La recién asumida presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha dado un giro drástico en la política de seguridad de la nación andina, anunciando que su gobierno implementará una estrategia de "mano dura" que incluirá el despliegue de las fuerzas armadas para recuperar el "control interno" en áreas consideradas de alta criminalidad. Esta medida, presentada como la primera acción significativa de su mandato, ha generado una fuerte reacción en la sociedad peruana, evidenciada por las protestas que congregaron a cientos de personas en la capital, Lima.

Las manifestaciones, según reportes, reflejan un profundo y arraigado rechazo histórico hacia el fujimorismo, la corriente política liderada por la propia Fujimori y que tuvo a su padre, Alberto Fujimori, como presidente. Además, las demandas de justicia por las muertes ocurridas durante protestas pasadas en el país han avivado el descontento y la oposición al nuevo régimen.

Contexto de Inseguridad y Criminalidad

Perú ha enfrentado en los últimos años un persistente desafío en materia de seguridad. El crimen organizado, la minería ilegal, el narcotráfico y la delincuencia común han permeado diversas regiones, generando una percepción de inseguridad entre la ciudadanía. Diversos gobiernos han intentado abordar esta problemática con enfoques variados, desde el fortalecimiento policial hasta medidas más punitivas, pero los resultados han sido mixtos y la complejidad del fenómeno ha dificultado soluciones definitivas.

La decisión de Fujimori de recurrir a las fuerzas armadas para tareas de seguridad interna no es inédita en la historia reciente de Perú. En contextos de crisis o alta criminalidad, se ha recurrido a la participación militar, a menudo generando debate sobre los límites de su actuación y el respeto a los derechos humanos. La experiencia previa en otros países latinoamericanos, donde el uso de militares en tareas de seguridad ha sido criticado por su potencial para escalar la violencia y erosionar las libertades civiles, añade una capa de preocupación a esta nueva política.

El Legado del Fujimorismo y la Reacción Social

El fujimorismo evoca un pasado complejo en Perú. Si bien durante el gobierno de Alberto Fujimori se implementaron políticas de shock económico y se combatió con mano dura a grupos subversivos como Sendero Luminoso, su mandato también estuvo marcado por escándalos de corrupción, violaciones a los derechos humanos y un quiebre democrático. Este legado histórico genera una desconfianza latente en amplios sectores de la sociedad peruana ante cualquier intento de reeditar un estilo de gobierno similar.

Las protestas en Lima son un claro reflejo de esta memoria colectiva. Los manifestantes expresan su temor a que la "mano dura" anunciada por Fujimori pueda derivar en un autoritarismo que sacrifique las garantías democráticas y los derechos fundamentales en aras de la seguridad. Las demandas de justicia por las víctimas de la represión en protestas anteriores subrayan la urgencia de un enfoque que priorice la rendición de cuentas y el respeto a la vida.

Implicaciones y Desafíos Futuros

La estrategia de "control interno" con militares podría tener diversas implicaciones. Por un lado, podría generar una reducción temporal de la criminalidad en las zonas intervenidas, lo cual podría ser percibido positivamente por una parte de la población que clama por orden. Sin embargo, también existe el riesgo de que la militarización de la seguridad exacerbe la violencia, genere abusos contra la población civil y desvíe la atención de las causas estructurales de la delincuencia, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.

El gobierno de Keiko Fujimori enfrenta el reto de equilibrar la demanda ciudadana de seguridad con la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La forma en que se implemente el despliegue militar, los protocolos de actuación, la supervisión y la rendición de cuentas serán cruciales para determinar si esta medida contribuye a una solución sostenible o si, por el contrario, agrava los problemas existentes y genera nuevas tensiones sociales.

La comunidad internacional, así como organizaciones de derechos humanos, estarán observando de cerca el desarrollo de esta política. La historia reciente de América Latina ha demostrado que las soluciones de seguridad que no respetan el estado de derecho y los derechos fundamentales suelen ser efímeras y costosas en términos humanos y sociales. El desafío para Fujimori será demostrar que su "mano dura" puede coexistir con la democracia y la justicia.

En este contexto, la oposición política y la sociedad civil organizada tienen un papel fundamental en vigilar las acciones del gobierno, exigir transparencia y defender los principios democráticos. La capacidad de Perú para navegar esta coyuntura dependerá en gran medida de la fortaleza de sus instituciones, la movilización ciudadana y la voluntad política de construir un país más seguro y justo para todos sus habitantes, sin sacrificar las libertades que tanto costó reconquistar.

La estrategia anunciada por Fujimori marca el inicio de un periodo de incertidumbre y expectación en Perú. Las próximas semanas y meses serán determinantes para evaluar el impacto real de su política de seguridad y su compromiso con los valores democráticos.