El Fiscal General de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha lanzado una declaración que raya en la burla hacia la búsqueda de justicia en el brutal asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. En una conferencia de prensa, Torres Piña calificó como "irrelevante" la entrega del teléfono celular del extinto edil por parte de su viuda, la actual alcaldesa Grecia Quiroz, sugiriendo que la investigación ha avanzado lo suficiente sin necesidad de dicho dispositivo.

Esta postura no solo minimiza la importancia de la evidencia digital, sino que también genera serias dudas sobre el compromiso real de la Fiscalía para esclarecer un crimen que conmocionó al estado y que involucra a elementos policiales y presuntos sicarios. La declaración de Torres Piña parece un intento por cerrar un capítulo polémico, pero en lugar de ofrecer tranquilidad, siembra más desconfianza.

El teléfono de Carlos Manzo ha sido un punto de fricción desde el asesinato del alcalde el 1 de noviembre de 2025. La Fiscalía solicitó el dispositivo en diciembre y enero, buscando posibles amenazas o información relevante para la investigación. Sin embargo, la viuda, ahora alcaldesa Grecia Quiroz, ha puesto condiciones para su entrega, argumentando desconfianza en el manejo de la evidencia y solicitando que la revisión se haga en su presencia para evitar manipulaciones.

"No es un tema de que yo esté negada a que tengan la información, ustedes saben cómo se manejan las fiscalías y yo se lo dije al fiscal en su momento, que el celular ahí estaba, pero que en mi presencia yo permitía que viera lo que quisiera, en mi presencia, y lo sigo reiterando", declaró Quiroz, evidenciando una brecha de comunicación y desconfianza con la autoridad.

Torres Piña, al desestimar la relevancia del celular, parece ignorar que este tipo de dispositivos son una mina de oro de información: geolocalizaciones, mensajes, llamadas, metadatos, todo lo cual podría arrojar luz sobre los autores intelectuales y materiales del crimen, así como sobre las posibles motivaciones detrás del ataque.

La Fiscalía presume de haber fortalecido la investigación con la detención de 23 personas, incluyendo policías, vinculadas al homicidio. Si bien estas detenciones son un paso, la negativa a explorar todas las vías de evidencia, como el contenido del teléfono de Manzo, deja la puerta abierta a especulaciones y a la sensación de que la investigación podría estar incompleta o, peor aún, ser selectiva.

El asesinato de Carlos Manzo, ocurrido durante un evento público, fue un acto de violencia audaz que evidenció la penetración del crimen organizado en las estructuras de poder local. La posterior designación de su viuda, Grecia Quiroz, como alcaldesa, añadió una capa de complejidad política y emocional al caso.

La postura de la Fiscalía, al declarar "irrelevante" el celular, podría interpretarse como un intento de proteger a ciertos actores o de cerrar el caso con las detenciones actuales, sin ahondar en las ramificaciones más profundas del crimen. Esta actitud es inaceptable cuando se trata de un homicidio de alto perfil que exige la máxima diligencia y transparencia.

La insistencia de Grecia Quiroz en supervisar la revisión del teléfono, aunque pueda parecer una medida de precaución extrema, subraya la profunda desconfianza que existe hacia las instituciones encargadas de impartir justicia en Michoacán. Esta desconfianza no es infundada, dado el historial de impunidad y la percepción de corrupción que a menudo rodea a las investigaciones.

El hermano del extinto alcalde, Juan Manzo, también ha expresado su preocupación y ha señalado la renuencia de Quiroz a entregar el celular. Sin embargo, su propia postura ha sido ambigua, y en ocasiones ha criticado a la alcaldesa, lo que añade más confusión al panorama.

La declaración del Fiscal Torres Piña es un llamado de atención sobre la fragilidad del sistema de justicia en Michoacán. En lugar de minimizar la evidencia, debería estar impulsando todas las líneas de investigación con el máximo rigor. La seguridad y la justicia no son "irrelevantes"; son la base de un estado de derecho.

La ciudadanía espera respuestas claras y contundentes, no declaraciones que parezcan encubrir o simplificar un crimen que aún tiene cabos sueltos. La Fiscalía tiene la obligación de agotar todas las instancias para llevar a los responsables ante la justicia, y eso incluye la revisión exhaustiva de toda la evidencia disponible, por muy incómoda que sea.

El legado de Carlos Manzo merece una investigación completa y honesta. La actitud de la Fiscalía de Michoacán, al declarar "irrelevante" una pieza clave de evidencia, envía un mensaje desalentador a las familias de las víctimas y a la sociedad en general: la justicia, en Michoacán, parece ser un asunto secundario.

Es imperativo que la Fiscalía reconsidere su postura y aborde la investigación del asesinato de Carlos Manzo con la seriedad y el profesionalismo que el caso demanda. La entrega y análisis del teléfono celular no es un capricho, es un paso fundamental hacia la verdad y la justicia.