La actuación del personal adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) ha generado un preocupante cúmulo de 178 quejas en apenas seis meses, un periodo que abarca de noviembre de 2025 a mayo de 2026. El panorama se agrava al constatar que la vasta mayoría de estas denuncias, superando el 83 por ciento, continúan sin una resolución definitiva, según se desprende del Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, documento que fue formalmente entregado a la Comisión Permanente del Congreso.

REZAGO EN LA JUSTICIA MILITAR

El desglose de las cifras revela una distribución casi equitativa en la acumulación de quejas. La Sedena, por su parte, registró un total de 94 denuncias. De este universo, únicamente 14 han sido concluidas, dejando a 80 expedientes en un limbo administrativo y legal. Paralelamente, la Semar no se queda atrás, sumando 84 quejas en el mismo lapso. De estas, solo 16 han sido resueltas, mientras que 68 siguen en proceso de gestión, lo que dibuja un escenario de ineficiencia y lentitud en los mecanismos de rendición de cuentas de ambas instituciones.

La cifra global de 148 quejas sin resolver subraya una falla sistémica en la atención y resolución de las presuntas irregularidades cometidas por elementos castrenses y navales. Este porcentaje, que supera con creces la mitad de las denuncias presentadas, pone en entredicho la efectividad de los protocolos internos y la voluntad de las cúpulas militares y navales para sancionar o aclarar las conductas indebidas de sus subordinados.

LA CNDH, UN ACTOR PUNTUAL

En lo que respecta a la Sedena, el informe detalla un dato particularmente llamativo: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no emitió ninguna recomendación en contra de la dependencia durante el semestre analizado. Este hecho, si bien podría interpretarse como una ausencia de violaciones graves a derechos humanos, también puede ser visto como una falta de escrutinio por parte del organismo garante, o bien, como una señal de que las quejas presentadas no alcanzaron el umbral para generar una recomendación formal.

Por otro lado, la Semar sí fue objeto de escrutinio por parte de la CNDH, la cual emitió ocho recomendaciones. Sin embargo, la respuesta de la dependencia naval fue mixta: cuatro fueron aceptadas, tres rechazadas y una se encontraba aún bajo análisis. Esta disparidad en la aceptación de recomendaciones sugiere una política diferenciada en la atención a las observaciones de derechos humanos, o bien, una resistencia selectiva a las mismas.

MARCO LEGAL Y MECANISMOS DE DENUNCIA

El informe presentado al Congreso forma parte de la obligación de rendición de cuentas sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, un rol que ha sido ampliado y consolidado en los últimos años. Estas acciones buscan dar seguimiento a las quejas por presuntas irregularidades o posibles violaciones a derechos humanos atribuidas a personal militar y naval, un tema sensible en un contexto de creciente militarización de la seguridad.

Para la ciudadanía que enfrenta situaciones de presuntas violaciones a derechos humanos por parte de elementos de la Sedena o Semar, la vía principal es la presentación de una queja ante la CNDH. Este organismo ofrece diversas modalidades para interponer denuncias, ya sea de forma presencial, en línea, por teléfono o correo electrónico, buscando facilitar el acceso a la justicia.

No obstante, cuando las irregularidades se enmarcan en faltas administrativas o incumplimientos en el desempeño de servidores públicos, las denuncias pueden dirigirse a los Órganos Internos de Control (OIC) de cada secretaría. Estos órganos actúan como instancias de fiscalización interna, encargadas de investigar posibles responsabilidades administrativas y de promover la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las propias dependencias.

La Semar, en particular, cuenta con un procedimiento establecido para la recepción y atención de quejas y denuncias, así como con un protocolo específico para abordar posibles incumplimientos al Código de Ética de su personal. Adicionalmente, mantiene un canal de denuncia ciudadana enfocado en asuntos relacionados con la Autoridad Marítima Nacional, buscando así abarcar un espectro más amplio de posibles irregularidades.

En el caso de la Sedena, el procedimiento institucional contempla que las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, una vez canalizadas a través de la CNDH, puedan derivar, si la situación lo amerita, en la intervención de la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Este órgano, que opera como el equivalente a un órgano interno de control, tiene la facultad de investigar posibles responsabilidades administrativas y de aplicar las sanciones correspondientes, siempre dentro del marco normativo militar.

IMPLICACIONES Y CONTEXTO

La acumulación de quejas sin resolver por parte de la Sedena y Semar no es un fenómeno aislado, sino que se enmarca en un debate más amplio sobre el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y su relación con los derechos humanos. Históricamente, la participación militar en labores civiles ha generado tensiones y preocupaciones sobre la rendición de cuentas y la transparencia.

Analistas en materia de seguridad y derechos humanos señalan que la lentitud en la resolución de quejas puede generar un clima de impunidad, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. La falta de sanciones claras y oportunas puede, además, enviar un mensaje equivocado al interior de las corporaciones, normalizando conductas que contravienen los principios del Estado de Derecho.

La situación actual, donde una gran cantidad de denuncias permanecen en el limbo, exige una revisión profunda de los mecanismos de control interno y de la coordinación con organismos externos como la CNDH. Es fundamental que las Fuerzas Armadas, en su rol de garantes de la seguridad nacional, demuestren un compromiso inequívoco con la justicia y los derechos humanos, asegurando que cada queja sea atendida con la debida diligencia y que las responsabilidades sean fincadas cuando corresponda.

El informe presentado al Congreso es un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control sobre las Fuerzas Armadas, especialmente en un contexto donde su presencia en la vida civil es cada vez mayor. La transparencia y la rendición de cuentas no son solo requisitos legales, sino pilares fundamentales para la consolidación de un Estado democrático y de derecho.