legitimidad y la transparencia. La defensa de García Sepúlveda, centrada en la legalidad de los servicios y la distancia temporal, podría no ser suficiente para disipar las preocupaciones sobre la ética y la posible complicidad indirecta.
Las implicaciones políticas de este caso son significativas. Movimiento Ciudadano, el partido que postula a Samuel García, ha intentado proyectar una imagen de renovación y distancia de las prácticas políticas tradicionales. Sin embargo, este tipo de señalamientos, incluso si se refieren a actividades pasadas y ajenas a su gestión actual, pueden ser capitalizados por sus adversarios políticos para cuestionar su integridad y la de su partido. La FGR, al investigar a Maquiladora de Lubricantes y, por extensión, a las firmas que con ella hicieron negocios, está ejerciendo su mandato, pero la temporalidad de la investigación y la conexión con el entorno familiar del gobernador podrían ser interpretadas como un ataque político, o bien, como una señal de que ninguna figura pública está exenta de escrutinio.
El deslinde del gobernador es un primer paso, pero la FGR continuará con su investigación. La forma en que se desarrollen los procesos legales y la transparencia con la que se maneje la información serán cruciales para determinar el impacto final de este caso en la carrera política de Samuel García y en la percepción pública de Movimiento Ciudadano. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones contundentes que demuestren un compromiso real con la legalidad y la erradicación de la corrupción, sin importar los vínculos familiares o políticos.